PRISON ART

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rente a la celda de Jorge Cueto, un grupo de presos platicaba sobre lo difícil que es encontrar trabajo al salir del reclusorio. En la charla participaban dos jóvenes que ingresaron al penal de Puente Grande, Jalisco, por robar cervezas en una tienda. Además de ‘El Popeye’, presunto miembro de una banda de secuestradores, y ‘El Tachi’, detenido por pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación.

El presunto narcotraficante ofreció su ayuda a los jóvenes. Aquella noche, Cueto supo que la propuesta de empleo no era lícita, pero no pudo hacer nada para evitarla.

En 2012, Cueto ingresó al reclusorio acusado de un delito fiscal y convivió con los reos durante 11 meses. Finalmente, un juez lo declaró inocente, fue liberado y puso en marcha una solución para dar empleo a sus compañeros dentro y fuera de la cárcel.

En 2014 inició el emprendimiento social Prison Art, dedicado a la venta de bolsas, chamarras y accesorios de piel tatuados por los presos. Doscientos productos con diseños únicos integran la colección. Su marca está dirigida a consumidores con alto poder adquisitivo, el precio promedio de una bolsa, por ejemplo, es de 3,300 pesos.

La propuesta del fundador, de 51 años, consiste en capacitar y emplear a los reclusos. El emprendimiento ingresa maquinaria, materiales y diseños a los penales, posteriormente recoge la piel tatuada y la traslada a su taller de maquila. Por tatuar la piel, los presos reciben un sueldo de entre dos y siete salarios mínimos al mes. “Además, todos tienen una oferta laboral al salir”, dice Cueto.

Hoy, la iniciativa capacita a 200 presos en seis penales y ha ayudado a 40 personas en su reinserción en la sociedad. Pero el alcance de la marca va más allá. Prison Art opera 10 tiendas propias en México, España y Alemania. Y sus productos también se venden en Canadá, Suiza y Polonia.

Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, dice que el reto de Prison Art es contar con una estrategia integral, que incluya ayuda psicológica, sueldos altos y participación en todo el proceso del producto. “Hay que dignificar su trabajo”, dice la presidenta de la iniciativa que también ofrece apoyo a presos. Mientras que Daniela Ancira, fundadora de La Cana, firma que vende productos bordados por reclusas, dice que la mayor complicación es la reinserción. “Es cambiarles el chip”, explica.

Cueto asegura que si sus proyecciones a cinco años se cumplen, empleará a 1,000 reclusos, reinsertará a 200 y evitará que se cometan 876,000 delitos en un año. Para lograrlo, buscará inversión y fortalecerá el negocio. En 2019, planea abrir tres tiendas más y llevar sus productos a la República Checa, Rusia y Austria. “No podemos crecer en personas capacitadas si no abrimos más tiendas“, explica.