Jaime Rodríguez Calderón se convirtió en 2015 en el primer gobernador independiente del país. Su campaña la hizo principalmente en redes sociales y logró arrebatar el estado al PRI. Llegó al poder con un discurso antisistema, a pesar de que él mismo militó y ocupó cargos dentro del tricolor.

Asumió el gobierno con un gran listado de promesas y el compromiso de que no dejaría su oficina para buscar otro cargo, pues consideraba ‘el chapulineo’ como algo “inmoral”. Sin embargo, con apenas 26 meses en el poder pidió licencia para contender por la presidencia. Su salida provocó críticas por haber dejado a medias el gobierno y también por incumplimientos de su administración.

Uno de los rubros con los que la ciudadanía se mostró descontenta fue el combate a la inseguridad y a la corrupción. En los primeros años de su gestión se incrementaron los delitos de alto impacto, algo que él reconoció e incluso anunció que pediría ayuda en EU.

Ha sido señalado por no combatir las irregularidades cometidas por su antecesor, Rodrigo Medina, contra quien la justicia de Nuevo León emprendió un proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial.

El primer escándalo de su administración independiente en Nuevo León fue  bautizado como el “Cobijagate” y ocurrió en 2016. Se trató de una adquisición de 200,000 cobertores con un costo de 29 millones de pesos, lo que equivaldría al triple de su valor real. La Auditoría Superior del Estado determinó que la compra incluso pudo haberse simulado, por lo que en octubre de 2017 anunció que alistaba denuncias penales por este caso.

La violencia en las cárceles de Nuevo León es otro de los tropiezos del gobierno de Rodríguez Calderón. Hasta octubre del año pasado se contabilizaron 74 asesinatos dentro de los penales estatales, las cuales se registraron en motines y riñas que tuvieron lugar durante los dos años de gobierno del aspirante presidencial.

El escándalo actual es la forma en que llegó a la candidatura presidencial independiente, pues a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó muchas de las firmas ciudadana que presentó como respaldo, más de 1 millón resultaron irregulares, pero una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo metió a la boleta electoral en medio de cuestionamientos a los magistrados.

La declaración patrimonial del ‘Bronco’ data de 2014, año en que compitió por  la gubernatura del estado y hasta el momento no ha sido actualizada.

Jaime Rodríguez prometió que no dejaría la gubernatura de Nuevo León hasta concluir su periodo como gobernante, pero no fue así. En octubre del año pasado confirmó que buscaría la presidencia por la vía independiente y solicitó licencia en diciembre para arrancar con la recolección de apoyos ciudadanos.

En ese proceso, que estuvo inmerso en la polémica, se gastó 19.1 millones de pesos que fueron aportados por amigos, exfuncionarios de su gobierno y él mismo. El 18 de marzo, a pesar de que el INE había dicho que sólo Margarita Zavala había logrado las firmas, el ‘Bronco’ solicitó el registro en medio de señalamientos por anomalías como simulación de credenciales, uso de recursos públicos y pagos no comprobados, así como uso de empresas fantasma. El candidato llevó el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien en un falló que generó críticas y sospechas le dio su aval para entrar en la contienda, en la que las encuestas lo colocan en la última posición de las preferencias electorales.