El deportivo Chactemal, en la capital del estado, es una de las obras que quedaron inconclusas en la pasada administración
El gobierno actual tuvo que regresar dinero a la federación por no cumplir con
el plazo de ejecución.
En la administración de Roberto Borge, cada peso que entraba a la bolsa del estado corría el riesgo de ser “absorbido y desaparecer” en la gran aspiradora de recursos que era la Secretaría de Finanzas y Planeación. Eso sucedió con los recursos del Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje o con las contraprestaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, pero también hubo obras inconclusas, con sobrecosto e inexistentes, que van sumando en la calculadora de irregularidades que hasta hoy suma 16,000 millones de pesos. Aquí la cuarta entrega de la serie de trabajos sobre el mapa de corrupción en Quintana Roo.
Por Mariel Ibarra
Diseño: Oscar Obregón
Video: Diego Macias
Dos semanas antes de terminar su administración, el exgobernador Roberto Borge arribó al monumental Auditorio del Bienestar para cortar el listón, develar una placa y dar por inaugurada una obra emblemática de su administración, pero que hoy muchos conocen como el “monumento a la corrupción”.
Ese día, en el que veteranos del América y el Cruz Azul dieron un juego de exhibición para arrancar actividades, Borge se dijo contento de inaugurarlo con todas las medidas de seguridad a pesar de las “especulaciones malintencionadas” que algunas personas habían hecho del inmueble. Ese 14 de septiembre del 2016 fue la primera y única vez que el auditorio fue utilizado.
Casi un año después, los resultados de un peritaje de protección civil le dan el tiro de gracia: el edificio con capacidad para 12,000 personas —mayor que el Auditorio Nacional— no cuenta con elementos ni mecanismos suficientes para garantizar la seguridad de la gente al interior del recinto, por lo que no puede ser usado para actos masivos.
El inmueble, que tuvo un costo de 244 millones de pesos, no cuenta con licencias en materia ambiental ni de construcción y tampoco con anuencias de Protección Civil estatal ni municipal, según ha informado la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes).
Además de esto, el estacionamiento es insuficiente para el aforo proyectado y el estacionamiento más cercano está a 500 metros, por lo que los visitantes tendrían que caminar mucho para llegar.
En la administración borgista quedaron incompletas diversas obras en la entidad
A Roberto Borge y sus funcionarios se les olvidó que el edificio, que en teoría albergaría conciertos y eventos deportivos masivos, está ubicado en el Caribe, donde la humedad y las altas temperaturas son la constante. El auditorio no cuenta con un sistema de aire acondicionado, lo que lo hace inoperante por el aforo de personas proyectado.
Las irregularidades no paran ahí. Al llegar la nueva administración y revisar el inmueble se encontró un sobrecosto de 60 millones de pesos en su construcción.
El inmueble se construyó con recursos de origen federal, por lo que la Secoes presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), una por el sobrecosto y otra por la mala planeación y ejecución de la obra.
Rafael del Pozo señala que las denuncias ante la PGR se hicieron por el monto total de la obra y aseguró que los funcionarios involucrados sabían de su responsabilidad y que lo que estaban haciendo estaba mal porque no cumplia con las normas; entonces, son responsables por acción o por omisión.
Segunda entrega: El programa fachada de Roberto Borge para desviar recursos del campo
Para la actual administración, esta es una obra cara que, para que tenga funcionalidad, se le deben invertir mayores recursos, lo que por ahora no está en las prioridades presupuestarias. Una posibilidad que se analiza para dar utilidad a este “elefante blanco” es convertirlo en C5 que sirva para monitorear las calles de la región. Nada está decidido.
Pero esta no es la única obra con irregularidades que se encontró durante la administración de Roberto Borge. Las cuentas que no cuadran en la Sintra suman más de 1,500 mdp, con obras inexistentes, incompletas y con sobrecosto, así como comprobación de gastos con facturas de renta de maquinaria por 700 mdp de la que no se encuentra evidencia de que haya prestado el servicio.
Por ello, hay varios exfuncionarios siendo investigados. La Contraloría del estado presentó denuncias por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones contra su extitular, Fernando Escamilla, y los subsecretarios.
Tal es el caso de la Unidad Deportiva Chactemal, que también se anunció como una obra única en su género en la entidad y que traería bienestar a la juventud de la capital del estado, pero que quedó inconclusa.
Pero nuevamente, esto no se cumplió. La empresa Malibrán SA de CV, a la cual se le adjudicó el contrato por un monto de 59.3 millones de pesos, incumpió con los tiempos establecidos para la conclusión de los trabajos y las obras quedaron a medias.
En un recorrido por el lugar el pasado julio, se constató que las obras están abandonadas: a la pista de atletismo y al campo de futbol que apenas están trazados ya les creció hierba, mientras las canchas de futbol siete, las gradas y los sanitarios se quedaron a medio construir.
De acuerdo con el titular de la Sintra, a pesar de que se le había entregado anticipos a la empresa para arrancar las obras, éstas tenían un gran retraso, por lo que se decidió revocar el contrato e iniciar con un proceso administrativo para cobrar una fianza a la firma por su incumplimiento de plazo.
En diciembre, el gobierno del estado tuvo que restituir 24 millones de pesos a la Tesorería de Federación (Tesofe), debido a que no se pudo cumplir con el plazo de ejecución de la obra que era financiada con recursos federales. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se etiquetaron para su construcción 60 millones de pesos.
¿En dónde se ponga el ojo se pueden encontrar irregularidades?, se le pregunta entrevista a Rafael Del Pozo.
“Sí, algunas son muy evidentes, otras han sido denunciadas por los ciudadanos de Quintana Roo, como el caso del Auditorio del Bienestar, y otras irregularidades han sido encontradas en los procesos de auditoría”, responde.
El deportivo Chactemal, en la capital del estado, es una de las obras que quedaron inconclusas en la pasada administración
El gobierno actual tuvo que regresar dinero a la federación por no cumplir con
el plazo de ejecución.
Entre las obras inexistentes destacan los caminos saca cosechas a los que se les destinaron alrededor de 100 millones de pesos para su realización en comunidades de alto índice de pobreza.
De acuerdo con la asociación civil de Quintana Roo Somos Tus Ojos, cinco de estas obras fueron adjudicadas a las empresas Edificación y Señalización del Sureste SA de CV, Trabajamos Bien SA de CV y Cup del Sureste SA de CV; no obstante, en revisiones realizadas por las autoridades del estado e incluso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no se encontraron las obras.
Debido a esto, en la Cuenta Pública 2015, la ASF estableció un pliego de responsabilidades por un posible perjuicio a la hacienda pública por 9 millones de pesos.
Estas empresas, que tienen sede en Quintana Roo, fueron constituidas por Fernando Villanueva Sauri y Rafael Manuel Ponce Pacheco, pero estas personas no son sólo empresarios, ambos son exfuncionarios públicos municipales en la entidad.
Ponce Pacheco fue fue titular de la Tesorería de Benito Juárez, cargo que desempeñó del 2013 a septiembre de 2016. En tanto que Villanueva Sauri —hijo de la exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri— fue director de Asuntos Jurídicos del municipio de Cozumel, en el mismo periodo.
La empresa fue dada de alta en el 2012 en Playa del Carmen por Villanueva Sauri y Raymundo Cámara.
En 2016 se liquidó la sociedad de acuerdo con el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.
En 2016 esta sociedad también se liquidó de acuerdo con el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.
Debido a ello, en noviembre del 2016, la directora de la asociación, Fabiola Cortés, presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR, sin que hasta el momento haya avanzado.
“Lo hicimos ante la PGR porque eran recursos federales, provenientes de la SCT, y estas empresas, además de todo, estaban constituidas por funcionarios, y se trató en ese caso de un desvío de aproximadamente 30 millones de pesos”, explica en entrevista la abogada, quien dijo que a través de miembros de El Barzón se pudo comprobar que los caminos sacacosechas no se realizaron.
Los presuntos involucrados
Entre todos los señalamientos que hay en contra del exsecretario de Finanzas y Planeación de Roberto Borge, Juan Pablo Guillermo Molina, hay uno que lo tiene en el banquillo del juicio político en el Congreso de Quintana Roo.
Se trata de una denuncia interpuesta por la organización civil Somos Tus Ojos por el presunto desvío de 1,464 millones de pesos provenientes del impuesto al hospedaje, que se cobra a cada turista que duerme en un hotel de la entidad, que representa el principal polo turístico del país.
A Quintana Roo anualmente llegan un promedio de 16 millones de turistas y el promedio de ocupación de los hoteles es del 85%, de acuerdo con datos del gobierno local, por lo que el Impuesto al Hospedaje significa una buena fuente de ingresos para las administraciones. Tan sólo para 2017 se tiene previsto que por este gravamen ingresen a la Tesorería del Estado 1,186.5 mdp, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para este año.
En la demanda de juicio político, se explica que a pesar de que se recaudaron 724.7 mdp para el año 2014 y 739.8 mdp para el siguiente año, la Sefiplan no hizo entrega de recursos a los Fideicomisos de Promoción Turística, a lo que por acuerdo estaba obligado el estado.
Primera entrega: Los piratas de Borge y el robo del tesoro de 16,000 mdp
Un año antes, los adeudos fueron ventilados por empresarios hoteleros de Cancún durante una reunión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez (Cancún) celebrada en abril del 2015, y en donde se dio cuenta de que el gobierno estatal tenía deudas con ellos desde el 2012, lo que se dijo ponía en riesgo que medios y agencias les cancelaran campañas de promoción del destino.
La queja por la falta de suministro de recursos al Fideicomiso se hizo recurrente en las juntas del Comité, en donde cada vez se acordaba trabajar con la Sefiplan para que se pusiera al corriente con los recursos comprometidos, pero esto no ocurrió.
El 10 de diciembre de 2013, en el Periódico Oficial del estado —que paradójicamente no era público— se dio cuenta de un cambio al decreto de creación de los distintos fideicomisos de promoción turística para varios municipios del estado. El cambio al decreto, firmado por Roberto Borge, sería clave pues permitió el manejo de los recursos sobre Impuesto al Hospedaje de manera totalmente libre.
Esto, luego de que se estableció que la dirección de los fideicomisos estaría a cargo del Comité Técnico, como máximo órgano de decisión, que estaba encabezado por el gobernador y su secretario de Finanzas, y que entre sus funciones estaba autorizar ingresos y egresos, y vigilar la correcta aplicación de los recursos.
Durante su comparecencia en septiembre del 2016 ante legisladores del nuevo Congreso, el aún titular de la Sefiplan se defendió de las acusaciones imputadas en el juicio político, pero de manera vaga.
“El Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo no está etiquetado para la promoción turística, es decir, no obliga (a invertir en eso), el Impuesto, como cualquier otro impuesto, entra como ingreso a Quintana Roo, por eso existen asignaciones presupuestales a cada uno de los Fideicomisos, no hay nada de que 1,000 millones de pesos se fueron a otro lado, está todo dentro del ingreso, reflejado en la Cuentas Públicas, se utiliza para muchos temas más, para necesidades del estado en seguridad y educación, y los Fideicomisos tienen recursos asignados por la Legislatura”, indicó Guillermo Molina.
Pero el actual titular de la Sefiplan, Juan Vergara, ha confirmado un adeudo pendiente de 1,800 millones de pesos a los distintos fideicomisos de promoción turística que hay en el estado, y ha señalado que se han hecho las denuncias correspondientes para que se investigue el destino de los recursos.
En agosto de este año, señaló que dentro de los 1,800 mdp se encuentran los 400 millones que se deben al fideicomiso de Benito Juárez, Costa y Riviera Maya, y que la actual administración ya ha abonado al total 600 millones de pesos.
La demanda de juicio político en contra del excolaborador de Roberto Borge fue desechada en su momento por la Legislatura anterior del Congreso local —con mayoría encabezada por el PRI—, pero Somos Tus Ojos obtuvo un amparo ante esta decisión, por lo que el nuevo Congreso —en donde el tricolor ya no tiene el control— reavivó y le dio entrada al procedimiento que sigue su cauce.
El pasado 7 de julio, la Comisión Instructora, presidida por Emiliano Ramos, citó a comparecer a Guillermo Molina y los integrantes de la organización civil para aportar pruebas; no obstante, el exfuncionario no se presentó y mandó un escrito con su abogado.
De acuerdo con el presidente de la Comisión, se está terminando de recabar todas las pruebas para determinar si avanza el juicio de procedencia para poder turnarlo al pleno del Congreso, aunque dijo que deberán esperar a que se resuelva de fondo un amparo interpuesto por Guillermo Molina.
La PGR y la Fiscalía General del estado tienen carpetas de investigación abiertas en su contra y ha trascendido que ya existe una orden de aprehensión.
Los presuntos involucrados
En el muelle San Miguel, ubicado en Cozumel, el exgobernador Roberto Borge, junto con el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, rompió un par de botellas de champaña en el casco del barco que sería utilizado como medio de transporte entre la isla y Playa del Carmen.
Era febrero de 2015, cuando rodeados del agua turquesa los funcionarios realizaron el ritual del inicio de operaciones de la naviera Barcos Caribe. Una sociedad que meses después estaría inundada por un escándalo de corrupción que involucra a los exmandatarios de Quintana Roo Roberto Borge –hoy preso en Panamá y acusado de una serie de actos ilícitos que incluyen el peculado y el uso de recursos de procedencia ilegal– y Félix González Canto, exgobernador y actual senador de la República.
Barcos Caribe es la naviera presuntamente involucrada con la familia Borge y que es investigada por el SAT
La empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe SA de CV (conocida como Barcos Caribe) fue creada en 2012 por Franco González Padrón, tío del exgobernador González Canto, y Celso González Hermosillo, abogado de la familia Borge y presunto prestanombres del exgobernador. La naviera inició con un capital de 200,000 pesos, del cual cada uno era propietario del 50%, de acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.
Dos años después se compraron los dos primeros barcos, el Caribe I y Caribe II, a la empresa Zanzíbar de Tanzania con un costo aproximado de 4.9 millones de dólares (alrededor de 70 millones de pesos). Meses después, se adquirió otra nave –Caribe III–, de aproximadamente 4.3 mdd australianos, que cubriría la ruta Puerto Juárez-Isla Mujeres.
En el transcurso de ese mismo año, en octubre de 2014, González Padrón otorgó poder general de la empresa a María Lourdes Pinelo Nieto, asistente personal de Roberto Borge y empleada de la familia desde hace más de 30 años. Un año después, González Hermosillo se convirtió en representante legal de la naviera.
Barcos Caribe fue constituida en en 2012 por César Celso González Hermosillo, presunto prestanombres de Roberto Borge y Franco González Padrón , tío de Félix González Canto.
En una asamblea se dio poderes legales a Irma Pinielo Nieto, secretaria del padre del exgobernador Roberto Borge.
Fabiola Cortés, presidenta de la organización Somos Tus Ojos, denunció en noviembre de 2016 ante la PGR a los presuntos prestanombres de Borge y presentó documentos para acreditar que ninguno de los dos accionistas tenía los medios económicos para adquirir esas compras, por lo que supone que el capital para la compra de las naves tiene procedencia ilícita, y que tanto Pinelo como González Hermosillo funcionaron como prestanombres del exgobernador.
En marzo pasado, dos nuevas embarcaciones, identificadas como Barcos Caribe IV y Barcos Caribe V, se encontraban listas para zarpar de Australia hacia aguas del Caribe mexicano. Las embarcaciones fueron fabricadas por la empresa Aluminium Marine.
Estas últimas embarcaciones tendrían un costo de 4 millones 970,000 dólares australianos cada una, lo que equivale a un monto de 141 millones 148,000 pesos, dio a conocer Cortés.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la PGR investigan a la naviera Barcos Caribe por ocultar la compra de las cinco embarcaciones, cuyo costo total fue de 299.9 millones de pesos. En febrero del 2017, la PGR ordenó el aseguramiento del folio mercantil de la sociedad al Registro Público del Comercio, para evitar cambios y anotaciones en los nombres de los accionistas o que se evite la disolución de la sociedad.
Como parte de las investigaciones judiciales, la PGR se aseguró a la empresa para evitar que los socios o accionistas sean modificados.
Como parte de esta operación se suspendió el traslado de las dos unidades Caribe IV y Caribe V que se construyeron en Australia; por no comprobar la procedencia de los recursos no llegaron al estado.
En aquella inauguración de Barcos Caribe donde el vino espumoso francés recorrió la cubierta del Caribe I., Guillermo Ruiz de Teresa aseguró que la tercera naviera en el puerto era una respuesta del gobierno federal a la ciudadanía. “Fue decisión de la Federación tener una tercera línea que pudiera concretar esa solicitud del gobernador Roberto Borge Angulo”, dijo entonces el funcionario de la SCT.
Borge celebró y sonrió frente a las cámaras. Entre los invitados al festejo estaba su padre, Roberto Borge Martín, al que el exgobernador defendió ante los cuestionamientos del periodista Carlos Loret sobre una posible participación de la familia Borge en la naviera Barcos Caribe.
El expertise de Borge Martín efectivamente venía de años atrás de la mano de la familia del exgobernador González Canto.
El negocio familiar de los González-Borge comenzó 31 años atrás. De acuerdo con un reportaje de Luces del Siglo, cuando Franco González inició su primera naviera junto a Lenin Matías, padre el exgobernador González Canto. Juntos constituyeron la Naviera Turística de Quintana Roo SA de CV, empresa que vivió la abundancia en los años en los que el tío de Borge, Miguel Borge Martín, fue gobernador (1986-1922), pero que tras problemas financieros durante los años 90 –que incluso llevaron a Borge Martín a pasar unos días en prisión– quedó en bancarrota en 2004.
Una década después, la dinastía de los exgobernadores buscaría recuperar su herencia con la nueva naviera Barcos Caribe.
Las investigaciones judiciales siguen su curso, como los recorridos que realiza el barco que sigue operando la ruta Playa del Carmen-Cozumel, mientras otro permanece varado frente en la costa de la isla.
“Se les descompuso, se les acabó el dinero y ahí lo dejaron”, dice Romeo Villanueva, un isleño que creció cerca de la familia Borge, mientras señala el navío.
Mientras, en Playa del Carmen los vendedores de boletos se siguen disputando los clientes junto con las otras dos empresas que dan el servicio. “Puedes ir en la otra empresa, es más barata, pero es como si te fueras es un ‘guajolotero’, éste es un Ferrari”, dice la vendedora de boletos que otorga un descuento de 70 pesos en viaje redondo.
Los presuntos involucrados
*Con el reporte de Barcos Caribe contribuyó Ariadna Ortega