En la medida en que un marco normativo sea congruente entre lo que se dice que se hará y las reglas que establece, hay una mayor probabilidad de que se cumpla. Un marco normativo deficiente da lugar a la interpretación, a las omisiones y, en consecuencia, a que sea violado.

Eso mismo pasa con las normas que rigen la vida interna de las empresas. Por esta razón, la metodología del IC500 elaborada y aplicada en los últimos seis años por Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a las 500 empresas listadas por la revista Expansión, considera ocho reactivos asociados con la postura pública de las compañías en materia de integridad, legalidad y anticorrupción; y otros 17 que identifican condiciones específicas para poner en práctica la visión de la empresa en dichos aspectos.

En 2017, entre los reactivos con mayores niveles de cumplimiento estaban los asociados con la existencia de códigos de conducta, declaraciones de actuar en cumplimiento con la ley y la existencia de sistemas confidenciales de denuncia, con niveles de cumplimiento de 47 a 64% entre las 500 empresas listadas. En contraste, los relacionados con regular la actuación de quienes colaboran con la empresa tenían evaluaciones muy bajas: entre 5 y 20%. De estos resultados, podía interpretarse que las organizaciones declaraban que su operación se hacía en cumplimiento de la ley; pero en la práctica no había señales claras de que existieran reglas suficientes para sostener esa declaración.

A la distancia, observamos que las políticas de integridad de las empresas son cada vez más consistentes entre la declaración de su compromiso con la integridad, la legalidad y en contra de la corrupción y las reglas que establecen para cumplirla, pero aún se perciben brechas significativas.

En 2022, por ejemplo, vemos que hay reactivos relacionados con las declaraciones de legalidad,anticorrupción y existencia de sistemas de denuncia en niveles de cumplimiento de entre 79 y 91%; mientras que los vinculados a reglas específicas para prevenir los conflictos de intereses, regular el gasto en hospitalidades, viáticos y regalos, prevenir el fraude y el lavado de dinero alcanzan porcentajes de cumplimiento de entre 40 y 79%.

La brecha que todavía existe en los resultados del IC500 es un reflejo de lo que enfrentamos como sociedad para ir cerrando los espacios a la discrecionalidad, a la ilegalidad, a la corrupción y, en consecuencia, a la desigualdad en términos económicos y sociales que hay en el país.