Además de los despojos a empresas y particulares mediante juicios laborales a modo, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, conformó una red de más de 50 personas que día a día saquearon las arcas de esta entidad del Caribe Mexicano. La máquina puntualmente aceitada funcionó hasta que perdió el poder hace un año.

A partir de hoy, Expansión presenta la primera entrega de una serie que sigue la pista del mapa de corrupción de Los Piratas de Borge.

Por Mariel Ibarra
Diseño: Oscar Obregón, David Ortiz, Vania de Jesús
Video: Diego Macías

CANCÚN (Expansión) - El tamaño del botín lo dice todo. Equivale a que cada hora, durante los dos últimos años de su gobierno, Roberto Borge Angulo sustrajera de las arcas públicas un cofre con 31 centenarios de oro puro.

El exgobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá a la espera de su eventual extradición a México, habría desfalcado al estado con al menos 16,000 millones de pesos durante 2015 y 2016, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones administrativas y de posible alcance penal que se siguen contra él y decenas de exfuncionarios de su gobierno, a los que Expansión tuvo acceso.

Para hacerlo, Roberto Borge —que hasta hace dos meses perteneció a las filas del PRI— conformó una red de más de 50 personas dentro y fuera de su gobierno con la que operó una maquinaria capaz de extraer recursos públicos a una velocidad constante de 667.4 millones de pesos por mes, 22.2 mdp al día o 926,944 pesos por hora.

En otras palabras, Los Piratas de Borge habrían saqueado el tesoro de Quintana Roo a una velocidad de 1.2 kilogramos de oro de 24 kilates por hora a valores presentes del metal.

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Los recursos corresponden a partidas destinadas a programas y acciones de gobierno no realizadas, a fondos enviados a cuentas bancarias ajenas a las dependencias y a la venta ilegal del patrimonio inmobiliario del estado, de acuerdo con las investigaciones hechas por la administración aliancista de Carlos Joaquín González, actual gobernador del estado peninsular.

La máquina registradora del exgobernador nacido en Cozumel y que saltó a la escena pública de la mano de su paisano y antecesor Félix González Canto, hoy senador de la República, sigue en movimiento. La cifra podría crecer pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) aún realiza revisiones a las Cuentas Públicas de los años 2015 y 2016. Los resultados serán entregados a más tardar el próximo 5 de septiembre al Congreso del estado.

Los tentáculos de Borge

En julio del 2016, una investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló un entramado de colaboradores conformado durante la administración de Roberto Borge con la que se despojó de hoteles, terrenos y dinero de cuentas bancarias a empresas y particulares a través de juicios laborales a modo. Hoy, a partir de investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), del nuevo gobierno y del Congreso, así como de denuncias públicas y periodísticas, se ha logrado aportar piezas para armar el rompecabezas de la corrupción en Quintana Roo.

Esta red de más de 50 personas —la mayor parte exfuncionarios— con mayor o menor participación, y en algunos casos omisión, malbarató miles de hectáreas de terrenos millonarios a precios muy por debajo del real; simuló apoyos a campesinos para desviar recursos; pagó obras inexistentes, incompletas o con sobrecosto; contrató servicios que no se realizaron y benefició con contratos y predios a empresarios, amigos y familiares allegados a su círculos de poder.

La siguiente es parte de la red —documentada hasta ahora— que funcionó durante la administración de Roberto Borge.

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Las cuentas del tesoro perdido

¿Cómo se llega a la suma de 16,000 mdp contabilizados hasta ahora?

La cifra total corresponde a recursos de programas que no han sido localizados, que presuntamente fueron desviados a otras cuentas bancarias o que no se utilizaron para los objetivos etiquetados.

Entre las dependencias que presentan mayor desfalco se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), con 4,800 mdp, por el presunto desvío de programas que estaban dirigidos al campo pero que nunca llegaron a los campesinos. Le sigue la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), que sufrió un posible desvio de 1,500 mdp por obras inexistentes, incompletas o con sobrecostos, así como por el pago de renta de maquinarias de la que no se tiene registro.

Otro de los organismos en los que se han encontrado presuntos desfalcos es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por 1,555 mdp, por una contraprestación pagada a una empresa y por concepto de un crédito bancario a los que se les “perdió el rastro”. En la Secretaría de Salud se contrató la adquisición de software para clínicas que nunca se instaló y por el que se pagaron más de 700 millones de pesos. También están los más de 1,464 mdp que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) presuntamente se habría quedado del Impuesto al Hospedaje, o los más de 1,000 mdp pagados a diversas empresas por concepto de taxis aéreos que gozó la clase política quintanarroense, incluido el actual senador González Canto, a quien hasta ahora no se le han pedido cuentas.

Por la desincorporación y la venta del patrimonio del estado, tan sólo de los 25 predios objeto de malos manejos y detectados hasta este momento por la administración local y la PGR, el quebranto al erario se calcula en 5,000 mdp. Por esta acusación, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una carpeta de investigación que derivó en la captura del exgobernador.

Estas cifras fueron encontradas por las dependencias y son parte de las nuevas revisiones realizadas a las Cuentas Públicas de 2015 y 2016, que en febrero pasado el Congreso del estado ordenó abrir de nuevo, luego de que la anterior Legislatura, aún con Borge en el gobierno, aprobara 30 Cuentas Públicas del gobierno estatal y municipios, sin siquiera esperar a que terminara el año y sin hacer observaciones.

A esto se le conoció como “el paquete de impunidad” e incluyó nombramientos de cercanos a Borge en puestos clave para cuidar sus espaldas. Uno de ellos fue Javier Zetina González, un primo del exgobernador de Félix González Canto designado como auditor Superior del Estado, y quien renunció a su cargo el pasado 28 de mayo, momento en que iniciaron las presentes auditorías.

La deuda creciente

Al término de su gobierno, Roberto Borge endeudó a su estado por 22,319 millones de pesos de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) al tercer trimestre del 2016. En los seis años de gobierno, duplicó los pasivos en su entidad, pues al asumir el poder, el 5 de abril del 2011, éstos alcanzaban los 11,000 mdp.

Los créditos fiscales actuales de la entidad son por 19,584 mdp y colocan a Quintana Roo, el estado más joven de México, en semáforo preventivo ante Hacienda pues representan el 88.8% de sus ingresos totales. En el sistema de alertas, recientemente implementado por la dependencia federal, Quintana Roo aparece estacionado en el rojo respecto al indicador de Servicio de la Deuda con relación a sus ingresos de libre disposición, con 16.3%, siendo el más alto de todo el país.

Los 11,000 mdp de dinero líquido que presuntamente fueron desviados por la red de funcionarios de Roberto Borge equivalen al 97.2% de los créditos contraídos por su administración.

La madeja que se desenreda hace hablar a la clase política quintanarroense:

“Esperamos que no sólo Roberto Borge sino otros funcionarios que cometieron daño patrimonial contra del estado paguen, y lo más importante, para que haya justicia en Quintana Roo, es resarcir el daño patrimonial a través de la recuperación de los bienes que nos robaron a los quintanarroenses”
Ivanova Pool, diputada federal

Cuatro detenidos

Las investigaciones sobre el entramado de corrupción tejido en la pasada administración sólo han arrojado cuatro personas detenidas y tres vinculadas a proceso.

Roberto Borge

Roberto Borge fue aprehendido la noche electoral del 4 de junio en el aeropuerto de la capital de Panamá, mientras la atención de México estaba puesta en la elección del Estado de México, la entidad del presidente Enrique Peña Nieto y que concentra la mayor cantidad de votos del país.

En el país centroamericano, Borge enfrenta un juicio de extradición solicitado por el gobierno mexicano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del que lo acusa la PGR, y por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, que la imputa la Fiscalía General de Quintana Roo. Borge se ha defendido y cuenta con una suspensión provisional para impedir su detención cuando pise suelo mexicano —lo podría ocurrir en octubre— por los delitos del fuero común.

Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach

Carlos Alberto Acosta Gutiérrez

Además del exgobernador, los otros tres excolaboladores que han sido detenidos y vinculados a proceso son Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y quien se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, así como Paulina García Achach, subsecretaria de la misma dependencia, quien enfrenta su proceso en libertad, luego de pagar una garantía de 39 millones de pesos a través de seis propiedades ubicadas en Cozumel y un auto de lujo.

Ambos exfuncionarios están acusados de desempeño irregular de la función pública y daño patrimonial al estado por el otorgamiento de subsidios para la compra de terrenos sin tener facultades para ello.

También se encuentra detenido Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, quien fuera director de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP SAESA) y a través de la cual la administración de Borge pagó más de 1,000 millones de pesos por renta de aeronaves para trasladar a políticos, familiares y amigos del exgobernador.

El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Angel Pech Cen, ha señalado que hasta ahora son seis personas las que enfrenta acusaciones penales, pero ha trascendido que son más de 15 las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía.

La pieza clave

Al igual que sucedió en Veracruz con los desvíos de recursos del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, la mayor parte de los movimientos financieros irregulares detectados hasta ahora en Quintana Roo se realizó a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), dirigida por Juan Pablo Guillermo Molina, quien enfrenta investigaciones abiertas tanto por la PGR como por la Fiscalía General del estado, además de un juicio político promovido en el Congreso local.

Guillermo Molina encabezó la dependencia que, de acuerdo con las investigaciones, recibió los recursos “extraviados”, como los correspondientes a programas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Impuesto al Hospedaje generado por los turistas.

Varios exfuncionarios de Sefiplan son investigados por las Fiscalía estatal y no se descarta que, en las próxima semanas, la Auditoría Superior del estado presente más de 50 denuncias contra colaboradores borgistas cuando culmine las revisiones de los años financieros 2015 y 2016.

“Borge no será el único detenido. Estamos revisando con lupa para que no sea una cacería de brujas, pero está claro que eran los titulares de los ayuntamientos y de las secretarías quienes tomaban las decisiones”
Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local

¿Cómo se trató de blindar Borge?

Desarmando la red de protección

La historia comenzó 15 días después de la llegada de la nueva Legislatura al Congreso del estado, el 3 de septiembre de 2016. Con la mayoría ganada en las urnas, los operadores políticos del PAN y del PRD actuaron rápido. Sabían que era imprescindible para echar abajo el “paquete de impunidad” con el que sus predecesores blindaron a Roberto Borge.

La tarea era mucha. Uno a uno desfilaron los titulares de las dependencias, sin saber que mucha de la información que ahí se conocería sería útil para iniciar averiguaciones en su contra.

También repusieron la severidad de las sanciones que establece el Código Penal del Estado para los funcionarios públicos que cometen algún delito o conductas de administración fraudulenta y tráfico de influencias, pues se habían reducido las penas para poderlas conmutar por multas.

“Desmantelamos el control que tenía el Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Por eso creamos tres nuevas magistraturas y eliminamos la reelección de su presidente; con esto acortamos el periodo del que era titular (Fidel Villanueva) y quien ya fue sustituido”
Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local

Otra de la medidas tomadas fue el reestructurar las leyes financieras del estado, para que la deuda no se pueda ocupar, si no es para mejorar las condiciones crediticias del estado o bajar la tasa de interés.

“Roberto Borge se rodeó de un séquito de seguidores que luego fueron colaboradores a los que les pagó con encomiendas, notarías públicas y puestos de alto nivel en el gobierno que le permitieron cometer todos los actos de corrupción. Esperamos que no soo sea él, si no que otros funcionarios como su secretario de Finanzas (Juan Pablo Guillermo), que fue una pieza clave en todo, pague por el daño patrimonial que le hizo al estado y sobre todo, se deben de recuperar los recursos y bienes que se robaron”, señala la legisladora Ivanova Pool.

De paso, los diputados redujeron el número de escoltas autorizados para el exgobernador Borge, de 44 guardias y 12 vehículos por 15 años, a 10 hombres y tres unidades para cuidarlo por seis años más con costo al erario, recursos que en este momentos son ociosos pues Borge está recluido en una prisión extranjera.

El mapa de corrupción de Borge