El sector de las telecomunicaciones es complejo. A la lucha contra posibles actos de corrupción interna hay que sumar que, por la naturaleza del negocio, las líneas de los operadores pueden ser usadas para delitos como la extorsión telefónica, que no baja desde 2020, cuando inició la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude. Este ilícito cometido a través de llamada, mensaje de texto o WhatsApp aumentó 12.71% durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2021, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todo ello ha llevado a AT&T México a fortalecer sus políticas en materia de lucha anticorrupción, antisobornos y protección de datos personales. En febrero pasado, fue premiada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por sus buenas prácticas para proteger la información de sus usuarios. Los equipos que lideran Raphael Estrada, vicepresidente adjunto de Compliance; Pamela Araico, líder de Sustentabilidad y Accesibilidad, y Antonio Díaz, vicepresidente adjunto de Legal, Regulatorio y líder de Protección de datos, han sido clave para lograrlo.

EXPANSIÓN: ¿Cómo es su relación con el gobierno?

RAFAEL ESTRADA: Siempre estaremos alineados a la política y las leyes vigentes. Cuando entró la administración actual, hubo un cambio en cuanto al criterio de los regalos y la hospitalidad que se les puede proporcionar a los funcionarios. Nosotros no ofrecemos ningún tipo de hospitalidad y eso abarca a cualquier empleado, ya sea en la tienda o que vaya a tramitar algún permiso [con las autoridades].

PAMELA ARAICO: Sabemos que también hay prácticas corruptas en el sector privado. Nuestras políticas anticorrupción están dirigidas a combatirlas desde nuestra trinchera.

E: ¿Cómo ha evolucionado su área de Cumplimiento?

RE: Ya tiene siete años. Fue creada a la par de la llegada de AT&T a México. Comenzamos tres personas, hoy somos siete. Tenemos varios programas: el de antisoborno y anticorrupción, el de protección de datos, el código de conducta, el de sustentabilidad y medioambiente y uno antimonopolios. Se han incrementado los programas para dejar una huella en el país.

PA: Buscamos que estas políticas puedan permear en la sociedad, tenemos medidas de seguridad y confidencialidad en torno a los datos personales. Buscamos siempre informar a nuestros clientes, colaboradores y socios sobre el fortalecimiento de nuestra cultura de ser una empresa transparente.

E: ¿Cuál es el principal problema del sector de telecomunicaciones en México en materia de anticorrupción y transparencia?

RE: [Se debe lograr] la armonización de las diferentes leyes que impactan en la obtención de un permiso de fibra óptica, por ejemplo. Para nosotros, es muy complicado poder ofrecer conectividad a lo largo y ancho del país y poder ser competitivos. Obtener un permiso, un derecho de vía para fibra óptica, por ejemplo, implica diversos trámites, porque si ese tramo de fibra pasa por un predio que es federal, y luego uno estatal y otro municipal, te enfrentas con diferentes reglamentos en los tres niveles de gobierno. En AT&T siempre hemos buscado que haya ventanilla única para conseguir un solo permiso con las reglas claras. Antonio Díaz: Si alguna autoridad nos requiriera algo diferente a lo que nos pide la ley, es decir, alguna cantidad para acelerar el proceso, de ninguna manera la daríamos.

E: ¿Cómo trabajan con el IFT y el INAI?

AD: Nuestro regulador es el IFT y con ellos trabajamos día a día. Tenemos obligaciones de cumplimiento, desde transparencia en información a los servicios que ofrecemos a los usuarios hasta la entrega de información estadística para que nos pueda supervisar. Esa información, el IFT la hace pública en ese afán de transparencia que pide a los operadores. Con el INAI, el trabajo es más relevante, colaboramos para proteger los datos personales de usuarios y clientes.

PA: Y en alianza con la Secretaría de Educación Pública, tenemos programas enfocados a niños y jóvenes para fortalecer el tema de la ciudadanía digital, la protección de la identidad y la brecha digital.

E: El Panaut ya fue declarado inconstitucional tras el reclamo de los operadores y de la sociedad civil…

AD: Siempre estaremos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades. [El Panaut] implicaba muchos retos tecnológicos que ya estábamos enfrentando internamente para ver cómo íbamos a dar cumplimiento con la autoridad. El INAI impugnó la determinación de la Cámara de Diputados, sin embargo, nosotros estábamos a la espera de cualquier resolución para cumplir. En estos momentos, está detenido, pero eso no implica que, en un futuro, no se retome.

PA: Es importante proteger los datos personales de nuestros clientes. Es una responsabilidad que en AT&T tomamos con seriedad. Por eso celebramos que esos datos se sigan manteniendo como confidenciales y seguros.

E: Para una empresa de telecomunicaciones, la lucha contra la corrupción también involucra batallar contra otros delitos que se cometen desde sus líneas y canales, como la extorsión...

AD: La ley de telecomunicaciones prevé medidas de colaboración entre los operadores y las autoridades. AT&T colabora con ellas en estos términos. Existen diversos mecanismos que se han implementado. Recientemente, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad implementó la Línea 089, de denuncia anónima. Nosotros estamos colaborando con ellos en ese sentido.

E: ¿En qué casos ustedes pueden proporcionar datos de sus usuarios a la autoridad y cómo se transparenta?

AD: Hay lineamientos en la ley que te indican cuáles son las autoridades competentes y cuál es el tipo de información a la que pueden tener acceso. Cuando viene con nosotros una autoridad facultada y nos solicita información que estamos obligados a proporcionar, por supuesto que colaboramos para realizar el seguimiento de delitos. Siempre proporcionamos información solo si hay una orden judicial. El juez viene, nos explica qué están investigando, nos dan el fundamento y se les proporciona la información. Nuestra área encargada revisa que ese documento haya sido emitido por una autoridad facultada y que esa información requerida esté contemplada en la ley. Cualquier otra cosa, no es atendida.