Por Diana Nava y Laura Sánchez Ley
De pronto, a las 5:15 de la mañana del 2 de julio, en el Golfo de México empezó a brotar fuego. Como si fuera un volcán emanando de ese mar hondo y oscuro en el oriente del país, las llamas se expandían y generaban pequeñas explosiones que se perdían entre la espuma del agua. Nadie entendía lo que estaba viendo cuando comenzaron a circular las imágenes de dos pequeñas embarcaciones tratando inútilmente de apagar la lava que venía del océano. Pronto recibió un nombre que se extendió por las redes y los medios, como si fuera un producto de mercadotecnia: “El ojo de fuego”.
Poco después, ese mismo día, se supo que la responsabilidad fue de la petrolera estatal Pemex. A través de un comunicado de tres párrafos, la compañía explicó que había ocurrido una fuga de gas en un ducto submarino, causando el fuego en el mar. El incidente ocurrió a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche y perteneciente al activo de producción Ku-Maloob-Zaap. Maloob, un nombre maya, significa ‘fuego’.
Hasta el momento, se desconoce el impacto que generó este accidente. Para organizaciones como Greenpeace, se causó un daño irreparable en el ecosistema, pero la petrolera negó que hubiera daños, a pesar de que la fuga duró aproximadamente cinco horas. Lo que Pemex sí dijo, en un comunicado publicado el 5 de julio, es que la explosión se debió a una combinación del gas en la superficie marina, derivado de la fuga, con las tormentas eléctricas de esa madrugada en el Golfo de México. Una mala jugada del clima y la casualidad.
Sin embargo, dos empleados de la empresa con conocimiento de lo qué sucedió ese 2 de julio afirman a Expansión que los acontecimientos de aquella madrugada ya estaban anunciados. Los ductos que transportan el gas están desgastados y las alarmas habían llegado desde la noche del día anterior. El sistema de seguridad de la petrolera en el pozo Ku, uno de los más productivos, ya avisaba de una pérdida de presión en una línea submarina de bombeo automático que alimenta los pozos, según estas fuentes. Esta pérdida alertaba de la existencia de una fuga de gas, y los técnicos que esa noche trabajaban lo sabían, pero no dimensionaron lo que podía ocurrir hasta unas horas después. “No había fuga que aguantara esa tormenta”, dice uno de los empleados de la petrolera, que pidió el anonimato para proteger su identidad por temor a represalias (igual que más de una docena de trabajadores entrevistados para este reportaje).
El accidente del “Ojo de Fuego” no es único. Una investigación realizada por Expansión a través de decenas de entrevistas, reportes internos de la petrolera y solicitudes de acceso a la información revela que en los primeros años de este gobierno —con datos de diciembre de 2018 hasta mayo de 2021— se han registrado 185 incidentes en las instalaciones de la petrolera, entre accidentes de trabajadores, fugas, incendios y explosiones en las plataformas, ductos y refinerías, que han dejado 192 lesionados. Las secuelas incluyen mutilaciones, quemaduras de gravedad, caídas, intoxicaciones por contacto con gases y ahogamientos por el hundimiento de embarcaciones, entre otras.
Fotos: Cuartoscuro
Esta información no toma en cuenta el último incendio ocurrido en la plataforma de Ku Maloob Zaap, ni la explosión de un ducto de la petrolera en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, donde fallecieron 137 personas.
La base de datos creada por Expansión también muestra que la cifra de incidentes ya rebasa en 46% el número de accidentes y explosiones relacionados con la compañía durante todo el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. Las bitácoras entregadas por la propia petrolera refieren que durante los seis años de la administración pasada se registraron 127 incidentes, que dejaron 110 empleados de la estatal lesionados.
¿A qué se debe este aumento? Las fuentes consultadas —entre trabajadores de Pemex, miembros de su sindicato, investigadores y consultores del sector— coinciden en el diagnóstico: la austeridad promovida desde el Ejecutivo ha dejado el mantenimiento de las instalaciones de la petrolera, ya descuidado desde sexenios pasados, fuera de las prioridades de inversión de la compañía. El discurso de rescate a Pemex ha omitido realizar acciones acordes con él, dicen los entrevistados.
Los testimonios señalan que los accidentes se han incrementado debido a esta baja inversión en mantenimiento, al cansancio de los empleados —que operan en un entorno de constantes bajas, incapacidades por la pandemia y renuncias ante los recortes en salarios y prestaciones— y a la falta de ‘expertise’ de los nuevos trabajadores, a menudo novatos que han entrado a sustituir a personas con décadas de experiencia. José, un soldador de una de las plataformas de la estatal, resume la opinión generalizada: “Las plataformas han estado deteriorándose. No hay dinero ni presupuesto. No lo dan”.
El lunes 23 de agosto, la administración de Pemex convocó su primera conferencia de prensa en lo que va del sexenio. La razón: el domingo a las 15:00 horas, la instalación E-Ku-A2, en el activo Ku-Maloob-Zaap, registró un incendio que hasta ahora ha dejado dos personas desaparecidas de la empresa Bufete de Monitoreo de Condiciones e Integridad y cinco decesos confirmados, de acuerdo con la última comunicación de la estatal, entre trabajadores de Pemex y Cotemar, uno de sus contratistas. La empresa privada asegura que aún no existe certeza de que los cuerpos pertenezcan a su nómina laboral, debido al estado en que se ha encontrado a los fallecidos. Además de la tragedia, la petrolera calculó que el incidente redujo su producción en más de 400,000 barriles durante esa semana, con pérdidas de 25 millones de dólares diarios.
Pemex investigará el incidente como parte del protocolo, pero ya adelantó que este se ocasionó durante las labores de mantenimiento que realizaban las compañías Cotemar y Bufete de Monitoreo de Condiciones e Integridad. En esa plataforma se lleva a cabo la compresión del gas que después se inyecta a los pozos, y también, mediante gas, se genera electricidad para la actividad cotidiana. Esto hace que el complejo sea especialmente vulnerable. En un video, la petrolera señala como causante del incidente una fuga de gas que entró en contacto con material caliente, lo que finalmente generó el incendio. De nuevo, una combinación de casualidad y mala suerte.
Fuentes cercanas al suceso dan a Expansión una versión similar: el problema se originó tras una fuga de gas que no logró ser controlada y que se suscitó al mismo tiempo en que se llevaba a cabo el mantenimiento. Las chispas de la soldadura que en ese momento se realizaba dieron pie al incendio. Algunos trabajadores saltaron al agua, otros lograron ser trasladados a los hoteles flotantes y otros fallecieron en medio de las llamas, de acuerdo con la versión de tres empleados de la compañía que también han pedido el anonimato.
En su comparecencia ante los medios, Octavio Romero Oropeza, el director general de la estatal, defendió que el accidente no se debió a “un problema de falta de inversión”. “No hay un problema de falta de recursos. La industria petrolera es una industria de riesgos y hemos tenido accidentes, que son numéricamente menores a los que se han tenido en años anteriores. (...) No es un tema asociado a falta de inversión, como han querido señalar, es un tema asociado al riesgo implícito que tiene la industria petrolera”, repitió. (Pemex no respondió a la petición de entrevista para este reportaje).
En su último informe anual, Pemex asegura que durante 2020 registró un índice de frecuencia de accidentes de 0.24, el más bajo de al menos los últimos 10 años, y un índice de gravedad de 12 días perdidos por millón de horas hombre, también el más bajo en la última década. Este último indicador se establece con los días perdidos como consecuencia de lesiones incapacitantes sufridas en el trabajo o por las que la petrolera pagó una indemnización por incapacidad parcial, total, permanente o por fallecimiento. Pero en lo que va de 2021, los números de la estatal se han disparado. En el primer semestre, el índice de frecuencia se ha elevado hasta 0.36 y el índice de gravedad a 21 días pérdidos. Ambos se han incrementado de manera importante, en 185% y 411%, respectivamente, en comparación con el primer semestre del año pasado, de acuerdo con el último reporte trimestral de la compañía.
Detrás de todo ello hay factores económicos. Con la pandemia, el mundo se congeló, y de inmediato hubo mucha oferta de petróleo y casi ninguna demanda. Los precios cayeron hasta tocar incluso números negativos en el mercado (es decir, que los vendedores pagaban para poder vender los futuros sobre los barriles de crudo). La mezcla mexicana tocó los -2.37 dólares en abril de 2020. Y en los períodos en que el precio internacional cae, ante la falta de recursos las petroleras suelen reducir su inversión en mantenimiento, explica Fernando Valle, analista de oil & gas de Bloomberg Intelligence. No se considera esencial o urgente para su actividad inmediata.
En sus primeros dos años, la administración del presidente López Obrador ejerció un presupuesto 38% menor al que destinó en promedio el gobierno anterior en sus últimos tres años.
El año pasado, Pemex canceló contratos de grandes compañías que se dedican a labores de mantenimiento, como las mexicanas Cotemar y Grupo R. “Es típico que el número de incidentes aumente cuando el precio del petróleo se cae, porque las empresas petroleras tienen menos capital para invertir en la seguridad y en los elementos del equipamiento. Pero las empresas de big oil, como Exxon o Chevron, o las empresas estatales, como Petrobras, ya han definido que la seguridad es lo más importante dentro de una empresa petrolera”, dice el analista de Bloomberg.
Mientras los accidentes de la petrolera han aumentado, el dinero destinado a mantenimiento se ha reducido, según los datos de la Cuenta Pública. En los dos primeros años de esta administración, Pemex ha ejercido en promedio 10,200 millones de pesos anuales en labores de mantenimiento de sus instalaciones, incluidos ductos y refinerías. La cifra es 38% menor a la cantidad que en promedio destinó de manera anual el anterior gobierno federal, equivalente a 14,500 millones de pesos anuales. En 2019, el primer año de la administración del presidente López Obrador, la cifra fue más crítica: Pemex destinó 8,918 millones de pesos a este tipo de labores, apenas el 1.9% del gasto de la petrolera durante ese año.
Para este año el panorama no es muy distinto. La petrolera contempla un presupuesto para mantenimiento de 12,929 millones de pesos, una cantidad 30% menor a la que le aprobó la Cámara de Diputados para 2020. Aunque de éste último, la compañía ejerció apenas dos terceras partes de la partida que tenía contemplada.
El presupuesto aprobado para el mantenimiento de la estatal ha registrado dos de sus cifras más bajas durante la última administración, en 2019 y 2021.
Sólo 50 días después del inicio del sexenio, una explosión derivada de una toma clandestina en el poliducto Tuxpan-Tula, en Tlahuelilpan, Hidalgo, provocó el deceso de 137 personas. En ese momento, el gobierno llevaba a cabo una estrategia para reducir los altos índices de robo de combustible.
“Por más que estaba muy claro, e incluso esta administración así lo dijo, que hay un gap (un vacío) histórico en el mantenimiento, y eso es cierto porque no es que haya pasado de ayer a hoy, a pesar de eso, tampoco se le ha dedicado mucho más dinero”, explica Raymundo Sánchez, un exconsultor de la estatal mexicana. “Los accidentes tienen diferentes causas, pero normalmente se deben a falta de inversión en mantenimiento. Si quitas por un momento Dos Bocas y ves la cantidad que se le está dedicando de presupuesto a Pemex para proyectos de inversión, y muchos de los proyectos de mantenimiento son de inversión, verías que le están dedicando mucho menos dinero desde que llegó la nueva administración”.
“Lo que sucede en las instalaciones de Pemex no es más que un descuido y no darle importancia al mantenimiento. La dirección ha admitido que no es prioridad y que se debe trabajar con las condiciones que hay y con lo que se tiene. (...) También nosotros creemos que es contrario al discurso presidencial y al mandato de proteger al trabajador”, agrega un directivo de Pemex Exploración y Producción (PEP) que habló bajo condición de anonimato.
Tras el incidente en Ku-Maloob-Zaap, la administración de la compañía aseguró que durante su mandato se creó una iniciativa para atender los riesgos no tolerables en materia de seguridad industrial y confiabilidad, a la que ha destinado 12,764 millones de pesos en todo lo que va del sexenio presidencial. Esa cifra, sin embargo, es menor a lo que se destinaba en un solo año en sexenios anteriores a labores de mantenimiento.
La versión de los empleados coincide con estas cifras. La administración de Pemex ha decidido priorizar el mantenimiento en las instalaciones prioritarias para la producción o que tienen mayor riesgo de accidentes, pero ha dejado de lado el resto de los trabajos. "Le dan mantenimiento a lo más crítico, así le llaman, actividades críticas, que son las que podrían ocasionar incidentes como éste (el del domingo 22 de agosto). Y van descuidando el otro tipo de mantenimiento, el preventivo, inclusive el predictivo. Todo lo que se hace en su mayoría es fuera de programa, es decir, correctivo", explica un empleado relacionado con las labores de mantenimiento en las plataformas.
El último informe entregado por la petrolera a su consejo de administración, correspondiente a 2020, indica que la compañía no logró, al menos durante el año pasado, cumplir ninguna de sus metas relacionadas con las reparaciones mayores de todos sus complejos. En su rubro de exploración y producción –que incluye las plataformas marítimas y terrestres– la compañía sólo cumplió con el 20% de los trabajos de reparación, tras realizar apenas 14 de 95 puntos que se había propuesto. En el segmento de refinación, llevó a cabo 50 de los 85 puntos planeados. La misma tendencia se repite en los programas de reparación de los complejos procesadores de gas, en la logística, la infraestructura de transporte y en el almacenamiento y despacho. Expansión solicitó vía Transparencia detalles de los programas de mantenimiento de la petrolera, pero no fueron entregados.
Antes del inicio de este sexenio, dentro de la estructura de la compañía se encontraba la subdirección de confiabilidad y mantenimiento, que a su vez tenía cinco gerencias: de confiabilidad de activos petrolíferos; activos de gas y petroquímica; gestión del mantenimiento y paros de planta; ingeniería de confiabilidad; e implementación de iniciativas de mejora de producción. El nuevo gobierno, en una revisión a la estructura orgánica de la compañía, eliminó esa subdirección y redujo el área encargada del mantenimiento a tres gerencias de confiabilidad que dependen de la subdirección de petrolíferos. Los trabajadores entrevistados aseguran que la medida se tomó como parte de la estrategia de austeridad promovida desde el inicio de la administración.
Entre las actividades más afectadas por esta falta de mantenimiento, destacan las refinerías. Tres meses antes del incendio en Ku-Maloob-Zaap, el 7 abril, ocurrió otra explosión en la refinería Lazaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, que causó heridas a siete trabajadores de la estatal. En un comunicado, la compañía explicó que el incidente se debió a una falla en una bomba de transferencia. Días antes de la explosión, la refinería había sido llevada a niveles máximos de producción, pues otro de los complejos, el de Salina Cruz, en Oaxaca, había reducido sus operaciones. La primera estaba sustituyendo la producción que la segunda no podía proveer en ese momento. Uno de los máximos objetivos del gobierno es aumentar la producción de combustibles y, bajo esta consigna, este tipo de decisiones son usuales, de acuerdo con los trabajadores entrevistados.
Un día antes de la explosión, el personal del Sistema Nacional de Refinación envió un correo electrónico —al que tuvo acceso Expansión— a varias áreas de la empresa para alertar que había riesgos en el funcionamiento del complejo debido al exceso de producción. Fueron ignorados. “La refinería de Minatitlán estaba bajo estrés con un alto proceso (165,000 barriles de crudo al día) y esos ya son niveles problemáticos para esa refinería. Digamos que ya era su límite operativo para las condiciones en las que está”, dice Saúl, un trabajador de Pemex relacionado con los procesos de producción de gasolina y otros combustibles de la estatal.
En los primeros 28 meses de la actual administración, las seis refinerías de Pemex han registrado un accidente cada 1.8 meses, según un análisis de la consultora energética IPD Latin America. En los últimos 28 meses del ex gobierno priista, estos incidentes se registraban cada 3.4 meses. La frecuencia casi se ha duplicado. “El poco mantenimiento que ha hecho México en años pasados sólo ha servido para mantener las operaciones básicas de las instalaciones”, señala John Padilla, el director de esta consultora.
Los dos últimos incendios relacionados con el activo de Ku-Maloob-Zaap tienen como común denominador una fuga de gas. Los trabajadores entrevistados señalan que los activos informáticos tampoco han recibido el mantenimiento correcto, y eso hace más complicado prevenir estos accidentes. El tablero SCADA (acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition, un software para controlar y supervisar procesos industriales), que tiene todos los circuitos de control de las tuberías de gas y petróleo no ha recibido mantenimiento y su funcionamiento ya no permite conocer cuándo hay una baja de presión en las tuberías. “No se le ha dado mantenimiento a los equipos informáticos y estos no están mandando las señales que indican la situación en que se encuentra la presión de cada tubería”, dice un empleado de la compañía.
A pesar de los diversos accidentes en sus instalaciones, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de supervisar y regular la seguridad de las instalaciones petroleras, ha evitado sancionar a Pemex en los últimos años. De acuerdo con información obtenida vía Transparencia, la petrolera estatal sumó multas por 4.54 millones de pesos entre 2015 y 2017 por incumplimiento de la legislación en temas de seguridad industrial. A partir de 2018, Pemex no registra ninguna otra sanción por parte del regulador creado tras la reforma de 2014. Expansión buscó a la ASEA para entrevista, sin recibir respuesta. "No hay un diseño institucional adecuado en materia de protección ambiental y seguridad industrial. La ASEA no tiene la fuerza que tienen la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía. Hay un mal diseño institucional, Pemex se está autorregulando en la práctica", dice Fluvio Ruiz, un exconsejero de la petrolera estatal.
Ku Maloob Zaap, el activo más importante para la producción de Pemex, ha registrado dos incidentes mayores en menos de dos meses. El último, en la instalación E-Ku-A2, redujo la producción de la compañía en alrededor de 400,000 barriles por una semana.
La falta de mantenimiento no es la única causa del aumento de los accidentes. Silvia Ramos Luna, secretaria general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), uno de los sindicatos de trabajadores de Pemex, destaca también las “jornadas laborales extenuantes” y el “nepotismo”. “Los que nos quedamos a trabajar, la mayoría tuvo que hacer doble turno. Podemos decir que la política de Pemex (durante la pandemia) fue no correr gente, pero también no cubrir plazas. Y las sobrecargas de trabajo provocan accidentes, y sin descanso semanal, te cansas. Para las circunstancias en que hemos estado trabajando, creemos que Dios es petrolero, porque nos salva de cada cosa”, comenta.
En cuanto al nepotismo, que provoca que haya personas sin la cualificación necesaria en puestos de responsabilidad, es un problema viejo. Pero muchos pensaron que la administración de López Obrador le pondría fin. “Lo que nos pasó es que era muy alta nuestra expectativa —dice Ramos Luna—, pero lo que no esperábamos es que nos llegara gente sin el perfil, sin experiencia, sin conocimiento. Cuando tienes el perfil, conoces los procesos. Pero es criminal, no puedes tener a gente así. Están actuando en gran parte igual (que anteriores administraciones)”. Según cuenta como ejemplo, en el área de seguridad física en la refinería de Tula hay un expolicía que ocupa un cargo “altísimo”, sin ningún conocimiento técnico.
Expansión tuvo acceso a las bitácoras que Pemex elabora tras cada incidente. Allí se muestra que muchos accidentes fueron producto de descuidos humanos: las lesiones se derivaron de flamazos, quemaduras, contusiones y heridas sufridas principalmente por obreros no especializados, no por ingenieros o técnicos petroleros.
Los empleados al interior de la compañía señalan que muchos de estos accidentes se deben a la falta de experiencia y capacitación de los nuevos elementos de la petrolera. Desde que inició la actual administración, se han recortado más de 2,000 empleados de la plantilla laboral, entre ellos cerca de 600 profesionistas con décadas de experiencia en la petrolera, de acuerdo con el sindicato de Pemex. En 2018, la petrolera tenía 124,818 plazas ocupadas. Para 2019, el último dato dado a conocer, la nómina ya se había reducido a 122,646.
Y las condiciones del personal de confianza de la compañía, principalmente técnicos e ingenieros, han empeorado, dicen las fuentes. Han sufrido bajas de sueldo, recortes de prestaciones y un aumento en la carga de trabajo. Un documento visto por Expansión y dirigido a Miguel Becerra Lapeyre, exdirector general de Pemex Transformación Industrial, revela que durante 2019 algunos empleados de la compañía fueron forzados a aceptar un “descenso laboral compatible con su perfil laboral”.
Un ejemplo de todo esto es el de Salomón Torres, un ingeniero en sistemas que tenía 28 años trabajando en la petrolera. Era subgerente de seguridad de información y llevaba temas normativos de ciberseguridad. Según cuenta, en 2019 “hubo hostigamiento de manera institucional para bajar los salarios”. Se negó y buscó una estrategia legal. Al mismo tiempo, se afilió a la UNTyPP. Un día de febrero del año 2020, llegaron las represalias: por la tarde, dos personas le impidieron entrar a su oficina en la Torre Pemex y le notificaron que a partir de ese momento ya no laboraba ahí. Todavía no ha sido indemnizado ni le han dado las razones del despido, afirma.
Fotos: Cuartoscuro
La petrolera enfrenta otro problema que se ha agravado en los últimos años: el gran endeudamiento que tiene con sus proveedores, quienes incluso han desistido de trabajar con la compañía debido a la falta de pago. “Los contratistas ya no quieren trabajar con Pemex, los tiempos de pago son muy largos y ni siquiera son seguros. Las labores de mantenimiento las han tomado los trabajadores”, destaca el directivo de PEP. Un listado de la empresa revela que, hasta julio de este año, debe cerca de 6,500 millones de pesos a los proveedores de todas sus subsidiarias.
Al inicio del sexenio, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, aseguró que los propios trabajadores de Pemex tomarían a su cargo las labores de mantenimiento y modernización de las refinerías para evitar costosos contratos con otras empresas. En la práctica, esto ha causado numerosas dificultades, según las fuentes. El sindicato ha denunciado rezagos en la atención y operación de los complejos, falta de insumos para operar las plantas y ausencia de equipo de protección. "Hoy la empresa se encuentra en serios problemas, por lo que resulta urgente realizar acciones que ayuden a resolver la situación que se presenta, y una de esas es precisamente el cumplimiento del pacto laboral que nos obliga tanto a la administración como al sindicato a sumar esfuerzos y hacer de Petróleos Mexicanos la empresa orgullo de todos los mexicanos", dice el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en una carta dirigida al director general.
Un empleado del complejo industrial de Cosoleacaque, en Veracruz, cuenta a Expansión que desde el inicio del sexenio los trabajadores han tenido que costear su propio material de seguridad, como las botas y los overoles necesarios para operar las instalaciones de alto riesgo. Personal de las plataformas de Ku-Maloob-Zaap, en donde ocurrió el último incidente de la compañía, confirmaron esta versión y aseguran que el material de protección que les provee la petrolera es de muy mala calidad, por lo cual deben comprar su propio material de trabajo.
“En las áreas de mantenimiento, ellos (los empleados) muchas veces terminan haciendo la 'vaca' para comprar alguna herramienta, para poner la gasolina a una camioneta y que vaya el equipo a hacer la reparación. La situación sí está crítica”, dice Julio César Velázquez, un exempleado de la estatal y académico del Instituto Politécnico Nacional. “De por sí el mantenimiento era ya muy precario, y ahora la verdad es bastante más complicado”.
A Armando Ramírez no le pareció casualidad que el 30 de abril cayera una granizada que matara a sus 350 gallinas. Finalmente, su hijo Pepe las había llevado hasta Tlaxcoapan, así que el día que lo enterraron, ellas se fueron con él: fallecieron cuando la lluvia penetró el corral y les trajo una neumonía instantánea. “Yo enterrando a mi hijo, granizó: una tempestad que inundó el espacio y las fulminó”, recuerda.
Esa tarde, mientras las gallinas de Pepe morían, él era enterrado por fin. Había pasado tres meses en la plancha de una morgue esperando a que llegara el estudio de ADN que confirmaría que era su cuerpo. Porque después de la explosión, nadie tenía la certeza de que fuera Pepe Ramírez. De él no quedaba nada. “Ese día se acabó todo. Yo en ese momento pensaba, lo importante es que te estoy dando cristiana sepultura”, dice Armando.
Unos meses antes, el joven de 25 años había ganado un apoyo productivo para montar una granja de huevos en Tlaxcoapan. Aquel 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, un poblado cercano a su casa, Pepe vio que la gente se aglomeraba para rellenar botes de una fuga de gasolina que brotaba del suelo. Pensó que con 15 litros y la ayuda de dos de sus amigos podría entregar los pedidos de huevos que tenía pendientes en la zona.
Y es que esas semanas, el actual gobierno había encabezado un plan para combatir las redes de robo de combustible, el “huachicoleo”. La estrategia fue cerrar las válvulas de cuatro oleoductos, lo que generó una escasez de gasolina en algunos puntos del centro del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan como “estratégico, necesario y urgente”. Entró en marcha rápidamente: el gobierno federal anunciaba con él su intención de terminar con esta actividad para obtener más recursos para la estatal Pemex, la gran apuesta del sexenio.
En los primeros días de enero, una gran parte del país ya estaba sumergida en el desabasto de gasolinas. Llegaron las compras de pánico. Las estaciones de servicio se llenaron de filas que se extendían por horas, la gente salía de casa en la madrugada para llenar los tanques de sus automóviles.
Hidalgo no fue la excepción. El desabasto de gasolinas afectó la región desde el 7 de enero y la necesidad de los habitantes ya era evidente.
Pepe murió cuando explotó una toma clandestina de gasolina en el poliducto de 14”Ø Tuxpan-Tula, ubicada en las inmediaciones del ejido San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan. Un lugar donde apenas viven 19,000 personas. Murieron 137 y otras 81 fueron hospitalizadas por quemaduras.
“Las últimas palabras que recuerdo son: ‘Ahorita regresamos, no tardamos'' ', cuenta Armando Ramírez, su padre, quien los esperó en el coche. Todo “se volvió raro”, dice. A eso de las cinco de la tarde comenzaron a salir camionetas y pickups con hombres y botes de gasolina. “Recuerdo que le pregunté a alguien de la Guardia Nacional y me dijo que se retiraban porque las cosas se estaban saliendo de control. En ese momento me preocupé y decidí ir a buscarlos, y pues la verdad un olor fuertísimo. Era un desastre porque la mayoría de la gente cercana a la fuga ya estaba fuera de sí. Había gente tirada, intoxicada, ya la fuga era de unos 10 metros de altura”, cuenta.
Fue buscando a su hijo y a sus dos amigos cuando escuchó la explosión. El cielo se oscureció. Aún recuerda los cuerpos corriendo en llamas. Una mujer que se acercó lloraba y le pedía ayuda para trasladar a su esposo, que tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo. “Pero yo lloraba y le decía: es que yo también estoy buscando a mis hijos, no puedo hacer nada por ti, perdóname. Pero por más que busqué nunca los vi”.
Entonces empezó el peregrinar. Buscaron entre los cuerpos apilados en la zona, en hospitales de Hidalgo y Ciudad de México. Durante tres meses se realizaron investigaciones de ADN. Los cuerpos irreconocibles los obligaron a pasar por el proceso burocrático. “Finalmente, el día 29 de abril ya se había hecho la identificación de la mayoría de los desaparecidos y ya fue cuando asistimos después de ese largo proceso a Pachuca, que fue donde lo entregaron. Ahí fue el traslado hacia donde pertenecía: con su familia”.
Gonzalo Hernández Reyes también murió tras la explosión en Tlahuelilpan. El hombre de 41 años falleció 15 días después de estar internado en un hospital de Tula. Las quemaduras habían invadido su cuerpo.
Hernández se acercó la tarde de ese sábado a recoger un poco de gasolina, que utilizaba como insumo en su oficio. Era carnicero. Mayra Estrada, la madre de tres de sus hijos, cuenta que Gonzalo se acercó al lugar de la explosión en busca de combustible para llevar alimento a sus animales y transportar la carne que vendía.
“En ese momento estaba el gasolinazo o la escasez de gasolina, ¿Recuerdas? Ya todos estaban desesperados”, cuenta. “No fue porque hayan querido ir a robar, porque si hubiera sido eso desde antes lo hubiesen hecho. En ese momento estaba lo de la escasez, entonces muchas personas fueron por eso, por necesidad. Muchos trabajan (dando servicio) de transporte público. Muchos estaban obligados por la situación a ir”, dice Mayra con una voz entrecortada. “El papá de mis hijos fue por eso, porque no había gasolina, él dependía de moverse de un lado a otro. No fue porque haya querido robar, simplemente en ese momento estaban desesperados, de eso dependían sus ingresos”.
A más de dos años de la explosión, la resolución no está clara. La responsabilidad no se ha fincado a Pemex ni a los supuestos responsables de la fuga.
En enero del año pasado, un punto de acuerdo en el Senado exhortaba a que las víctimas fueran inscritas en Registro Federal de Víctimas o en el Registro Nacional de Víctimas, ambos dependientes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Hasta ahora, no ha sucedido. “En consecuencia, ninguna ha sido atendida por dicha comisión, con lo que permanecen en un estado de indefensión y de permanente violación a sus derechos consagrados en la Ley General de Víctimas”, se lee en un documento del Congreso.
La explosión de Tlahuelilpan fue la primera del sexenio. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierto un proceso de investigación respecto a los posibles retrasos por parte del personal de Pemex en la atención a la fuga de combustible.
El mismo fiscal Alejandro Gertz Manero ha revelado que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa y la situación que se vivió. La oposición, en varias iniciativas legislativas, piden a la Fiscalía que contemple el desabasto de combustible y la psicosis generada entre la población como una de las principales causantes de la tragedia. También piden a las coordinaciones de Protección Civil que informen sobre las razones por las cuales no ejecutaron las medidas y protocolos de seguridad, y a la petrolera estatal que dé a conocer por qué no actuó de manera rápida ante la fuga en su ducto y por qué decidió no cerrar las válvulas que conducían la gasolina al lugar de la explosión.
Hasta ahora, las familias han recibido 15,000 pesos para cubrir los gastos funerarios de quienes perdieron la vida. Y Mayra recibe una beca escolar bimestral para uno de sus tres hijos. No da detalles de cuál es el monto, pero se queja de que muchas veces llega meses después de lo prometido.
Las familias de Tlahuelilpan han comenzado una lucha legal en contra de Mapfre, la aseguradora a la que le fue adjudicada la póliza contra accidentes que Pemex contrató para el actual sexenio. Lo último que se les ha informado a las familias es la disponibilidad de la aseguradora para llegar a un acuerdo, pero la emergencia sanitaria por coronavirus ha retardado todo el proceso y aún continúan esperando.
Tlahuelilpan quedó marcada. La explosión del ducto dejó una herida abierta entre la población. A partir de ahí, sus habitantes se han vuelto más temerosos y se rehúsan a que sobre ellos caiga el estigma de haber robado gasolina. “Todo fue por necesidad”, dice repetidamente Mayra.
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