Las reuniones tenían lugar cada domingo. Entre 20 y 30 trabajadores de la fábrica de General Motors de Silao, en Guanajuato, se juntaban en la casa de alguno de ellos. Los encuentros empezaron en abril de 2019: tenían como objetivo organizar un nuevo sindicato. Lo llamaron Generando Movimiento, tomando las iniciales de la empresa en la que la mayoría había trabajado durante una o incluso dos décadas.

Israel Cervantes —quien desde 2006 pasaba hasta 12 horas en la planta, a veces de día, a veces de madrugada, quitando y reparando puertas, salpicaderas o cofres que no cumplían con los controles de calidad tras salir de la línea de producción—asumió el liderazgo del movimiento disidente, que quería ser una alternativa al sindicato actual, ‘Miguel Trujillo López’, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). “Lo hice por el hartazgo de estar manteniendo, con nuestras cuotas sindicales, a Tereso Medina sin siquiera conocerlo”, cuenta. (Tereso Medina no respondió a la solicitud de entrevista de Expansión).

Medina, exdiputado y actual senador suplente del PRI por Coahuila, es el secretario general del ‘Miguel Trujillo López’ desde 2003. Él y el sindicato que lidera están hoy en el centro de la polémica, después de que la votación para legitimar el contrato colectivo de trabajo que mantiene con la planta de General Motors fuera cancelada en abril por irregularidades en el proceso. Esto atrajo la mirada de los gobiernos y sindicatos de Estados Unidos y Canadá. En mayo, Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, pidió a México revisar si a los empleados de la planta se les estaba negando el derecho de libre asociación y negociación colectiva, ahora garantizado en el T-MEC. De ser así, Estados Unidos podría revocar el acceso libre de impuestos a su país de los vehículos que General Motors produce en Silao.

Esta planta, de fachada color amarillo pastel y con el logo de GM estampado en azul, es una de las cuatro que General Motors tiene en México y uno de los complejos clave para el fabricante estadounidense en la región. Sus trabajadores, repartidos en tres turnos que cubren las 24 horas del día, ensamblan las pickups Chevrolet Silverado y GMC Sierra, los dos modelos de mayor venta de la armadora en el mercado estadounidense. La fábrica fue la más productiva al cierre del primer semestre de 2021: ensambló 226,300 pickups, equivalente al 66% de la producción total (339,296 unidades) reportada por la armadora al Inegi en el país.

Pero cerca de una decena de trabajadores, actuales y anteriores, consultados por Expansión, sostienen que las condiciones laborales en la fábrica han empeorado desde 2008, año en que el sindicato ‘Miguel Trujillo López’ comenzó a representarlos. “Hay veces que le suben mucho el ritmo a la producción, cuando ellos quieren. Creo que ahora el objetivo eran 73 unidades (pickups) por hora. Y uno anda corre y corre. En muchas ocasiones no nos respetan los 15 minutos del snack. Para poder ir al baño, muchos líderes de grupo paran las líneas (de producción) al mismo tiempo, durante cinco minutos”, dice María N*, una trabajadora activa de la planta que solicitó el anonimato por miedo a represalias.

La empresa responde, en un correo electrónico enviado a Expansión, que “para GM, la salud y bienestar de los empleados es esencial de acuerdo con nuestra cultura organizacional”.

Sin embargo, en las reuniones dominicales donde se gestó el movimiento disidente, los trabajadores hablaban de los beneficios que tenían otros empleados del sector que estaban afiliados a un sindicato independiente. Los ejemplos eran los complejos de Nissan, en Cuernavaca, y de Volkswagen y Audi en Puebla, cuyos trabajadores están agremiados a organizaciones que pertenecen a la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIAAAN). En los contratos colectivos de esas plantas, los rangos salariales van de los 275 a los 800 pesos diarios, mientras que en Silao van de los 184 a los 679 pesos.

“Y la gran mayoría de empleados no está en la parte alta del tabulador. Solo los de mantenimiento, que son menos del 10% de la plantilla sindicalizada. La gran mayoría está en el nivel 3 del tabulador”, explica José Luis Mosqueda, un extrabajador de General Motors, simpatizante del movimiento disidente, mientras señala una lista que muestra la distribución de la plantilla sindicalizada. Según el tabulador del Contrato Colectivo de Trabajo visto por Expansión, el salario diario para un trabajador nivel 3 es de 468 pesos. Unos 14,000 pesos al mes.

Además, el contrato colectivo actual permite a General Motors distribuir libremente las 48 horas de la jornada semanal y encadenar turnos de 12 o 14 horas diarias durante varios días. “La propia empresa podrá establecer jornadas discontinuas y turnos especiales, distribuidos en los siete días de la semana”, dice el contrato colectivo vigente.

General Motors señala que la planta de Silao trabaja con un esquema denominado “4 por 3”, que implica que los trabajadores asisten 12 horas de trabajo durante cuatro días y descansan tres veces por semana. “Esta práctica también es común en otras empresas del ramo automotriz”, dice la armadora, que asegura que los empleados tienen pausas para comer y descansar a lo largo de su jornada diaria. También explica que, cada tres meses, los trabajadores tienen seis días de descanso continuos, que no son a cuenta de vacaciones.

Jacqueline Álvarez, abogada y especialista en temas laborales de EY México, detalla que los sindicatos son los encargados de negociar con las empresas, en representación de los trabajadores, los incrementos salariales, las prestaciones y la distribución de las jornadas de trabajo, entre otras cosas. “Las condiciones laborales dependen de lo que negocien ambas partes”, dice.

Los trabajadores de Silao consultados por Expansión aseguran que no planeaban legitimar el contrato colectivo actual en la consulta de abril, porque ya no desean ser representados por el sindicato de la CTM, debido a que no están conformes con el resultado de las últimas negociaciones del contrato colectivo de trabajo. “Yo iba a votar ‘no’. Iba a ganar el ‘no’”, afirma Juan M*, quien trabaja en el área de carrocerías, dentro del complejo, desde hace 11 años. Pero la consulta fue cancelada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por “irregularidades graves que afectaron su desarrollo y los resultados de la votación''.

Ahora, tras una prórroga solicitada por el sindicato de la CTM a la Secretaría, los trabajadores fueron convocados a una nueva consulta, este 17 y 18 de agosto. En ella finalmente decidirán si legitiman o no el contrato colectivo actual, negociado por el sindicato de la CTM y General Motors de México. Si gana el ‘no’, se abre la puerta a la alternancia sindical.

Pero derrocar al sindicato actual no será sencillo. El propio líder de Generando Movimiento ya no trabaja en la empresa.

El 28 de agosto de 2019, Cervantes fue llamado a Recursos Humanos. Le dijeron que había salido seleccionado para una prueba de antidoping y lo llevaron al servicio médico, donde había personas de seguridad. Era algo atípico —afirma— porque estas pruebas solo se hacen cuando un empleado choca alguna unidad o durante el examen médico anual. “Me pidieron que llevara mis cosas, me sacaron de la sala y me dijeron que el antidoping había dado positivo”, cuenta. Tras rehusarse a firmar una renuncia voluntaria, interpuso una demanda por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que aún no se resuelve y a la que Expansión tuvo acceso.

General Motors confirma que tiene conocimiento de ese juicio, pero señala que hasta ahora la compañía no ha sido emplazada dentro del proceso correspondiente. “Nuestra área jurídica está dando el seguimiento respectivo”.

El ascenso de un movimiento disidente en la emblemática fábrica no será sencillo. En reiteradas ocasiones, Generando Movimiento ha sido vinculado al senador morenista Napolén Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), con el que la CTM mantiene una disputa histórica. Pero los líderes de Generando Movimiento aseguran que esta presunta vinculación con Gómez Urrutia es parte de una campaña de desprestigio orquestada por el sindicato de la CTM, que busca mantener la representatividad de los casi 6,500 trabajadores de la fábrica de Silao. Cervantes rechaza que haya recibido financiamiento o que siga una línea política marcada por Gómez Urrutia.

“Al señor no lo conocemos. Nosotros queremos un sindicato independiente”, dice. “Nuestro sueño es poder registrar el sindicato, negociar un contrato colectivo mejor y poner a gente que sí haya trabajado en la planta”.

La consulta

El pasado 20 de abril, una hora antes de las 6 de la mañana, cuando empieza su jornada laboral, María N* subió como cada día a uno de los camiones blancos que transportan a los trabajadores a la planta de General Motors. Formaba parte de los 6,494 empleados que fueron citados ese día para votar a favor o en contra de la ratificación del contrato colectivo de trabajo vigente.

María N* leyó los detalles de la consulta en una de las hojas que habían sido pegadas días antes por toda la planta: “Se convoca a las y los trabajadores afiliados a la organización sindical ‘Miguel Trujillo López’ a la consulta que tendrá por objeto poner a su consideración la aprobación del contrato colectivo de trabajo vigente celebrado con General Motors de México”.

Cuando le tocó su turno, María N* entró con otros 20 compañeros en un cuarto de paredes azules con casillas similares a las que se usan para las elecciones federales. Sobre ellas se leía la frase “El voto es libre y secreto”. Rumbo a las casillas, en el pasillo largo que conecta con la sala de votación, vio a muchas personas: eran miembros del sindicato, sus supervisores y los visores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que no estuvo disponible para hacer comentarios para este reportaje. El personal del sindicato le pidió su INE y le entregó la boleta: ¿Apruebas el contenido de tu contrato colectivo de trabajo? Las opciones eran ‘sí’ o ‘no’ en grandes letras mayúsculas. Ella marcó la segunda con una ‘X’.

Desde hacía meses, no estaba conforme con el sindicato que la representa. Sentada en una cafetería en el centro de Silao, enumera todas sus quejas: “No siento que defiendan nuestros derechos. La media hora de comida no nos la pagan y hay veces que, entre el trayecto hacia el comedor y la fila que hay que hacer, solo nos quedan 10 o 15 minutos para comer. Los turnos son de 12 horas. No podemos elegir los días de vacaciones libremente, sino que las tenemos que tomar cuando la planta hace paros técnicos. Y el sindicato no hace nada. Ya ni siquiera nos hacen la comida del 1 de mayo ni nos dan el arcón navideño”.

La dependencia detectó que las boletas en blanco en poder del sindicato se habían reducido a la mitad, tras ser presuntamente destruidas. Los inspectores de la Secretaría —según un comunicado publicado por la dependencia el 22 de abril— solicitaron la entrega de la documentación de las votaciones ya realizadas para salvaguardar los votos emitidos. El sindicato se opuso. Entonces, la consulta fue cancelada.

Las acusaciones de interferencia han levantado sospechas entre algunos activistas y expertos de que la CTM podría haber estado encaminada hacia una derrota más profunda.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), una asociación civil que desde hace 30 años promueve el cumplimiento y mejora de los derechos laborales, es uno de ellos. Considera que fue el mismo sindicato quien decidió boicotear la consulta al darse cuenta, en un conteo preliminar, de que iba perdiendo, y así poder ganar tiempo para convencer a los trabajadores de votar por la legitimación del contrato en una nueva consulta. “Fue el propio sindicato el que llamó la atención de la Secretaría del Trabajo sobre la destrucción de boletas y de urnas, porque sabían que iban a perder”, dice De la Cueva, quien acudió al complejo el día de la votación y quien ha estado en contacto con trabajadores desde entonces. “Por supuesto, dijeron que ellos no habían sido quienes destruyeron el material, pero las urnas y boletas estaban dentro de su local sindical, que estaba cerrado y al que nadie más tenía acceso”, añade.

Los trabajadores de la planta quedaron en medio de una controversia sindical que ha trascendido fronteras y que podría significar un arancel de importación de 25% a las pickups de General Motors fabricadas en Silao, una medida que agregaría miles de dólares al costo de cada vehículo.

El sindicato

La planta de Silao fue construida en 1995, tras la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá bajo el paraguas del TLCAN. Desde entonces, varios sindicatos han representado a los trabajadores del complejo, pero todos han estado ligados a la CTM.

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen el derecho de elegir si forman parte o no de un sindicato. Incluso, en una misma fábrica, puede haber empleados sindicalizados y otros que no lo estén. Pero los trabajadores consultados aseguran que ellos no tuvieron esa oportunidad. “Cuando te contratan, tienes que firmar tu afiliación al sindicato. No te preguntan si quieres o no. La tienes que firmar”, explica Sergio Contreras, un extrabajador de la planta que en 26 años de servicio estuvo en las áreas de ensamble, carrocería, estampado, pintura y calidad. Incluso ha habido trabajadores que en años pasados solicitaron desafiliarse mediante un escrito firmado, sin que el sindicato hiciera caso a su petición.

Willebaldo Gómez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor de un estudio que compara contratos colectivos de trabajo de varias plantas armadoras, explica que esta es una práctica que se ha sistematizado dentro del clúster automotriz del Bajío. Afirma que han crecido los “sindicatos de protección” que son favorecidos por las empresas y los gobiernos estatales a cambio de negociar condiciones laborales apenas por encima de la Ley, que permitan la atracción de inversiones de las multinacionales por los bajos costos de operar en la región. “General Motors siempre actúa conforme a la ley y no ha hecho actos para favorecer a un sindicato, tal cual está expresado en nuestra carta de neutralidad”, responde la empresa.

Guanajuato se posicionó en la última década como el tercer mayor fabricante de autopartes, sólo por debajo de Coahuila y Chihuahua, según datos de la Industria Nacional de Autopartes. El gobernador estatal, Diego Sinhue, ha sostenido en diversos foros que la “paz laboral” es la fortaleza del sector productivo de Guanajuato. “Testimonio de ello es que desde 2008 no se han presentado huelgas”, dijo el mandatario el pasado abril, durante una reunión con Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Meses antes, en noviembre de 2020, el mandatario afirmó durante la toma de protesta del primer Consejo Directivo del Colegio de Abogados Laboristas, en León, que “tener paz laboral ha sido uno de los factores primordiales para que Guanajuato sea hoy la sexta economía de México, y un ejemplo de productividad en el país”.

El investigador de la UNAM cuestiona esta afirmación. “Los gobiernos estatales defienden que la paz laboral, entendida como que nadie proteste ni que haya organizaciones sindicales independientes, es buena para atraer inversiones. Pero más que eso, tendríamos que ver si hay calidad en las relaciones laborales”, dice. “Vemos que las condiciones laborales han ido a la baja en la industria automotriz establecida en el Bajío. Cada empresa nueva que se instala tiene peores condiciones que la empresa que se instaló unos años antes”, añade.

Héctor de la Cueva, de CILAS, explica que esto ha ocurrido porque los sindicatos de la CTM, que también califica como “sindicatos de protección patronal”, en muchos casos negocian condiciones laborales que rozan el mínimo de la ley. “Normalmente negocian más en función de los intereses de la empresa que de los trabajadores”, asegura.

Hoy, el 87% de los sindicatos de las armadoras está dentro de la CTM, dice Gómez. Apenas el 10% de las plantas del sector se encuentra en manos de sindicatos independientes, agrupados en la FESIAAAN, y el resto corresponde a sindicatos de empresas. En Guanajuato, además del ‘Miguel Trujillo López’, está el de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica Automotriz (Sitimm), dirigido por el exdiputado priista Alejandro Rangel Segovia, que representa a los trabajadores de las plantas de Honda y Mazda en la entidad.

“Los trabajadores afiliados a estos sindicatos no solo no eligen a sus dirigentes, sino que muchas veces ni los conocen. Esto dificulta que puedan influir en la negociación de su contrato colectivo”, comenta De la Cueva.

Cuatro extrabajadores de la planta de Silao, que laboraban en la fábrica hasta el año pasado, aseguran que en los más de 11 años que lleva el sindicato de la CTM en el complejo solo se ha hecho una asamblea y afirman que nunca les entregaron las cuentas sobre la disposición de las cuotas sindicales. En el recibo de pago de un trabajador, visto por Expansión, se refleja el cobro de una cuota sindical semanal de 65 pesos. En otro, el descuento es de 87. “Si multiplicamos esta cantidad, que en promedio es de 75 o 76 pesos, por cada uno de los 6,494 empleados sindicalizados que laboran en la planta, es casi medio millón de pesos a la semana”, dice Cervantes, mientras usa su teléfono como calculadora. “¿Dónde está todo ese dinero?”

El artículo 373 en la Ley Federal del Trabajo establece que los sindicatos deben rendir cuentas a los trabajadores representados a través de asambleas que hay que realizar al menos cada seis meses. En la planta de Silao, esto no ha ocurrido, afirman los empleados y extrabajadores entrevistados. También se quejan de que el sindicato, además de evadir la rendición de cuentas sobre las cuotas sindicales, otorga préstamos “con altas tasas de interés”. “Hasta hace poco, eran 600 pesos de interés por cada 1,400 que concedía. Casi es el 50%”, dice María N*. También se quejan del cobro del servicio de transporte provisto por DM Control, una empresa operada por el propio sindicato.

“Sumas lo del transporte, lo de la cuota sindical y los intereses que cobran por un préstamo, y sacan una millonada”, añade Sergio Contreras. El extrabajador, de 55 años, también se encuentra entre los impulsores del nuevo sindicato y fue despedido en septiembre de 2020. Al final no firmó su liquidación e interpuso una demanda por despido injustificado.

Cervantes asegura que el movimiento disidente ya obtuvo el registro de un nuevo sindicato y que espera al resultado de la votación para poder emplazar a los trabajadores del complejo y asumir su representatividad frente a la empresa.

La carta

Días después de la votación sindical, el 11 de mayo, Mary Barra, presidenta de General Motors, recibió una carta firmada por los congresistas demócratas Dan Kildee, Bill Pascrell Jr. y Earl Blumenauer. “Como miembros del Comité de Medios con jurisdicción sobre la implementación y cumplimiento de las políticas de comercio internacional, escribimos sobre inquietantes informes de graves violaciones a los derechos laborales en una planta de General Motors (GM) en Silao, México”, dice el primer párrafo del documento, de dos páginas.

Uno de los objetivos que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá persiguieron con la renegociación del acuerdo comercial que sostenían desde hace más de dos décadas con México era un suelo más parejo, tanto en costos como en condiciones laborales, para atraer inversiones a toda la región.

Jerry Dias, presidente del sindicato canadiense Unifor —que representa a 35,000 trabajadores del sector automotriz en ese país— tiene los números claros. Los trabajadores de General Motors en Canadá ganan, en promedio, 32 dólares por hora. Si se añaden prestaciones a este sueldo base, el salario supera los 50 dólares la hora. En Estados Unidos —dice— es un monto similar. En contraste, los trabajadores de la planta de Silao ganan, en promedio, 2 dólares por hora.

“Nuestro paquete total de salarios y beneficios es muy superior a lo que marca la Ley (mexicana) y es competitivo con la industria en la región”, asegura General Motors en un correo enviado a Expansión.

Hoy, México es el séptimo productor mundial de vehículos y el cuarto exportador global. En el pasado, los sindicatos de Estados Unidos y Canadá han acusado a su socio comercial de echar mano del trabajo barato y de un peso depreciado para atraer inversiones automotrices.

“Aun si General Motors pagara 10 veces más a los trabajadores de Silao, seguiría siendo una fracción de lo que ganan sus empleados en Estados Unidos y Canadá”, asegura Dias en una entrevista realizada durante una visita a México, días antes de la nueva consulta en la planta de Silao. “Para conseguir mejores condiciones laborales, los empleados deben tener una verdadera injerencia en la negociación de sus contratos colectivos de trabajo”, añade.

El capítulo 23 del T-MEC apunta en esta dirección. El anexo 23 A pide incluir en la legislación laboral de los tres países disposiciones que garanticen el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de las empresas. El viejo TLCAN no contemplaba estas disposiciones. México realizó una reforma laboral para cumplir con las nuevas reglas del acuerdo. Se modificaron cinco leyes, incluida la Federal del Trabajo. Los cambios, muchos de ellos centrados en garantizar la libertad sindical, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en una fecha simbólica, el 1 de mayo de 2019.

Las nuevas normas obligan a los 2,116 sindicatos con registro federal y a los 10,868 con registro local —según la Secretaría del Trabajo— a legitimar sus contratos colectivos antes de 2023, a través de un "voto personal, libre, secreto y directo". La dependencia creó un protocolo para realizar las votaciones: entre otras cosas, solicita a los sindicatos notificar la consulta a los trabajadores con suficiente tiempo, a facilitar el acceso al contrato colectivo de trabajo y a diseñar una logística que permita a todos los trabajadores ejercer su voto. Ya ha transcurrido la mitad del tiempo que da el T-MEC y solo Ford y Kia cuentan con las constancias de legitimación de todas sus plantas. Honda y Toyota lo han hecho de forma parcial, mientras que el resto, incluido General Motors, aún tiene pendiente la realización de las consultas.

En la carta enviada a la presidenta de General Motors, los congresistas demócratas enumeran varias irregularidades cometidas por el sindicato de la CTM durante la consulta cancelada en abril. Por ejemplo, afirman que la votación estuvo limitada a solo 15 horas para más de 6,000 trabajadores y critican la retención del contrato colectivo de trabajo, ya que el sindicato no proporcionó copias a los empleados ni lo hizo público en línea. También denuncian la destrucción de los votos desfavorables y el reemplazo por otros a favor, así como la intimidación a los trabajadores para que votaran por legitimar el contrato colectivo vigente.

Estos actos, aseguran, “violan el nuevo acuerdo comercial (T-MEC)”, por lo que esperaban que el gobierno de Estados Unidos investigara “de manera agresiva” y utilizara todos los recursos disponibles bajo el nuevo acuerdo comercial. La carta cierra con una petición para Barra: “Entendemos que el gobierno mexicano tiene un papel importante que desempeñar en la defensa del derecho legal de los trabajadores a sindicalizarse, pero empresas como la suya también lo hacen. Como una de las empresas más emblemáticas, GM debería ser un participante activo en el respeto de los derechos laborales”.

Barra no hizo pública su respuesta a los congresistas, pero a mediados de junio se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros demócratas de alto rango en el Capitolio, donde enfrentó preguntas sobre el apoyo de la compañía a las reducciones de emisiones contaminantes y sobre el retraso en la votación de los trabajadores en la planta de Silao.

La filial mexicana de General Motors señala, en otro correo electrónico enviado en mayo a Expansión, que cooperaría con el gobierno de Estados Unidos y con la Secretaría del Trabajo para garantizar la integridad del proceso de votación del contrato colectivo en Silao. “En General Motors, respetamos y apoyamos los derechos de nuestros empleados para tomar una decisión personal acerca de la representación sindical. No consideramos que haya involucramiento de General Motors en las presuntas violaciones ocurridas en nuestro complejo de Silao”.

Una nueva fecha

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México que examinara las presuntas violaciones de derechos laborales en la planta de General Motors en Silao. Comprobar que las hubo podría derivar en aranceles sobre algunos de los autos más rentables de la automotriz bajo el T-MEC.

Tras la activación del mecanismo laboral de respuesta rápida, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense que deje cuentas abiertas para el pago de aranceles por las pickups que la armadora fabrica en Silao, como medida precautoria, hasta que se complete el proceso. General Motors dijo a Expansión que, hasta ahora, “esto no ha afectado la capacidad de la compañía para exportar desde las instalaciones de Silao o cambiar su tratamiento arancelario preferencial según el T-MEC”.

El gobierno de México tuvo que tomar un papel activo tras esta petición y se comprometió a asegurar que el nuevo voto de legitimación se realizaría antes del 20 de agosto, que habría inspectores federales de la Secretaría del Trabajo en las instalaciones en los días previos a la consulta —para prevenir y atender cualquier intimidación o coerción— y que permitiría, antes y durante el nuevo voto de legitimación, una “presencia robusta” de observadores de la Organización Internacional del Trabajo, además de observadores domésticos de un organismo autónomo mexicano, que días días después se determinó que sería el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Para garantizar que la votación se realice en condiciones de libertad, seguridad, certeza y transparencia, la consulta contará con la participación de observadores del INE”, informó la Secretaría del Trabajo en un comunicado emitido el 29 de julio. Además, la dependencia dijo en el mismo comunicado que inspectores federales del trabajo estarían de forma permanente en la planta desde el 9 de julio para vigilar que no existan actos de intimidación, coacción, desinformación o compra del voto.

Pero a medida que se acerca la reposición de la consulta, el 17 y 18 de agosto, y pese a que hay personal de la Secretaría del Trabajo en el complejo, los trabajadores denuncian que continúa el hostigamiento por parte del sindicato.

“No han dejado de intimidar a la gente. Todavía hacen reuniones entre grupitos pequeños para que no se entere nadie: delegados sindicales les piden a algunos trabajadores cercanos a ellos que se presenten a una junta durante 10 o 15 minutos. Allí les dicen que se van a quedar sin contrato y sin prestaciones, para que ellos luego corran la voz”, añade Juan M*, empleado del área de carrocerías del complejo. Según los empleados consultados, los miembros de la CTM incluso afirman en esas charlas que, si no ganan la consulta, General Motors se marchará del país. “Independientemente del resultado del proceso de legitimación del CCT (contrato colectivo de trabajo) en Silao, queremos ser claros en que General Motors no se irá del país, ni afectará prestaciones o derechos ganados del personal sindicalizado conforme al CCT”, destaca la compañía.

El protocolo para la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, publicado el 31 de julio en el Diario Oficial de la Federación, aclara que si la mayoría de los trabajadores vota a favor del contrato colectivo, éste mantendrá su vigencia y el sindicato titular seguirá con la representación en futuras revisiones. Si la mayoría lo rechaza, se dará por terminada la relación con el sindicato. Pero los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido. Conservarán las prestaciones y las condiciones laborales que ya tienen.

Los representantes sindicales reconocen que su gestión ha tenido fallas. “¿Por qué estamos aquí? Por lo que descubrimos que estamos haciendo mal en el sindicato”, dice Juan Carlos Félix Vázquez, coordinador para el Bajío del ‘Miguel Trujillo López’, en una grabación a la que Expansión tuvo acceso, durante una de las conferencias informativas organizadas por el sindicato para convencer a los trabajadores de legitimar el contrato colectivo.

Para estas charlas, en junio, el sindicato contrató a José Luis Bueno, consultor, psicólogo y conferencista del potencial humano —como dice su perfil de LinkedIn—, para dar conferencias informativas a los trabajadores sobre la consulta. Las reuniones se realizaron dentro de la planta. El plan era que a cada una de las 57 programadas asistieran 60 trabajadores de diversas áreas, y durante las dos horas que permanecían allí recibieron información sobre la reforma laboral, el nuevo protocolo para realizar las consultas y los riesgos de no legitimar el contrato colectivo. “La clave de todo este rollo es que no se queden sin contrato, porque si se quedan sin contrato, ¿quién va a obligar a la empresa a que cumpla? Sé que en este momento tienen mucho que reclamar y ellos (el sindicato) tienen mucho que recoger. Pero por el enojo podemos perderlo todo”, dice Bueno a los trabajadores, en una grabación a la que Expansión tuvo acceso.

El protocolo para la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo establece que un sindicato tiene derecho a informar a los trabajadores sobre los derechos contenidos en su contrato colectivo de trabajo, sobre las condiciones de legitimación e incluso puede llamar a los trabajadores a votar por el ‘sí’ en la consulta. “Pero contratar a un psicólogo o un coach para que convenza a los trabajadores de todo lo que pueden perder si no votan por el ‘sí’ es inducción del voto. Y eso está prohibido”, dice De la Cueva.

Los trabajadores de General Motors dicen que los delegados sindicales también han empezado a recolectar firmas de trabajadores que estén a favor de legitimar el contrato colectivo. “Les dieron unas hojitas en donde tienen que juntar firmas. Entonces van con los trabajadores y les dicen: ‘Oye, si votas por el sindicato, te voy a dar un bono, una despensa…’ Y por ir sumando gente que dice que va a votar por el ‘sí’, les dan 5,000 pesos”, añade el trabajador. “Lo están intentando de todas las maneras. Nos dicen: ahora sí les vamos a dar una despensa y la fiesta del 1 de mayo. Pero no nos dicen nada del salario”, indica Francisco G*.

“Hay una línea muy delgada que divide el hecho de que el sindicato tenga este derecho de acercarse (a los trabajadores) para que validen su permanencia en el centro de trabajo, del hecho de hacer presión para que lo ratifiquen”, comenta Álvarez, de EY.

Por su lado, el movimiento disidente ha organizado conferencias de prensa y abrió una página de Facebook donde promueve la no ratificación del contrato colectivo de trabajo, y en donde explica que los trabajadores no perderán sus derechos si lo hacen.

Mientras tanto, con el despliegue de una carta de neutralidad por toda la fábrica, General Motors se deslinda de todas las acciones que está llevando a cabo el sindicato de la CTM para inducir el voto de los trabajadores. “GM no está involucrada en el proceso de votación y no participa en la elaboración de las presentaciones que son utilizadas en cualquier reunión desarrollada por el sindicato, respetando lo establecido por la Ley”.

La consulta tendrá miles de ojos puestos en ella: observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Instituto Nacional Electoral (INE) y los inspectores federales de la Secretaría del Trabajo estarán presentes. Representantes de sindicatos de Estados Unidos y Canadá también la siguen de cerca. “La razón por la que estoy aquí es para ver que la reforma laboral que negociamos en el T-MEC se convierta en una realidad: que los trabajadores finalmente puedan tener voz y voto en los acuerdos entre los sindicatos y los patrones”, dice Jerry Dias. “El gobierno de Canadá está viendo esto con lupa”.

Hasta el 23 de julio, alrededor de 790,000 trabajadores de diversas industrias en el país habían votado para legitimar 1,426 contratos colectivos de trabajo. Del otro lado de la frontera norte, sindicatos y congresistas están pendientes del avance de México.

Para Dias, las irregularidades acontecidas en la consulta de legitimación de contrato colectivo en la planta de Silao generan suspicacias respecto a las condiciones en las que se han dado las otras consultas. “Se abre un signo de interrogación importante sobre los procesos de legitimación que ya ocurrieron”, dice el líder sindical canadiense.

Israel Cervantes espera que el resultado de la consulta en Silao sea el ‘no’, para poder convertir a Generando Movimiento en una alternativa para los trabajadores de la fábrica. Las promesas del movimiento disidente son negociar jornadas laborales más sanas y equilibradas, mejorar el salario y, sobre todo, tomar en cuenta a los trabajadores para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con la empresa. “Si nosotros logramos esto, todo el corredor industrial de Guanajuato seguramente seguirá el camino”.