Son las 10 de la mañana y el calor arrecia. La previsión es de 31 grados como temperatura máxima y de tormenta eléctrica por la tarde. Las jefas y jefes de familia hacen las compras para la comida. Hay que ganarle al día, pues una vez que la lluvia comienza, no para.

Las gorditas de chipilín, el menudo de cerdo y el pollo frito son algunos de los platillos caseros en Tapachula, la segunda ciudad más relevante de Chiapas después de la capital, Tuxtla Gutiérrez, y, hasta julio, la tercera urbe con una inflación mayor a 10%, superior al 8.15% nacional que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre del séptimo mes. Tehuantepec, Oaxaca, y Ciudad Jiménez, Chihuahua, lideran el top cinco de ciudades donde el costo de los productos y servicios se ha salido de control.

Los precios varían según el punto de la república, pero el promedio nacional indica que un kilo de aguacate puede variar entre 95 y 130 pesos; hace un año costaba entre 48 y 66 pesos y el litro de aceite ronda los 50 pesos, cuando en el 2021 estaba sobre los 36 pesos. “Ofrezco marcas económicas, si no, no se vende lo esencial: frijol, arroz y verduras para los de Honduras, Haití, El Salvador; jitomate y cebolla para los de aquí. No hay guiso que no los lleve”, dice ‘Berthita’ López, comerciante del mercado de San Sebastián, en el centro de la ciudad fronteriza con Guatemala.

La fruta y la verdura que vende regularmente llegan de Comitán, otro municipio chiapaneco, pero ahora es distinto: “Hubo inundaciones, entonces el jitomate viene de Puebla, pero como el transporte está caro suben los precios, ahorita está en 22 pesos el kilo. Todo está caro, vas al súper por papel, detergente y te gastas 1,000 o 1,200 pesos. Antes eran 700 u 800 pesos”, cuenta la comerciante, quien participa en la manutención de una familia de cuatro integrantes.

La de López es una realidad que se replica por casi todo el país y con mayor afectación en 34 ciudades de las 55 en las que el instituto de estadísticas sigue la evolución de los precios al consumidor. A finales de junio, el rango inflacionario en ese grupo iba de 8.2% hasta 11.25%.

Las razones detrás del México con precios que van del ámbar al rojo en la escala del INEGI son claras. La pandemia trastocó las cadenas de suministro en todo el mundo y provocó una reducción en la oferta de bienes y servicios, como alimentos y el transporte de carga. Con el avance de la vacunación, se incrementó la demanda y la movilidad, factores que provocaron una oleada de alzas en los precios que empezó a sentirse en los bolsillos desde finales del 2021.

En agosto de ese año, la inflación promedio en México rondaba el 5.5% a tasa anual. De ahí se mantuvo con alzas continuas hasta 7.3% en diciembre y en junio de 2022 alcanzó una tasa de 8.15%, su nivel más alto desde diciembre de 2000, impulsado por un incremento de 12.09% en alimentos, bebidas y tabaco, y otro de 16.05% en productos agropecuarios. En el séptimo mes del año, por ejemplo, los precios del aguacate, la cebolla, la papa y la sandía aumentaron 58.78%, 49.50%, 60.26% y 26.09%, respectivamente, de acuerdo con el INEGI.

Otro factor que ha recrudecido la inflación se desencadenó en Europa oriental. Tras meses de amenazas, el 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio luz verde a una invasión militar a Ucrania. Rusia es el tercer país productor de petróleo del mundo, su participación en un conflicto bélico sube el riesgo de que su suministro se interrumpa y, por ende, aumente su precio en el mercado internacional, explica Arturo Carranza, especialista en materia energética. “Y cuando sube el petróleo, sube la gasolina, y cuando sube la gasolina en México, sube todo”, agrega Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

El economista en jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas, añade que el conflicto impacta directamente en el suministro de fertilizantes y energéticos, pues Rusia y Ucrania son exportadores líderes de estos productos. “Estábamos saliendo de la peor pandemia en más de un siglo y nos topamos con esto, parece que estuviéramos regresando a los años 80, por este conflicto bélico y por la inflación a niveles de esos años”, refiere el especialista.

La expectativa del Banco de México es que México tenga una inflación no menor a 7% en lo que resta del año y que no sea hasta finales de 2023 o inicios de 2024 cuando la inflación converja hacia la meta de 3%, prevista por el banco central. Pero ¿qué harán las familias mexicanas para sortear esta situación y cómo impactará en el desarrollo de la economía nacional? Para ambas, la respuesta no es alentadora.

El impacto de ambos factores se resiente en todo el país aunque no de forma pareja. Un mismo producto no cuesta lo mismo en Tijuana que en la Ciudad de México, Oaxaca o Tapachula, debido a factores intrínsecos de cada lugar, como los procesos de intermediación, los hábitos de consumo de su población, los costos logísticos que implica la distancia entre el centro de producción y los puntos de comercialización o la inseguridad en el transporte de los bienes, de acuerdo con Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

En el centro del país, donde la inflación estaba por debajo del promedio nacional, ‘El Chimino’, un locatario de abarrotes en el mercado de Tacuba, en la Ciudad de México, sortea los efectos de la escasez de semillas de girasol para el aceite, y de suministros para el detergente, que sus proveedores en la Central de Abastos le dicen para argumentar el alza en costos. “Un día vendo el aceite en un precio y cuando voy a surtirme, el precio es el mismo al que lo ofrecí, no hay ganancia, solo reinvierto, a esto se suma el alza en el transporte”, comenta.

Mientras atiende a sus clientas, ‘El Chimino’ cuenta que el maíz, el frijol y el arroz los compra con agricultores que dejaron de trabajar sus cultivos por dos años de pandemia. Este año, dice, será a finales de noviembre o inicios de diciembre cuando se empiece a recoger y se sepa qué tan buena fue la cosecha. La esperanza es que la producción local permita acceder a granos con mejores precios.

Es una expectativa poco fiable. A inicios de julio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por una sequía de moderada a excepcional en casi la mitad del territorio nacional incluyendo a 12 municipios de Sinaloa, considerado como el granero del país. Además, México solo produce 52% de los granos y oleaginosas que consume, el resto lo importa, principalmente, de Estados Unidos, donde van atrasados con la siembra de maíz y de soya, explica Juan Carlos Anaya, director de GCMA. “Los precios de importación están aumentando los costos de las empresas pecuarias y agroindustriales: las refinadoras de trigo, de maíz; las aceiteras, por el tema de la semilla de girasol”, añade.

“En términos generales, la inflación afecta más a las familias de ingresos más bajos porque las familias de ingresos medios o altos pueden sustituir algún producto y las familias de ingresos bajos no”, señala Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el mercado de Soconusco, en Tapachula, un pollo entero de dos kilos costaba –a finales de junio– entre 180 y 200 pesos, 30 pesos más respecto a un par de semanas atrás, según Juana Pérez, locataria. En su trabajo, Gilda Ruiz, subdirectora de una escuela secundaria del municipio chiapaneco, escucha las estrategias de compañeras para hacer que ese pollo dé para una comida de cuatro días: “Se utiliza todo, patitas, alitas, hígado, porque no alcanza”.

“La situación no es diferente en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos que anotó una inflación de 9.48%. Ahí, Maribel Luna administra un negocio familiar de juguetes y espectáculos infantiles, además del dinero para la manutención de un hogar de seis personas, cinco con actividad económica. “Una echa cifras y se desmaya. Ayer pagué 70 pesos por una piña, el kilo de pechuga de pollo subió de 90 a 160 pesos en menos de un mes. Compré un aguacate en 52 pesos. Antes, con eso me llevaba cuatro”, cuenta.

Algo similar pasa con María Domínguez, quien trabaja como empleada doméstica en la Ciudad de México, una labor por la que percibe entre 400 y 500 pesos diarios. Junto con su esposo y su hijo, aporta al gasto de la casa donde viven cuatro integrantes y cuya renta subió de 3,000 a 3,500 pesos en enero. “Ahora, si tenías pensado comprar zapatos o ropa, ya no lo haces para completar para la renta, la comida, el gas; a la hora de comprar, todo está muy caro, el arroz, el aceite estaba en 38 pesos, ahora está en 50”, explica.

En mayo, la Secretaría de Hacienda puso en marcha el Paquete Contra la Inflación y Carestía (Pacic), que incluye estímulos fiscales a las gasolinas (que aplican al 100% desde marzo), aumento en la producción de granos, entrega de fertilizantes y eliminación de cuota a la importación de fertilizantes, entre otras. También establecía un acuerdo con productores y empresarios para garantizar precios justos en 24 productos de la canasta básica de la Profeco.

De las medidas, los estímulos a las gasolinas, que radican en no cobrar o reducir la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), además de beneficios adicionales a través del IVA y el ISR a importadores y productores, es la que tiene mayor impacto: “Sin subsidio estaríamos hablando de una inflación de 9.7% en México”, estima Casillas, de Barclays.

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, ha comentado que sin el Pacic, la inflación sería de 11% y no de 8%, especialmente, por los topes a las alzas de las gasolinas.

Por su parte, la eliminación de aranceles a 21 productos básicos y fertilizantes puede contribuir a la importación de productos provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio, como Brasil y Argentina, coinciden Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio, y Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Para Esteban Polidura, director de Asesoría y Productos para las Américas del banco privado Julius Baer, muchas de estas medidas para controlar la inflación suelen ser temporales o tienen un efecto poco significativo. Asegura que lo más importante es entender que las causas de la inflación son globales y que no hay más que esperar a que se normalice y la inflación descienda.

Lo cierto es que esto no evita impactos indeseables sobre la economía y las finanzas públicas. La invasión de Rusia a Ucrania y su efecto en los precios de materias primas y fertilizantes, por ejemplo, es uno de los factores que la calificadora de riesgo crediticio Fitch tomó en cuenta para ajustar su expectativa de crecimiento económico para México de 2.8 a 2.0% este año. “Esperamos que la inflación converja a niveles de las metas de los bancos centrales de manera gradual en los próximos años”, señala Carlos Morales, analista de riesgo soberano de Fitch Latinoamérica.

De la Torre, del CEEY, afirma que lo que resta es esperar a que Banxico siga aumentando las tasas de interés ante la incertidumbre del panorama que hay sobre la evolución de los precios, una medida que eleva el costo del crédito, desincentiva la inversión privada y, por ende, frena la economía. Los 33 analistas del sector privado consultados por Citibanamex esperan que la tasa de interés de Banxico acabe en 9.50% este año. Al cierre de la edición, era de 7.75%.

Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex, es más optimista. Estima que la inflación en México alcanzará un pico en septiembre para después comenzar a estabilizarse. Polidura, de Julius Baer, coincide pero aclara que eso no implica que las tasas de referencia regresen a los niveles de antes de la pandemia: “La inflación alta llegó para quedarse. No quiere decir una inflación de 7 u 8%, sino una más alta a la del pasado porque hay varias fuerzas estructurales que están empujando los precios”.

Casillas, de Barclays, va más a fondo y sostiene que en tanto los sueldos no vayan en línea con la inflación, los niveles de vida de la población mexicana se irán deteriorando. “Es importante atajar con políticas para incrementar el salario mínimo, siempre y cuando no sea inflacionario”, concluye. (Con información de Luz Elena Marcos, José Ávila y Rosalía Lara)