Adriana Greaves y Estefanía Medina

Van a entrevistas, reuniones, audiencias, todo con la misión de combatir la corrupción con un toque disruptivo y lo hacen a través de la organización Tojil. “El objetivo que busca es enseñar cómo sí se puede sancionar a un corrupto”, afirma Greaves. Desde que trabajaban en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y veían las fallas en los procesos penales, querían cambiar las cosas. Como no lo podían hacer desde el servicio público, decidieron hacerlo desde su papel de ciudadanas.

Preguntarse ¿quién es la víctima en un caso emblemático de corrupción?, la condena “desproporcional” de nueve años al exgobernador de Veracruz Javier Duarte y la sospecha de que la ministerio público Martha Estela Ramos Castillo negoció la pena, las llevaron a adoptar este caso y solicitar que se le diera a Tojil el carácter de víctima para que pudieran conocer el expediente a detalle.

Aunque la decisión fue objetada y está en proceso de resolución final, la vía legal es ya un precedente a nivel internacional y puede ser replicada en otros estados para combatir la corrupción y la impunidad que prevalecen. “Para que no vuelva suceder, se necesita limpiar internamente la casa”, dice Medina.

Por Ariadna Ortega