La vida en los alrededores del AIFA

Esmeralda y su familia terminaron de construir su nueva casa en 2019, tras años de trabajo, esfuerzo y deudas que siguen pagando.

La casa se ubica en la colonia Valle Verde, en el municipio de Santa María Tonanitla en el Estado de México. Es un inmueble sencillo de dos pisos, rodeado de campos para siembra de maíz, corrales de pollos y vacas.

Esmerada había escuchado de la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se construiría cerca a su casa, pero no fue hasta que el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tocó su puerta, que el proyecto se convirtió en el tema más importante en su vida: su casa recién terminada se encuentra en el trazo de la vialidad que conectará el Circuito Exterior Mexiquense con la terminal aérea y debe ser derribada.

A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure una de sus obras emblemáticas, Esmeralda vive con trabajadores y maquinaria cerca de su casa y viendo el avance de obras, mientras mantiene negociaciones para con el gobierno para la indemnización de su vivienda.

“Ellos dicen que nos van a indemnizar, que es un pago justo, desafortunadamente, con lo que ellos nos dan, no conseguimos una vivienda con estas características. Para nosotros es triste, no nos oponemos a su obra, simplemente que sea una indemnización más justa”, expresa la mujer quien vive con su esposo, cuatro hijos y dos nietos.

En una situación similar se encuentran, al menos, nueve familias más de esa misma zona, a algunos ya lo indemnizaron y otros más siguen en pugna con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), pues los pobladores señalan que lo ofrecido por sus casas según está por debajo de lo que cuestan, además que el recurso otorgado ya no les alcanza para comprar un terreno en ese mismo municipio porque los precios se elevaron producto de las obras del nuevo aeropuerto.

A los pobladores de localidades como Santa María Tonanitla, San Miguel Jaltocan, San Lucas Xolox o Los Reyes Acozac, pertenecientes a Tecámac y Zumpango —los municipios más cercanos al AIFA—, si bien están familiarizados con el sonido de algunas aeronaves por la base aérea de Santa Lucía, los asalta la incertidumbre de cómo será convivir con el sonido que emiten los aviones comerciales varias veces al día.

A partir de este lunes, estas familias renunciarán a la tranquilidad en la viven actualmente, pues además del ruido, saben que vendrá la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios e instalación de empresas, que si bien generarán empleos y movimiento de la economía, también generará una sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Desde que el 17 de octubre de 2019, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a las obras del aeropuerto, cuya construcción estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las miradas están puestas en el arranque de operaciones de la nueva terminal aérea, pues el presidente ofreció su propio nombre como garantía para llegar con la terminal aérea terminada este 21 de marzo, día del Natalicio de Benito Juárez, su figura política.

El inicio de las obras significaron un oasis en la economía de algunas de las familias de estos pueblos, pues ni con la pandemia del COVID-19 las obras pararon, y eso les dio oportunidad de ofrecer producto y servicio a los cientos de trabajadores que llegaron a la obras y se convirtió en un respiro ante la pérdida de sus empleos por la emergencia sanitaria.

Pero en los alrededores del AIFA, hay familias a quienes la obra, les representó un afectación directa, pues sus casas fueron expropiadas porque se ubican en el trazo del Viaducto Tonanitla, una vía de 13 kilómetros de acceso libre desde la autopista México - Pachuca al nuevo Aeropuerto que estaba programada para su inauguración en febrero de 2022, pero que se retrasó por conflictos con ejidatarios y pobladores.

La mayor parte de la colonia Verde Valle en Santa María Tonanitla está destinada al campo, pocas son las vialidades pavimentadas y las casas que ahí se encuentran son de las familias de los agricultores, todas, están edificadas a siete o diez metros de distancia de la calle principal, previendo que en algún momento esta pudiera ampliarse.

Debajo de la ligera sombra de un árbol de pirúl, Tomasa Martinez, cuenta con lágrimas y voz entrecortada, que durante 20 años, producto del trabajo en la agricultura y un taller de costura, lograron iniciar la construcción de su casa.

Por su vivienda el INDAABIN le pagó 850,000 pesos por los 600 metros cuadrados que tenía su casa, sin embargo, el reclamo de Tomasa a la autoridad federal es que este precio no incluye un terreno similar que servía como tierra de cultivo.

A cambio de que la familia Martínez accediera a ceder su vivienda, el INDAABIN ofreció un apoyo adicional para la compra de muebles o materiales de construcción. Esta familia compró un terreno de 300 metros cuadrados por los 850,000 de su indemnización en otra parte de Tonanitla, sin embargo, la casa tendrán que construirla desde cero.

Pero ya con el terreno adquirido, el apoyo prometido nunca llegó debido a que en una supervisión de personal del INDAABIN manifestó que por el taller de costura, se debía tomar el inmueble como de uso industrial y no habitacional.

“Pero no me voy a salir y así echenme las máquinas encima no me voy a salir hasta que me den lo de mi tierra, porque no se las robé, a nadie se las quité, ni fui paracaidista nos costó para tener lo que tenemos, para que ahora venga el gobierno y me diga que voy para afuera ¿nada más porque ellos dicen?

A 100 metros de distancia, se ubica la casa de Esmeralda, que a simple vista se nota su reciente construcción, que les costó años de trabajo en el campo por la siembra y cosecha de maíz, producción del huevo y leche que la vende a una cremería en el centro de Tonanitla a cinco pesos el litro.

Para la construcción de su casa, esta familia tuvo que adquirir deudas que no están nada cerca de ser liquidadas. Por este inmueble, si bien se ofrecen 2.5 millones de pesos, Esmeralda asegura que no le alcanza pues no compraría una casa igual por ese precio, únicamente el terreno y sus deudas no alcanzan a cubrirse.

“Hay obras allá atrás, de empresas grandes que si tienen el recurso, que no las están tirando, las están librando (con el viaducto Tonanitla), entonces, ¿ellos sí se pueden? porque ellos si tienen el recurso, entonces no somos primero los pobres, siempre los pobres vamos a salir perdiendo.”

Tanto Esmeralda como Tomasa lanzan la misma pregunta: ¿por qué de las afectaciones a sus viviendas, cuando hay terrenos que pueden ser utilizados sin afectar a terceros? No hay respuesta. Para ellas, el inicio de operaciones del Aeropuerto de Santa Lucía significará una mayor presión para dejar sus casas, enfrentarse a procesos legales, que no están seguras de poder ganar.

En los pueblos de alrededor, la construcción del AIFA fue aprovechada por pobladores que se ubican en las puertas de acceso a las obras, donde miles de trabajadores llegaban en sus diferentes turnos, necesitados de comida o servicios específicos.

Así, los vecinos abrieron sus casas y ofrecieron comida corrida, tacos y quesadillas, licuados. Otros convirtieron sus patios en estacionamientos de motocicletas y bicicletas por 30 y 10 pesos por turno y otros más comenzaron a rentar espacios para dormir con solo una cama o espacios compartidos con hasta 10 personas por 400 pesos al mes.

Carmen Caballero es una arquitecta de profesión, quien fundó una empresa dedicada a remodelar casas hace una década, pero la pandemia frenó sus operaciones y ante la necesidad de ingreso instaló una tiendita de abarrotes en un terreno cercano a la puerta 1-TER del aeropuerto -principal acceso a las obras- del lado de la carretera federal a Pachuca.

La arquitecta cuenta que la tiendita le genera pocas ganancias, pero fue un respiro durante la emergencia sanitaria.

Como ella, diversos pobladores de Tecámac se establecieron en un terreno, que dicen, primero fue ofrecido por la entonces candidata a la reelección del municipio de Tecámac, Mariela Gutiérrez del partido Morena, quien incluso prometió islas para venta de productos dentro de la terminal aérea. Tras ganar la elección, la veintena de comerciantes fueron retirados del espacio.

En los Reyes Acozac y San Lucas Xolox de municipio de Tecámac, Estado de México que se ubican cerca de la puerta que será el acceso principal de Servicios Aéreos, se crearon bases de taxis y rutas de transporte foráneo que trasladan de manera directa a decenas de trabajadores a estados como Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala quienes van a ver sus familias el fin de semana y los regresan al trabajo.

El desarrollo inmobiliario se hace presente, pues hay decenas de letreros que ofrecen terrenos de hasta 2,500 pesos el metro cuadrado, cuyo atractivo es estar muy cerca del aeropuerto.

Una de las mayores preocupaciones de los habitantes de las comunidades cercanas al AIFA es el abasto de agua. Las dudas de los ciudadanos incluso quedaron plasmadas en el informe final de la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra, que fue realizada por la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

“Existe una tensión por el (agua), ya que se visualizaron mantas que hacen alusión al derecho del agua por parte de los pobladores originarios y su uso para agricultura. Algunas personas manifiestan que existe celo de la población local hacia los habitantes de los fraccionamientos. La percepción es que les quitan el recurso. El agua puede ser uno de los recursos que desencadene problemas sociales en la zona”, se lee en la página 550 del informe realizado en 2019.

La asociación civil “Agua Para Todos” que reúne a especialistas y responsables de sistemas comunitarios de agua potable en Tecámac y Zumpango, advirtió que aún sin haber iniciado la construcción del aeropuerto en 2018 la Comisión Nacional del Agua reveló que ya existía un déficit de 106.04 metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a llenar 106 veces el estadio azteca.

Lizbeth Anabel Laguna Leal, miembro de la asociación, advierte que con el AIFA, vendrá una mayor explotación de desarrollos inmobiliarios, pues se calculan que ya están en proceso de construcción 70,000 nuevas casas y departamentos en inmediaciones de la terminal aérea.

En San Lucas Xolox se ubica uno los pocos sistemas comunitarios de agua potable que trabaja para más de 7,000 habitantes, su responsable, Nicanor García advierte que los pozos perforados, no son solo para abastecer al AIFA; sino para los museos, centros comerciales y unidades habitacionales militares en terrenos de Santa Lucía son hechos a mayor profundidad.

“El manto acuífero está muy sobreexplotado, lo que llueve no alcanza a cubrir lo que se extrajo y así año con año, se dice que van a traer agua de otros lados, pero a costa de quitarles el recurso a otras comunidades”

Para pobladores de municipios cercanos al AIFA, una primera etapa fue la construcción, pero otra, será su puesta en operación que implica una mayor concentración de personas y tráfico, pero también vibraciones y ruido por el despegue de las aeronaves, algo a lo que no estaban acostumbrados, pero con lo que desde este lunes, deberán convivir a diario.