El camino, asegura, no ha sido fácil y ha supuesto afrontar “batallas muy importantes”, no solo para hacerse un espacio en el mercado, también en materia regulatoria y de competencia económica. “Hemos enfrentado una pandemia, como todo el mundo, pero también temas específicos de este sector en términos de incertidumbre legal y regulatoria. Y, sin embargo, nos hemos enfocado en ganar con los clientes y en el mercado”.

AT&T llegó a México dos años después de aprobarse la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de Enrique Peña Nieto, que implicó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que sentó las bases regulatorias para generar una mayor competencia al existir en ese momento dos competidores principales, Telcel y Telefónica Movistar. La firma de Carlos Slim concentraba el 69.6% del mercado.

El arribo de la estadounidense se tradujo en un respiro para la competencia y en una nueva opción de servicio, pero su operación no ha sido sencilla. La empresa se ha tenido que enfrentar a América Móvil, el gigante que a pesar de operar desde hace 11 años con medidas regulatorias para reducir su tamaño en suscriptores e ingresos, aún se ubica en una posición dominante, con el 56% de los ingresos del sector, gracias a que ha sabido caminar con sus reglas asimétricas y, en algunos casos, evadirlas teniendo como consecuencia multas millonarias por parte del regulador.

Thaddeus Arroyo, el primer jefe de AT&T en el país, tuvo como misión consolidar la transición de Iusacell/Nextel a la operación de la estadounidense, así como buscar eficiencias con la combinación de tecnologías de redes ya construidas con las nuevas que desplegó la compañía.

Arroyo pasó la batuta a Kelly King, quien concretó la red 4G para AT&T. Pero el gran desafío era revertir las pérdidas. Desde que inició operaciones, la empresa reportó seis años consecutivos de caídas en sus márgenes financieros, debido a la unificación de Iusacell y Nextel en un solo servicio de 4G. Para cambiar la situación, la firma tuvo que pasar por cuatro directores generales.

Laurent Therivel consolidó la transición de Iusacell/Nextel y consiguió un mayor número de consumidores de alto valor para rozar la rentabilidad. El plan del CEO comenzó a tomar forma desde su entrada en 2018, al disminuir los márgenes negativos de flujo operativo, gracias a que en 2019 desinvirtió en activos no estratégicos, como el retorno del espectro que pertenecía a Nextel. Pero en abril de 2020, el año de la pandemia, Therivel decidió emprender otros proyectos y la responsabilidad pasó a Mónica Aspe.

El portafolio de la empresa está formado por la oferta de prepago, pospago, equipos, internet de las cosas (IoT) y la capacidad mayorista y de servicios para negocios. Y evoluciona para incluir distintas formas de conectividad y financiamiento en el acceso a los dispositivos.

La quinta generación de redes abrirá además nuevos negocios. “Tener menos latencia, la capacidad de conectar más dispositivos a la red y mayores velocidades, que es lo que nos da 5G, nos permite entrar a una nueva era de innovación de productos y servicios que tiene que ver con calidad y servicios muy interesantes para lo industrial”, explica.

En 2021, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña sentó el precedente con la banda de 3.5 GHz, idónea para 5G, al licitarla con solo el 10% de su costo total, mientras que el 90% fue pagado con obligaciones de cobertura y despliegue. Y el pasado julio determinó que la banda de 700 MHz, un espectro similar al que tiene actualmente Altán en México, será licitada sin carácter lucrativo, ya que la finalidad es ampliar la cobertura de telecomunicaciones del país en donde operan Vivo, Claro, TIM y Oi.

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha rechazado más de seis veces la propuesta del IFT de reducir los costos de las bandas espectrales, un precio que es hasta 89% mayor al de algunos países como Alemania, Grecia o Países Bajos y lleva a Telcel y AT&T a desembolsar el 5.4 y el 10.8% de sus ingresos anuales, respectivamente, para costear las bandas de espectro.

Desde ahí, agrega que los gobiernos tienen un papel clave en la inclusión digital, ante la existencia de brechas que requieren la intervención pública para cerrarlas. La pregunta, plantea, es cuál es la forma más efectiva de hacerlo. “A mí me parece que la forma más efectiva es facilitando, no solo permitiendo, la llegada de los operadores privados a todos los lugares donde podemos llegar de manera sostenible y, después, buscando colaboraciones que permitan cerrar brechas en las otras regiones donde sea más difícil hacerlo”.

La directiva fue, de hecho, una de las impulsoras de la Red Compartida, el mayorista que opera Altán Redes, en su etapa como funcionaria, en la que contribuyó a la implementación de algunos de los proyectos que eran parte de la reforma de telecomunicaciones de 2013. Su visión como directora de una empresa de telecomunicaciones, la primera además mexicana de AT&T y la única mujer en la industria, pasó también por la administración pública. Entre 2011 y 2017 trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los dos últimos años como subsecretaria de Comunicaciones. Después, asumió como embajadora y representante permanente de México ante la OCDE, antes de convertirse, en 2018, en vicepresidenta de Asuntos Externos de AT&T, desde donde pasó a CEO.