Los habitantes de El Bosque, la primera comunidad reconocida como desplazada en México, esperan reglas claras y apoyos para recuperar su vida.
Por: Diana Nava
Fotos: Jesús Almazán
urea Sánchez ha dejado su hogar más veces de las que se hubiera imaginado. En la última temporada de nortes –de septiembre a mayo, cuando las masas polares atraviesan, año con año, el golfo de México– sumó su cuarta ocasión.
Esta vez, la familia Albino Sánchez se mudó a una casa que construyeron de emergencia a un lado del río, ese que rodea la comunidad de El Bosque, en Centla, Tabasco, cuando el mar –que también rodea el poblado– se llevó la vivienda que habían levantado en el terreno que les regaló uno de sus vecinos.
Pero el nivel del agua ya está subiendo de nuevo y, en esta historia, Áurea Sánchez ya sabe lo que sigue: pensar en el quinto movimiento, tomar sus pertenencias e intentar comenzar de nuevo. Dice que, de alguna forma, a modo de resignación, ya se ha ido acostumbrando.
Y es que las mudanzas ya se han hecho comunes en El Bosque. La mayoría de sus habitantes ha tenido que marcharse, ninguno o casi nadie lo ha hecho por gusto. El Bosque era una comunidad de 300 personas, ahora ya son menos de 100.
Las inundaciones, la crecida del mar y ahora del río están detrás de esa huida. Todo porque el pueblo está sobre un terreno rodeado de agua, en medio del mar del golfo de México y de donde desemboca el río Grijalva, que nace en Guatemala. Y aunque el daño de los inmuebles por la erosión costera pareciera algo común, lo sucedido en El Bosque ha sido obra del cambio climático, que ha acelerado el proceso.
Hasta hace unos años, había 83 casas, iglesias, escuelas, un comedor, un centro comunitario y calles pavimentadas, según los registros de las organizaciones Nuestro Futuro, Greenpeace y Conexiones Climáticas. Pero hace ocho años, el mar se llevó la primera casa y, desde entonces, no ha dejado de avanzar.
Quienes ahí habitan lo resumen de una manera sencilla y tienen casi la misma narración: dicen que para ir al mar tenían que caminar uno o dos kilómetros, unos 10 minutos a un paso a ritmo medio; pero que un día, el agua llegó a su puerta, se estancó en sus muebles y nunca más se fue.
Sánchez dice que entre las dos únicas casas que quedan completamente en pie está la de Guadalupe Cobos, una de las mujeres que –como ella– viajaría a Manaos, Brasil, para presentarse en una de las primeras audiencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo sobre la emergencia climática.
Pero a Cobos las autoridades mexicanas le negaron el pasaporte, sin darle una explicación clara. Y entonces solo Sánchez y su hija Yesenia Albino viajaron al noroeste de Brasil, aunque el nombre de las tres estaba inscrito en la lista de participantes de la audiencia que se realizó a petición de Chile y de Colombia, que solicitaron a la Corte emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones que tienen los Estados con los desplazados climáticos. Se trata de un documento no vinculante, pero que romperá un paradigma en cómo deben ser tratados quienes migran por el cambio climático.
EN RIESGO. Diversas organizaciones civiles han documentado cómo el mar ha devastado las casas y la infraestructura de El Bosque, en Centla.
Hasta ahora, las regulaciones sobre ello son ambiguas, y no solo en México. Los habitantes de El Bosque lo saben bien: es una de las primeras comunidades que ha sido forzada a dejar su vida por causa de la crisis climática –cuando la marea extendió sus límites– y la primera en el país en ser reconocida gubernamentalmente como desplazada climática en un documento del legislativo local. Eso último no les garantiza nada, porque no existen lineamientos y pasos a seguir cuando alguien es declarado como desplazado climático, aunque su existencia haya sido reconocida desde hace años en la Ley General de Cambio Climático.
En 2017, el mar tumbó la primera casa de El Bosque, la de Sánchez y su familia, que estaba en el primer terreno al lado de la playa. En 2021, se llevó cinco más, a inicios de 2022, arrastró otras 23 y a finales de este año, otras 18, además de la escuela preescolar y el comedor comunitario. Así, de a poco, se han ido agregando más a la lista.
ALERTAS. Los pobladores afirman que el nivel del mar y el río en esta comunidad, rodeada de agua, sigue subiendo.
Los habitantes de El Bosque pasaron la última Navidad donde pudieron, unos días antes habían sido evacuados por la subida del nivel del mar. La mayoría ya no pudo volver. Los sitios que servían como refugios, algunos improvisados, otros, como el centro apostólico, ya no pudieron usarse más. Ahora, la carretera que comunica El Bosque con Frontera, la ciudad más cercana, ya está por desaparecer.
De los desplazados internos por el cambio climático no hay rastro. El gobierno no tiene un conteo porque apenas sí son reconocidos. El único dato que existe proviene de un cálculo internacional, el del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que dice que, en 2023, en México, hubo 195,000 desplazamientos internos –como se conoce a los movimientos dentro de un mismo país– por eventos relacionados con el clima.
Este es el número más alto desde 2011, según el registro del organismo, con sede en Noruega. La cifra es exacta, porque la organización la define con base en un monitoreo de medios y reportes de desastres meteorológicos.
Pero, aunque no existe un número fiable sobre los desplazamientos pasados, el Banco Mundial calcula que, hacia 2050, hasta 3.1 millones de personas serán migrantes internos por razones climáticas en México.
Las regiones del sureste, en particular, algunos municipios de Yucatán, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, podrían ser las más afectadas, con un aumento de hasta 35 centímetros en 2025, y de hasta casi metro y medio en el nivel del agua hacia finales del siglo.
Muchas ciudades costeras están propensas a desaparecer. Tabasco es el estado que tiene mayores riesgos, de acuerdo con un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
LENTO AVANCE. A quienes han perdido su hogar se les prometió una vivienda nueva, pero la regulación no ha dejado que se concreten los planes.
Sorpresivamente, Áurea Sánchez espera que pronto se dé la quinta mudanza porque piensa que esta vez será la definitiva. El gobierno ha prometido a El Bosque un movimiento generalizado: mover a todos los habitantes que han sido censados en la comunidad a un nuevo sitio con casas construidas en la pequeña ciudad de Frontera.
El gobierno estatal ha donado un terreno que es suficiente para dar un nuevo hogar a cerca de 50 familias. Sánchez está satisfecha, pero dice que el camino ha sido lento, que hace unos años, cuando las casas comenzaron a ser tragadas por el mar, no encontraban un camino a seguir, que no sabían que los desplazados climáticos debían recibir el resarcimiento de los daños por parte del Estado, que ni siquiera sabía que eran parte de esta estadística, que metieron más de tres escritos en diferentes niveles de gobierno, pero que nunca obtuvieron respuesta.
Incluso, le entregaron una carta al ahora ya expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero nada se movió. “No sabíamos ni a quién arrimarnos ni a quién sacarle el machete, como decimos nosotros, porque no sabíamos a dónde irnos y a qué irnos, nada era claro. Nos quitaba el sueño”, dice en una llamada.
Las casas continúan en construcción, pero el plan se ha retrasado. El cronograma oficial decía que este septiembre serían entregadas, pero eso no ha sucedido. Los retrasos son un lugar común cuando se trata del tema.
Desde 2020, la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno está congelada en el legislativo, en este instrumento tendrían que describirse los pasos a seguir y las obligaciones del Estado con quienes migran por razones climáticas.
El Estado tendría responsabilidad por no haber activado mecanismos de prevención o no haber actuado para ralentizar el avance de los cambios.
México cuenta con otros instrumentos legales sobre el tema, como la Ley de Transición Energética, la de la Industria Eléctrica y la Ley General de Cambio Climático –en la que se considera el desplazamiento interno por cambio climático–, pero en ninguna de ellas hay detalles ni un camino claro a seguir, explica Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro y una de las asesoras de El Bosque.
Quienes ahí habitan, o habitaban, por ejemplo, tuvieron que ser adscritos al programa de vivienda social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), porque no existía otra vía ni partida presupuestaria para su atención. “La política de adaptación al cambio climático es reconocer que el cambio climático ya hizo que la vida como la conocemos tenga que cambiar”, dice Cabrera.
“Lo que ha pasado en El Bosque es una muestra de la injusticia, primero, del cambio climático, porque ellos son de los que menos han hecho para generarlo y ya lo están viviendo, pero también de la falta de una política de adaptación que les impide seguir habitando sus territorios”, añade.
Áurea Sánchez nunca había salido de Tabasco y no había subido a un avión. Dice que no se llevó bien con la contaminación de la Ciudad de México, pero que en São Paulo la pasó mejor. Que tenía miedo de hablar en público, frente a cientos de organizaciones, representantes de Estado y otras víctimas del cambio climático en el continente. Pero ello no se notó durante la audiencia que marcó un récord de participación ante el máximo tribunal de derechos humanos, según la información del organismo.
A finales de mayo pasado, tomó el micrófono enfundada en un atuendo blanco. La voz se le entrecortó al inicio de su discurso, pero, poco a poco, ganó confianza. Dice que el miedo se le olvidó cuando recordó su casa y las de sus vecinos derruidas. “El mar nos arrullaba y ahora nos despierta, nos quita el sueño, no sabíamos a quién acudir, no hay una ley para esto, no hay puertas que tocar (...). Claramente, las respuestas que existen las diseñó alguien en un escritorio lejos de la realidad que vive una comunidad como la nuestra”, dijo ese día. A la mañana siguiente, autoridades de Protección Civil visitaron la comunidad, después de más de 10 meses. Algo ya se estaba moviendo.
Sánchez tiene aún muchas incertidumbres. La que más le pesa está relacionada con la pesca, la actividad a la que ella y su familia –como el resto de la comunidad– se dedican desde hace décadas. Su hogar se moverá a la ciudad, pero sabe que el mar en donde se gana el sustento permanecerá en el mismo sitio y que un día se comerá enteramente El Bosque.
Dice que los moverán a la ciudad, pero que ellos “no son gente de ciudad”. Como sea, cualquier cosa –relata–, será mejor que dormir todas las noches pensando en si despertarán con el mar debajo de los pies. Dentro de todo, tiene una sola certeza y parece que no duda de ella: “Somos la primera comunidad reconocida como desplazada climática en nuestro país, pero no seremos la última”.
DESOLACIÓN. Hoy, poco queda de vida en esta comunidad pesquera, reconocida como la primera desplazada por el cambio climático.
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB Paula Carrillo
COORDINACIÓN DE FOTOGRAFÍA Betina García