Un aspecto fundamental pasa por traducir las metas de financiamiento en mecanismos estructurales que promuevan una transición al interior del propio sistema financiero, sostiene Luisa Sierra, directora de Energía de Iniciativa Climática de México. “El Foro Económico Mundial hace una encuesta que mide la percepción del riesgo global. De las últimas versiones que publicaron, los ambientales y climáticos encabezan la lista debido al impacto y la probabilidad de que vayan a suceder”, explica. “Todo esto va a evidenciar que se necesita que el sector financiero adopte un rol clave en la descarbonización de la economía”.

Además de los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y afores están revisando su portafolio con una perspectiva ASG (ambiental, social y de gobernanza, o ESG, por sus siglas en inglés). Sin embargo, una vez claro que hay que medir y reportar, el reto es la estandarización, ya que no hay una metodología única y, hasta ahora, cada empresa ha utilizado la que mejor conocía o le convenía.

El otro gran desafío para el sistema es que, al ser uno de los riesgos ‘más novedosos’, requiere de nuevos conocimientos y modelos para categorizarlos entre los físicos, tradicionalmente, relacionados con el cambio climático, como los desastres naturales; o los de transición, que son de mediano y largo plazos y se derivan de amenazas en la migración de una economía fósil a una más verde. “Y ahí aparecen factores de riesgo, como las políticas públicas, decisiones de gobiernos, las preferencias de los inversores y de los consumidores, el avance de la tecnología o los costos para poder reconvertir las tecnologías de producción”, explica Raúl Malvestiti, socio de Asesoría de Riegos de Deloitte.

En 2021, se registraron 432 catástrofes relacionadas con amenazas naturales, con daños económicos que ascendieron a casi 252,000 millones de dólares. Del total, 44% de estos desastres estuvieron relacionados con inundaciones, de acuerdo con la ONU.

Para la firma global de seguros Zurich, se requiere de ordenamiento en la adopción de políticas verdes, ya que una acogida apresurada de nuevas tecnologías más sostenibles podría conllevar riesgos desconocidos. “Una mala regulación de los nuevos mercados verdes podría crear monopolios no deseados en industrias geopolíticamente disputadas, en adición a que el cabildeo escéptico sobre temas climáticos, el greenwashing, la desinformación y la desconfianza en la ciencia del clima todavía persisten en muchos países”, apunta en su reporte de Riesgos Globales 2022.

La firma considera que una transición desordenada implica interrupciones más frecuentes y severas en la cadena de suministro debido a la escasez de mano de obra y de productos. Los impactos no solo serían a nivel económico: no atender los riesgos por el calentamiento global también generará desigualdad de género y aumentará la presión migratoria por falta de empleo. “Hasta 8.5 millones de empleos en el sector energético corren el riesgo de perderse en combustibles fósiles y energía nuclear para 2050, sin embargo, con capacitación, se podrían crear 40 millones de nuevos empleos, sobre todo, en el sector de energías renovables”, señala la aseguradora.

Sierra, de ICM, apunta que el mensaje se enfoca en los avances en la divulgación financiera para crear un piso que sirva de punto de partida. Un ejemplo fue la creación, en diciembre de 2015, del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) por parte del Consejo de Estabilidad Financiera.

El objetivo es establecer un marco estandarizado que permita identificar los pasos para comprender cómo va a afectar el clima los negocios y las inversiones y cómo estos pueden gestionar diferentes metas para el cambio climático. “Y, en ese sentido, sí existen modelos, sí se sabe que va a afectar. ¿Qué tanto? Yo pondría más bien el ojo en cómo creamos un marco para identificar cómo podemos avanzar, cómo podemos ir gestionando el cambio en el sistema mismo”, agrega Sierra.

El avance de las empresas

Lo cierto es que las empresas están construyendo camino y sienten una presión importante para hacerlo. Hay mucho en juego para ellas, como el acceso a mejores tasas o condiciones de financiamiento, al ofrecer mayor certeza a los inversionistas. La amenaza de no llevarlo a cabo es que llegue un punto en el que se les niegue el crédito.

“Ahí es justo donde aparece un foco de incertidumbre, porque si bien los incentivos están claros y los marcos de buenas prácticas, alineados, también es cierto que ese encuadramiento va a tener un costo. Las empresas que quieran adaptarse y cumplir con métricas de mejora en temas de sostenibilidad van a tener que invertir”, sostiene Malvestiti. En la medida en que las distintas compañías y sectores avancen de manera coordinada y homogénea, las consecuencias y los efectos van a ser positivos, con una reducción de los niveles de emisiones y en el efecto del calentamiento global.

En el otro extremo estarán aquellas que enfrenten problemas de subsistencia si es que no pueden asumir la inversión y llevar el mismo ritmo de adecuación. Y, con esto, se entra a un círculo vicioso, porque si no se produce un avance homogéneo, será difícil bajar los niveles de emisiones y, por tanto, aumenta la posibilidad de que se agrave la situación climática.

Además, todavía hay carencias en las capacidades técnicas para integrar los factores climáticos en las decisiones de inversión, agrega Sierra, y, al no haber un entendimiento general de qué es el cambio climático, cómo puede afectar y qué oportunidades genera, se produce una falta de interés en las empresas por aumentar sus equipos de análisis.

La creación del TCFD supuso un parteaguas y derivó en cuatro grupos de trabajo que analizan la parte de gobernanza, la estrategia empresarial, cómo se gestionan los riesgos y qué métricas se pueden implementar para lograr la homogeneización.

Además, destaca Sierra, el año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC), lanzó una propuesta que pretende regular la divulgación climática de manera obligatoria para todas aquellas empresas públicas. Hasta ahora, se ha confiado en la parte voluntaria. En México, el TCFD conformó un consorcio que busca impulsar la adopción y la integración de las recomendaciones globales.

La especialista enfatiza también la creación, en 2020, del Comité de Finanzas Sostenibles, como parte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Bajo este ente, se generaron varios grupos de trabajo: taxonomía sostenible, aprovechamiento de oportunidades de movilización de capital, medición de riesgos ESG y divulgación de información y adopción de estándares ESG.

El costo

Los riesgos no solo serán para las empresas y los ciudadanos. La calificadora Moody’s también ha destacado que América Latina enfrenta retos de calificación crediticia debido a los cambios climáticos cada vez más frecuentes, como el aumento del nivel del mar, las sequías, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos.

“El riesgo climático físico en América Latina es particularmente significativo para industrias con activos fijos operativos, como minería, petróleo y gas, así como la agricultura. Los eventos climáticos extremos en la región están interrumpiendo con mayor frecuencia las operaciones o endureciendo las cadenas de suministro para sectores como la logística e infraestructura, agricultura, minería, pesca y telecomunicaciones”.

Moody’s considera que, para México, las sequías son de alto riesgo para productores agrícolas, especialmente, para quienes cosechan maíz, además de las empresas dedicadas a las bebidas, que también podrían verse afectadas ante la escasez del agua.
(Con información de Luz Elena Marcos Méndez.)

La suya fue una de las primeras generaciones a las que, cursando la primaria, le tocó escuchar que el petróleo no sería para siempre y había que pensar ya en la transición. Santiago Espinosa de los Monteros siempre supo que iba a trabajar en temas relacionados con el cambio climático. Solo era cuestión de tiempo.

Ese momento llegó en 2019, cuando, junto a su madre, su tía y un gran amigo de la infancia, fundó Toroto, una empresa que diseña y opera proyectos forestales, hídricos y de agricultura regenerativa. En solo tres años, el equipo formado por Espinosa de los Monteros, Rocío y Pilar Harispuru y David Camhi, se ha convertido en una oficina de 50 personas y entre 50 y 200 más ejecutando acción climática en campo.

“Construimos en territorio todo el análisis necesario para saber qué hay que hacer, desde tomar las muestras de suelo, realizar los mapas, recolectar la semilla, construir los viveros, comprar las pick-ups, hacer el monitoreo ambiental y contratar a las cuadrillas que ejecutan las acciones, que son todas empleadas de Toroto en el IMSS. Son parte de nuestra tropa y están restaurando su tierra”, explica Espinosa de los Monteros.

Para llegar a este punto, la empresa tuvo un pivote a los pocos meses de iniciar. Su primera hipótesis era que podrían convencer al consumidor final de que financiara la acción climática. Parecía lógico: si cada persona pusiera 50 pesos al mes por servicios ambientales, y si lo hacían varios millones de personas, habría recursos para operar. “Pero no nos fue nada bien”, recuerda el emprendedor. Lo que sí pasó fue que los buscaron empresas.

La primera fue Grupo Modelo, con un ambicioso proyecto de recarga de un acuífero del que obtiene agua para la elaboración de cerveza. Toroto llevaba tiempo preparándose para restaurar bosques desde el punto de vista del carbono. “Lo que no nos estábamos dando cuenta es que si pones un bosque, estás aumentado la capacidad de toda una montaña para infiltrar agua a los acuíferos, que era lo que Grupo Modelo estaba buscando”.

El proyecto era complicado, pero para Toroto era una oportunidad única. En ese momento, la oficina estaba formada por ocho personas, dos semanas después de iniciar había creado 150 empleos en el terreno. Hoy, el proyecto Aguas Firmes sigue activo y ha generado impacto en alrededor de 1,000 hectáreas en siete comunidades y la infiltración adicional de 1.3 millones de metros cúbicos anuales de agua al acuífero de Apan, Hidalgo, explica.

“Se convirtió en el proyecto de restauración ecológica más ambicioso del país, se ha ampliado varias veces desde el inicio, y ahora participa la agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ México)”, dice Espinosa de los Monteros. “Me da esperanza de que, para 2030 o 2035, podamos hablar de agua neutralidad para estas operaciones”.

Esta experiencia llevó a la empresa a cerrar un contrato también con Coca-Cola para aumentar la infiltración hídrica de las cuencas de donde extrae el agua para sus productos.

Toroto tiene convenios activos con 61 comunidades indígenas o agrarias en México y ha invertido en su propio portafolio de proyectos de captura de carbono en el sureste del país, donde ha instalado más de 5,200 sitios de monitoreo de selva en alianza con 35 comunidades mayas. “Tenemos un grado de monitoreo y preparación para hacer conservación y restauración como nunca antes se ha visto en México, monetizando a través de la producción y venta de bonos de carbono de alta calidad en mercados internacionales”, agrega.

Este es el otro gran flujo de negocio de la empresa, que ha desarrollado para un mercado bastante opaco, como el de los bonos de carbono, soluciones tecnológicas para proveer transparencia y trazabilidad a toda la cadena. Cada tonelada de CO2 secuestrada por el bosque y que se convierte en bono está georreferenciada, lo que permite que desde los dueños de la tierra hasta la empresa que compra ese bono vean la misma información.

El futuro

La meta del emprendedor es ambiciosa. Para 2030, quiere que Toroto sea una de las tres empresas de este sector en el mundo. “Y para 2100, cuando 80% de la cobertura forestal que hemos perdido en el mundo esté en vías de recuperación, me gustaría que fuera una de las cinco entidades responsables de su recuperación total”.

Para empezar con este objetivo, prevé cerrar en el primer trimestre de este año una Serie A de inversión por 8 millones de dólares que utilizará para financiar proyectos ya en marcha y nuevos. El plan es crecer de las tres estaciones biológicas que gestiona hoy, a seis en los próximos cuatro meses y llegar a 15 para 2025, para operar cinco millones de hectáreas, que crecerían a 20 millones en 2030. Además, la empresa, que cuenta con oficinas comerciales en Canadá y Europa para eliminar intermediarios, así como una oficina de desarrollo de proyectos operativos en Colombia, pronto entrará a Perú, tiene planes para Guatemala y proyecta llegar a Brasil antes de 2030.

Espinosa de los Monteros está convencido de que México tiene una oportunidad de construir un modelo que logre que el mercado de bonos de carbono sirva para detonar economías locales en comunidades rurales. “Para lograrlo, tenemos que entrar a desarrollar estos proyectos a través de acuerdos justos con las personas propietarias de la tierra, para que ganen la mayor parte de los beneficios de cualquier transacción en el mercado internacional. Solo así se pueden apropiar de estos proyectos y mantenerlos para siempre”, señala.

“El volumen de resina de pino comercializada en el mundo es igual al del cacao. Todo el mundo sabe de chocolate, pero nadie sabe de resinas”, dice Shaun Paul nada más iniciar la conversación. Tal vez, tampoco mucha gente sabe que México es el quinto país productor de esta materia prima, si bien los cuatro primeros generan el 90% del volumen mundial. O que la producción nacional ha bajado en las últimas décadas debido a la deforestación o la dedicación de las tierras a otros cultivos.

Este descenso fue el que llevó a buscar soluciones a Grupo Pinosa, la primera industria resinera del país, que se estableció hace 90 años en Michoacán. El estado concentra alrededor del 90% de la producción de resina en México. Así se creó Ejido Verde.

El “experimento”, como lo llama Paul, su CEO, comenzó en 2009, aunque la empresa se constituyó como tal en 2018. Hoy, financia plantaciones en 4,800 hectáreas, con alrededor de 850 familias de agricultores, que son pequeños propietarios o forman parte de comunidades indígenas y tierras ejidales.

“La meta es establecer 12,000 hectáreas en cinco años, que es el tamaño de dos Manhattan. Hoy hemos plantado alrededor de 70% de Manhattan”, ejemplifica el directivo, que llegó a la empresa en 2016 “por accidente”: antes de llegar a Morelia, Paul, con experiencia en financiamiento y desarrollo rural, tenía un fondo de venture capital de impacto social. Un amigo le presentó al amigo de un amigo y así llegó a Grupo Pinosa, que buscaba capital. Su asesoría como inversionista potencial derivó en una “oferta irresistible” para dejar el fondo y asumir la dirección de la empresa.

El punto de partida es sencillo: la industria química necesita más resina, así que la opción es plantar más pinos para producirla. Ejido Verde lo hace en tierras degradadas y hasta ahora ha plantado 12,000 árboles. La compañía ofrece a los pequeños propietarios o a las comunidades un paquete financiero y tecnológico para restaurar sus tierras degradadas para huertos resineros. “Ofrecemos el dinero para pagar la mano de obra, o muchas comunidades forman brigadas de trabajo para los jóvenes, para que mantengan y operen las plantaciones, y damos acompañamiento durante 10 años para asegurar la plantación”, explica Paul.

La empresa tiene un contrato de compraventa a 30 años con Grupo Pinosa, un “negocio maravilloso”, agrega, ya que todo el producto está vendido a precio de mercado a tres décadas y esto garantiza un mercado estable.

Además, ha obtenido diversos reconocimientos internacionales e inversión de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han validado el proyecto y lo han convertido en una mejor marca, lo que, a su vez, le ha permitido obtener financiamiento con mejores tasas de interés.

“Genera demanda. Tengo más inversionistas que están dispuestos a invertir, aunque no soy el dueño de la tierra. Son inversionistas que buscan impacto”, agrega. Un financiamiento necesario para sustentar los planes a corto y mediano plazos, para que la empresa logre su meta de posicionarse como uno de los principales competidores mundiales en una industria valorada a nivel global en más de 10,000 millones de dólares.

Para reducir el costo del transporte de la resina a la planta, el enfoque es plantar árboles en espacios hasta a cuatro horas de distancia de Morelia. Así que, aunque hasta ahora las plantaciones se han centrado en Michoacán y ahí está el foco del negocio, el Estado de México se convierte en una posibilidad de ampliación y ha habido interés también de pequeños propietarios en Guerrero y Oaxaca.

Planes verdes

Además, en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, la empresa explora un joint venture para sumar a los huertos resineros plantaciones agrícolas de productos como hongos, nopal y agave para mezcal, y trabaja para poder emitir bonos de carbono de reforestación y bosque natural bajo el estándar Climate Action Reserve (CAR). “Buscamos el punto de equilibrio en 2028, me faltan seis años”, advierte Paul. “Este año creció la facturación 10 veces y vamos en camino de crecimiento, con una visión de muy largo plazo”. Sobre todo, porque los árboles tardan años antes de ser productivos después de que se plantan.

Con todo, el proyecto, que busca diversificar y ofrecer una fuente de sustento para las familias agrícolas michoacanas, no es sencillo. Las comunidades del estado enfrentan una disyuntiva: ganar bien y estable a largo plazo o lo más posible en el menor tiempo, dice Paul. “Esta última mentalidad, a mi juicio, es parte de la razón de la crisis climática que tenemos hoy. Y está en Michoacán, en las opciones de plantar aguacate o apostar por pino. Mi propuesta de valor atrae a la gente que va más allá de vivir solo hoy, sino que piensa en dejar algo a los hijos y los nietos”.

El directivo señala que con cuatro hectáreas, una familia que trabaje con Ejido Verde puede aumentar sus ingresos cinco veces. “Creo que los agricultores afiliados con nosotros van camino a una transformación económica hacia una clase media. Con fondos y estabilidad económica adecuada basada en la resina, pueden enviar a sus hijos a la universidad. Es transformación social a la par que transformación ambiental”.

El objetivo de Paul no solo es ser un éxito comercial, sino un ejemplo de cómo ser una empresa regenerativa. “Esto nos permite generar innovación, bajar costos y riesgos y aumentar los beneficios ambientales y sociales en el proceso. No como un donativo ni filantropía, sino generando valor como empresa”.

Esta es la historia de una empresa mexicana que tiene como meta reducir el 1% de las emisiones de efecto invernadero de todo el planeta para 2030. ¿Ambicioso? Seguro. Pero sus fundadores, Alex Eaton y Camilo Pagés, están convencidos de que es viable y no un plan para atraer titulares. La empresa sabe lo que es superar retos. Sistema.bio ofrece a pequeños productores agrícolas un biodigestor prefabricado con tecnología propia que genera biogás y fertilizante orgánico a partir de las heces de los animales. Inició operaciones en 2010, un año complejo, si se tiene en cuenta la caída de la economía derivada de la crisis iniciada en 2008, que el país aún arrastraba los efectos de la pandemia de gripe A, la situación de violencia en algunos estados a causa de la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón y un periodo de sequía.

Hoy, 12 años después, se ha convertido en uno de los referentes internacionales en sistemas de biodigestores, con 50,000 instalados en granjas de México, Colombia, Kenia e India. Solo este año instalarán 70,000 más, duplicando el portafolio histórico de 12 años y llegarán a más mercados. No es un deseo, la mayor parte están vendidos, señala Pagés, su director de Operaciones, y solo es cuestión de ejecutar.

Para afrontar este crecimiento, la empresa inaugurará en febrero una nueva fábrica en India con capacidad para producir alrededor de 70,000 biodigestores anuales y la posibilidad de triplicar el número con nuevos procesos de automatización en un plazo de 12 meses, de ser necesario. La planta sustituirá a la que abrió hace dos años, en plena pandemia, en la ciudad india de Pune, donde está su oficina en el país, uno de sus principales mercados y que surte al sureste asiático y a Kenia y el África subsahariana y que ya necesitaba ampliar su capacidad. Junto a esta, la compañía mantiene la fábrica inicial en Toluca, desde donde sigue exportando a toda Latinoamérica.

Para llegar a estos números, el equipo de la empresa ha hecho un fuerte trabajo de boca en boca. El sistema de pequeños productores agrícolas es hiperlocal y hay que trabajar comunidad a comunidad. “No importa cuántas veces lo has hecho en Yucatán, no es lo mismo en Michoacán. Nos dimos cuenta de que necesitas mucho capital social, demostrar un producto, echarlo a andar y pasan años para que los vecinos empiecen a darse cuenta de que los resultados son claros”, explica Eaton, el CEO de la empresa. “Los productores tienen mucho riesgo en su vida y el riesgo tecnológico es muy difícil para ellos”.

Además, cuando empezaron, hace ya más de una década, no había madurez en el sector del biogás y pocos granjeros lo conocían. Tocó construir un mercado. “Pero cuando fuimos a India, que es una cultura que ha tenido biodigestores rústicos durante 50 años, ya no es explicar qué es un biodigestor, sino ir con el mejor, con servicio, financiamiento y una marca. Esto fue un cambio total del concepto”, agrega Eaton.

Sistema.bio inició su expansión internacional en 2015, con un piloto en Nicaragua. Un país pequeño, con el mismo idioma y que parecía un paso sencillo. No lo fue, pero la empresa aprendió. Después abrió Colombia, Kenia e India. “Fue un proceso de expansión dirigido por el apetito de los inversionistas. Hay mucho más dinero que va a África e India con fines sociales y de impacto y los problemas que queremos resolver están muy presentes en estas geografías”, señala el CEO.

Al dar el salto de la frontera, la empresa también comprendió que, si bien mantiene su equipo de ventas, necesitaba llegar a más productores a través de alianzas con empresas como Nestlé y otras productoras de leche, promotores, y cada vez trabaja más con la cadena de valor dentro del sistema agrícola, como microfinancieras y cooperativas. Este sistema B2B supone 85% de las operaciones de la empresa. Y las ventas internacionales representan el 90% del total.

Pagés señala que ahora es un buen momento para volver a mirar a México y América Latina, que aún significa una enorme oportunidad. “Aquí estamos tocando una microfracción del mercado”, dice.

Volviendo a sus metas, Eaton y Pagés hacen cuentas. Reducir el 1% de las emisiones globales significa el 5% del total de la agricultura. Actualmente, están reduciendo 70,000 toneladas de CO2 al año y al cierre de 2023 habrán duplicado ese número. Y no solo se trata de la reducción que generan sus productos, Sistema.bio está en el mercado de bonos de carbono, al que entró en 2018, y que ahora vive un fuerte crecimiento ante la necesidad de empresas y gobiernos de cumplir con sus compromisos climáticos. Además, la venta de bonos también permite bajar el precio a los ganaderos.

“Lo vemos ambicioso. Un día estoy totalmente enamorado [de la meta] y al otro, me da miedo, pero la verdad es que hoy necesitamos empresas como la nuestra siendo ambiciosas, (...) y el sector agrícola y energético es tan impactante que sí tenemos esta oportunidad”, dice Eaton. “Se trata de reducir emisiones, pero también de un proceso de absorción de las que ya existen, con los sistemas agroforestales de los pequeños agricultores; y la otra razón es que este hipercrecimiento es viable porque no es un solo lugar. De los tres centros de excelencia, México, Kenia e India, solo India ya supone una oportunidad gigante”.