En Industrias Peñoles son conscientes de la mala fama que tiene la industria minera en México: el daño al medioambiente, los conflictos sindicales, la corrupción… Un nombre, además, zumba en los oídos de quienes trabajan en el sector: Napoléon Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, hoy, senador por Morena tras haber sido investigado por las autoridades mexicanas y estadounidenses por diversos casos de corrupción y negligencia.

Este grupo de sombras que persigue a la industria es uno de los motivos por los que la compañía, que forma parte de Grupo BAL, de la familia Baillères, ha invertido una gran cantidad de capital en su departamento de Cumplimiento, transparencia y lucha contra la corrupción.

“No vamos a soltar un solo peso [para prácticas irregulares]: preferimos dejar un negocio en la mesa, no operar o no obtener una concesión que poner en riesgo la reputación del grupo y entrar en el cáncer de la corrupción”, dice en entrevista Cristóbal Mariscal, director de Cumplimiento de Industrias Peñoles, quien llegó a la empresa en julio de 2018.

A su entrada, se encontró con una ética dirigida a la anticorrupción, pero un equipo de compliance relativamente pequeño. Desde entonces, la minera ha fortalecido el área. Actualmente, dice el directivo, el departamento que encabeza está conformado por más de 40 personas que se dedican a due diligence, controles de cumplimiento, investigaciones derivadas de una línea interna de denuncia, ciberseguridad, normativa interna y externa, así como lucha contra la corrupción.

“Pertenecemos a una industria minera que es percibida como una industria sucia, contaminante y un poco corrupta. También tenemos la mala imagen de Napoleón Gómez Urrutia”, afirma el directivo. Industrias Peñoles ha adoptado una postura de cero tolerancia a los sobornos. Desde 2020, dice Mariscal, la empresa ha despedido a cinco personas por “temas de corrupción probada” y “hemos dejado ir a alrededor de 70 por casos que nos huelen, pero no tenemos evidencia suficiente”.

Peñoles obliga a sus colaboradores, clientes, proveedores o cualquier tipo de terceros involucrados a presentar anualmente una declaración de conflicto de intereses. Además, realiza un refrendo de código de conducta y estimula la comunicación interna para que se reporte cualquier práctica irregular.

“No hacemos negocios con el gobierno a través de terceros. No usamos gestores: lo hacemos directamente para evitar que el dinero que se paga pueda ser utilizado para dar una mordida o agilizar algún trámite”, explica el directivo. “Como la industria minera está sobrerregulada, tramitamos los permisos directamente para evitar que haya esa suposición de que nosotros, como industria, sobornamos a la autoridad para obtener un permiso ambiental o de operación”.

Más de 5,000 disposiciones y normas rigen el negocio minero en México: “Darle cabal cumplimiento a todas y, sobre todo, darles seguimiento, es muy difícil”, reconoce Mariscal. También asegura que la filosofía de Peñoles es muy clara: siempre actuar como si existiese un riesgo latente de corrupción, sin caer en la paranoia.