Lo único que queda hoy del glaciar de Ayoloco, en el Iztaccíhuatl, es una placa. En abril del año pasado, un grupo de investigadores, vulcanólogos y montañistas subieron a 4,626 metros sobre el nivel del mar, en donde hasta 2018 se ubicaba este cuerpo de agua, e instalaron un recordatorio de acero.

“A las generaciones futuras: aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos”, señala el mensaje colocado en la panza del volcán.

La evidencia es contundente y lo que hace unos 25 años parecía impensable, cada vez está más cerca. Uno de los mayores esfuerzos para frenar el cambio climático que se han realizado a nivel internacional fue el Protocolo de Kioto, que se aprobó en diciembre de 1997, pero no fue hasta febrero de 2005 cuando entró en vigor.

Este protocolo, que nació en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue el primer acuerdo internacional que estableció objetivos de reducción de emisiones netas en fechas determinadas, como lograr para 2012 una reducción de las emisiones del 5% en comparación con los niveles de 1990.

Para que los países lograran las metas, el Protocolo de Kioto estableció “mecanismos de mercado flexibles, que se basan en el comercio de permisos de emisión”, señala Naciones Unidas. Es el Comercio Internacional de Emisiones, en el que se creó una nueva mercancía en forma de reducciones de emisiones, los llamados bonos de carbono.

Su funcionamiento es relativamente sencillo. Una entidad, que puede ser desde una empresa hasta una comunidad, desarrolla algún proyecto con el que se reducen emisiones (por ejemplo, una estrategia de reforestación, eficiencia energética o manejo de agua) y las pone a disposición en un mercado de reducciones. Las empresas que producen emisiones compran esas reducciones. Una tercera firma actúa como intermediario y se encarga de verificar los proyectos, medir las reducciones y emitir los bonos de carbono, explica Eduardo Piquero, director general de MéxiCO₂, una firma que desarrolla mercados ambientales.

La compra de los bonos de carbono no es la única manera que tienen las empresas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, lo pueden hacer con medidas propias de su operación, como cambiar su flotilla por vehículos híbridos o usar celdas solares en los edificios. “Sin embargo, hay un tope para esto. Hay un punto en donde ya las empresas no pueden reducir más. En ese momento es en donde tienen acceso a adquirir estos bonos. Hay que ver el tema de los bonos como una herramienta más para la mitigación, no es la única y tampoco debe ser la primera opción, porque eso no facilitará el atender el cambio climático en el mediano o largo plazos”, dice Jessica Jiménez, directora de Sostenibilidad de KPMG en México.

Una de las principales críticas de los ambientalistas a los bonos de carbono es que las empresas los usan para que en el balance de sus emisiones se vea una reducción. “Aunque la intención es buena, creo que no estamos encontrando el mecanismo adecuado. Con este le das permiso a las empresas de seguir contaminando, lejos de incentivar a que busquen una alternativa tecnológica o modifiquen sus sistemas de producción”, dice Marco Raúl Hernández Castañeda, doctor en Ciencias Ambientales.

Para el especialista, el problema no solo viene del lado de la empresa, sino también de las comunidades. “Si va a ayudar de alguna manera a modificar cómo ese grupo social ve esos recursos naturales, sería bueno; desafortunadamente, lo que hemos visto es que las personas dicen: ‘Tengo cierto número de árboles y no los voy a cortar, págame hoy, pero dentro de tres años yo los corto, porque mi negocio es vender muebles’. No se modificó en nada. La empresa justificó contaminar y las personas no modificaron sus mecanismos de producción. Es como ponerle un curita a una hemorragia interna”, dice.

Otra de las grandes críticas es que solo entre 10 y 20% de los ingresos de la venta de un bono de carbono llega a los dueños de la tierra. “Un bono, lejos de financiar acción climática, financia una larga cadena de intermediarios, brókers, consultores”, dice Santiago Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de Toroto, una start-up especializada en el mercado de carbono y soluciones basadas en la naturaleza.

Sin embargo, Carlos de Regules, socio de Energía y Recursos Naturales de Deloitte, considera que son un buen mecanismo porque introducen una señal de precio a las emisiones. “Cuando sabes cuánto te cuestan las cosas, las puedes planear, presupuestar, programar y entonces ocurren las cosas”, dice. Por ejemplo, si una empresa tiene el objetivo de eliminar sus emisiones, puede saber cuánto le va a costar una nueva tecnología para reducirlas, pero no tiene un punto de comparación de esa inversión que va a realizar. En cambio, si la tonelada de carbono tiene un precio establecido, puede comparar y elegir lo que le resulte mejor, ya sea cambiar la tecnología o comprar bonos de carbono para lograr sus objetivos.

El comercio de emisiones tiene años funcionando a nivel internacional, pero en los últimos dos ha crecido como nunca. No se debe a que de pronto las empresas tomaron conciencia, sino a un inesperado aliado del medioambiente: los inversionistas, que están exigiendo que las compañías tengan metas claras y que estén comprometidas con los valores ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo), un factor impulsado por una creciente conciencia de las personas, que demandan productos menos contaminantes y compañías más transparentes.

“La presión que están ejerciendo sobre las empresas ya no viene de grupos ambientalistas o de esfuerzos voluntarios bajo Naciones Unidas. Ni siquiera de algunos esfuerzos de los gobiernos. Viene del mundo financiero y eso sí duele, porque si una empresa pierde su acceso a financiamiento, esa empresa muere”, comenta De Regules.

Quizás uno de los que mayor impacto ha causado es BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión a nivel mundial, que administra alrededor de 10 billones de dólares, poco menos de la mitad del PIB de Estados Unidos, la mayor economía del mundo. La firma suele ser uno de los principales accionistas de muchas empresas y, desde hace algunos años, Larry Fink, su director general, ofrece un mensaje contundente en su carta anual a directivos: el riesgo climático es un riesgo de inversión. Obedeciendo a esos valores ASG, la compañía tiene el objetivo de dejar de invertir totalmente en empresas contaminantes en 2050.

A nivel internacional, cada vez son más las compañías que trazan estrategias para reducir sus emisiones, pero México aún está en sus primeros pasos. Si bien los grandes corporativos, especialmente, los que tienen operaciones fuera del país, van más avanzados en la adopción de criterios ASG, el resto está rezagado. Ejemplo de ello es que el mercado de bonos de carbono todavía es voluntario.

Existen dos tipos de mercados: regulados y voluntarios. De Regules explica que, en los primeros, los participantes tienen obligaciones de ley para reducir sus emisiones y tienen un tope máximo al que puedan llegar. Si rebasan ese nivel, pueden comprar las reducciones de otro participante que haya logrado ‘secuestrar’ las suyas más allá del tope impuesto. En un mercado voluntario, como el de México, no hay metas obligatorias.

En enero de 2020 entró en operación el Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que participan las instalaciones con emisiones de más de 100,000 toneladas de dióxido de carbono. Y aplica para las actividades de sectores como el de energía, automotriz, industria cementera, química y siderúrgica, entre otras.

La primera fase piloto concluye este año. “Ahí hay entre 60 y 70 empresas mexicanas muy grandes que emiten mucho a la atmósfera y están comprando estas reducciones de emisiones”, dice Piquero, de MéxiCO₂. Pero no son las únicas que compran, también hay extranjeras, que buscan cualquier tipo de proyecto porque en el mundo hay una escasez de reducciones de emisiones.

Como todo mercado, el de comercio de emisiones también tiene sus riesgos. Uno de ellos es contabilizar algún proceso o proyecto como reducción de emisiones y que no lo sea. Para eso existen tres niveles para certificar su integridad ambiental: la empresa, que mide su reducción de emisiones, la firma que las verifica y, por último, una agencia que emite el estándar y que revisa todo nuevamente.

También está el papel del mercado. “Hace de juez y no paga lo mismo por una reducción de emisiones que viene de la selva yucateca o de una empresa que cambia de combustibles. Es más, te diría que ya casi no entras al mercado de carbono si eres una empresa que cambia de combustibles, no porque no puedas, sino porque el mercado no te lo va a comprar”, asegura Piquero. Y es que, al igual que otros mercados, el precio aquí se define por oferta y demanda.

Otro de los riesgos tiene que ver con un término que está en boga: el greenwashing o ecoblanqueo, una forma de marketing que hace creer que la empresa está comprometida en temas ambientales, cuando realmente no es así. En este caso, una compañía puede anunciar que adquirió cierto número de bonos, pero debe existir la certeza y la garantía de que esos instrumentos realmente redujeron cierto número de emisiones.

Ambos riesgos pueden ser mitigados con regulaciones que establezcan los estándares de calidad de los bonos y las metodologías para verificarlos, algo así como lo que sucede con las calificaciones de crédito de las empresas emitidas por firmas como Standard & Poor’s o Fitch Ratings.

La tecnología también puede ser clave para la regulación. Toroto lanzó en marzo el Meta Registro, una plataforma que pretende transparentar y dar trazabilidad y robustez al mercado de carbono, pues cada tonelada que se secuestra en un bosque está georreferenciada en forma de una tesela. “Cuando una empresa adquiere esos bonos de carbono, se genera un registro en el blockchain, lo que hace imposible que mienta sobre el precio al que compró o decir que los compró y no lo hizo”, afirma el CEO de la start-up.

México es un país rico en biodiversidad. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se ubica en la quinta posición, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia, de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, pierde 200,000 hectáreas de bosques al año, según la Alianza México REDD+.

Los bonos de carbono son también una manera de preservar la biodiversidad, pero el mercado es aún incipiente. Actualmente, existen 282 proyectos registrados, 6% de los que tiene China, según datos de MéxiCO₂. La oportunidad está ahí. “México es un país que está llamado a ser un gran proveedor en el mercado de carbono”, dice Piquero, quien ve potencial en los manglares, arrecifes y desiertos. ¿El problema? “La propiedad de la tierra está atomizada. Y esa es una barrera grande para negociar estas reducciones de emisiones”, afirma.

En México, más de la mitad del territorio nacional son ejidos o comunidades, y al igual que pasa con otras materias primas del campo, “el intermediarismo y el coyotaje también existe en el mercado de carbono. [Y al final] los más perjudicados con los malos actores del mercado son los dueños de la tierra”, dice Espinosa de los Monteros.

La solución de Toroto no solo ofrece trazabilidad a las empresas que compran bonos, sino también a las personas que son dueñas de la tierra. Cualquier compañía que compre bonos de carbono o cualquier ejido que los produzca puede pedir subir su proyecto al Meta Registro. La start-up tiene convenios cerrados y activos con más de 30 ejidos en más de 320,000 hectáreas, que representan poco más del doble del territorio de la Ciudad de México. Y en los últimos 12 meses ha secuestrado arriba de 500,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. “Son como seis o siete plantas cerveceras grandes”, asegura Espinosa de los Monteros.

“El uso de tecnologías como el blockchain puede darle toda la certeza al mercado acerca de la integridad de instrumentos como el bono de carbono. Es, sin duda, una muy buena respuesta para lograr la confianza del mercado en la calidad de los bonos de carbono”, comenta De Regules.

Una mayor regulación y transparencia son necesarias, sobre todo, en momentos en los que se espera un crecimiento exponencial del mercado. De acuerdo con Espinosa de los Monteros, cuando entre en vigor el sistema del comercio de emisiones, la demanda en México va a ser de entre 26 y 30 millones de bonos de carbono anuales. La capacidad instalada actual es de seis millones.

Con este incremento, Piquero estima que el mercado se duplicará hacia finales de 2022. “Nos tardamos en llegar, pero ya estamos en el camino en el que las empresas ya se dan cuenta de que esto es un riesgo de negocio y, por lo tanto, la permanencia, la viabilidad y el éxito de sus negocios dependen de que se lo tomen en serio y de que tengan estrategias para mitigar su huella de carbono”, confía De Regules.