n los Altos de Chiapas, entre las ruinas mayas de Copatil y La Ceiba, se ubica Sitalá, uno de los municipios con más analfabetismo en México. En esta pequeña localidad, de apenas 15,500 habitantes, cuatro de cada 10 no saben leer ni escribir. Para ellos, todavía es imposible leer las instrucciones de un medicamento, los nombres de las rutas del transporte público, mandar mensajes en el celular o entender y firmar un documento.

En esta comunidad, de difícil acceso, es casi imposible imaginar el mundo hiperconectado actual, porque solo el 3% de las viviendas tiene acceso a internet y el 1% cuenta con una computadora. Todos estos elementos condenan a la población a una vida sin bienestar y limitan su crecimiento económico y social.

Sitalá es un reflejo de los impactos del analfabetismo, un problema que sigue vigente en México. Hasta 2024, afectaba a cuatro millones de personas mayores de 15 años, el 4.1% de la población nacional en ese rango de edad, y que hoy el gobierno federal busca sacar de esta condición para que el país sea considerado libre de analfabetismo.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) lanzó en noviembre de ese año una estrategia para erradicar este problema en 2030. La meta era disminuirlo por debajo del 4%, como recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

México está cerca de lograrlo. Según el INEA, en 2025 fueron instruidas casi 509,000 personas adicionales, con lo que el porcentaje nacional de analfabetismo bajó al 3.8%. Este año, las autoridades apuestan al 3.5%, una proporción que evitaría que los avances moderados se reviertan.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), incluso adelantó la fecha de la meta: “El 2026 no va a ser solo el año del Mundial en México, va a ser el año que será recordado porque erradiquemos el analfabetismo”, declaró en noviembre pasado al comparecer en el Senado.

Pero alcanzar ese porcentaje no significa que el analfabetismo desaparezca. Especialistas en educación explican que primero será necesario confirmar las cifras, porque, en el pasado, se han registrado irregularidades y dudas sobre el alcance y la efectividad de las campañas de alfabetización. Además, ven inviable eliminar el analfabetismo por completo en solo un año debido a retos estructurales.

El estándar internacional de la UNESCO, de menos del 4%, no significa eliminar por completo el analfabetismo. “No es que, literalmente, el 100% de la población aprenda a leer y escribir”, explica Sebastián Corona, investigador en educación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La erradicación es muy difícil porque las personas en esa condición suelen concentrarse en grupos históricamente excluidos: adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades rurales e indígenas y, particularmente, mujeres. Muchas de ellas han vivido décadas sin utilizar la lectura ni la escritura como herramientas cotidianas y, además, algunas se niegan a aprender.

“Una parte importante de estas personas simplemente ya no desea alfabetizarse”, agrega Corona, quien sostiene que, durante una campaña reciente, el INEA contactó a 200,000 personas analfabetas, pero apenas 12,000 aceptaron incorporarse al proceso de alfabetización.

Convencer resulta, en muchos casos, más difícil que enseñar. A esto se suman los problemas que enfrentan las campañas para llegar a la población analfabeta y que explican por qué México ha tardado más de medio siglo en reducir el analfabetismo de uno de cada cuatro mexicanos a uno de cada 20. “Esto es muy difícil de abatir, es un reto enorme”, subraya Patricia Ganem, coordinadora de Investigación de Educación con Rumbo.

A pesar de considerarse fundamental en la política educativa de este sexenio, la estrategia contra el analfabetismo se lanzó sin asignar más recursos al INEA. De hecho, el gasto del instituto para 2026 es de 1,757 millones de pesos, un recorte de 106 mdp frente a 2025. En los últimos años, no se ha superado el presupuesto de 2020, cuando alcanzó 2,156 mdp.

“Se anuncia que se va a alcanzar una meta sin hablar de recursos, sin hablar de personal contratado, de cómo iban a llegar hasta las comunidades”, cuestiona Érik Avilés, director de Mexicanos Primero Michoacán.

En su plan de trabajo 2026-2030, el propio INEA reconoce que es necesario fortalecer su modelo ante las dificultades para llegar a la población analfabeta, ubicada en comunidades alejadas, de difícil acceso o con altos índices de inseguridad. Además, su infraestructura informática está deteriorada por el uso y la obsolescencia tecnológica. “La inversión para su remplazo es insuficiente por limitaciones del orden presupuestal y normativo”, señala el documento.

La estrategia recae sobre alianzas con universidades, empresas, organizaciones civiles y voluntarios, a quienes se les da un apoyo económico de 6,000 pesos mensuales cuando tienen un grupo de 15 educandos y uno adicional de 1,000 pesos por cada persona alfabetizada.

Avilés explica que alfabetizar requiere especialistas en la enseñanza para adultos y no solo voluntarios. “No es suficiente saber leer para enseñar a leer”, afirma. Y también recuerda que México carga con antecedentes de campañas cuyos resultados fueron cuestionados, como ocurrió en Michoacán.

El estado lanzó en 2005 la campaña de alfabetización ‘Yo sí puedo’, que importó un modelo cubano de educación. Tres años después, anunció que habían sido instruidas 257,000 de las 357,000 personas analfabetas. Sin embargo, en el Censo de Población de 2010, el INEGI reportó que en Michoacán vivían 305,000 en esa condición. “Solamente se simuló”, dice Avilés, quien considera indispensable que la estrategia actual publique información verificable sobre las personas alfabetizadas.

Patricia Ganem coincide con Avilés y señala que todavía no existen datos suficientes para comprobar cuántas personas se han incorporado efectivamente a las campañas de alfabetización, cuántos voluntarios participan y para dar seguimiento a los resultados. “La mejor política pública se construye con evidencia, no solamente con buenas intenciones”, subraya.

Aunque reducir el analfabetismo es un paso histórico, no resuelve el mayor desafío educativo del país: mientras que cuatro millones no saben leer ni escribir, otros 24.2 millones de personas están en rezago educativo, es decir, no concluyeron la educación obligatoria. “Aun si solo fuera la secundaria obligatoria, nos olvidamos del bachillerato, combatir ese rezago tomaría 30 años”, advierte Corona, del IMCO.

Si hace tiempo se consideraba alfabetizada a una persona que puede leer y escribir un recado sencillo y realizar operaciones aritméticas básicas, ese criterio resulta insuficiente para evaluar la inclusión educativa actual. La alfabetización implica comprender información, distinguir fuentes confiables, interpretar instrucciones, navegar entornos digitales y desarrollar pensamiento crítico.

Pero uno de cada cuatro adultos mexicanos, aunque no son analfabetos, enfrenta dificultades para comprender textos o resolver problemas matemáticos, lo que impide incorporarse a empleos mejor remunerados y condiciona el desarrollo económico de las personas y del país en un mundo cada vez más digital y tecnológico.

El problema se agrava, además, porque el año pasado disminuyó la cobertura escolar en los tres niveles básicos: en el ciclo 2014-2015, la tasa en preescolar fue del 72%, y para 2024-2025, cayó al 64%. En el mismo periodo, la de primaria pasó del 99 al 94.5%, mientras que la de secundaria disminuyó del 88 al 82%.

“Si bien ya se está logrando la alfabetización de toda la población, el rezago educativo es grande y se espera que siga creciendo”, advierte el experto del IMCO; mientras que Ganem, de Educación con Rumbo, agrega que el abandono escolar responde a múltiples factores que difícilmente pueden resolverse con una sola campaña nacional.

La especialista abunda que, en comunidades rurales, las niñas suelen abandonar la escuela para asumir tareas de cuidado en el hogar, mientras que los niños lo hacen para incorporarse al trabajo agrícola o apoyar el sustento familiar. A ello se suman las dificultades económicas, la falta de transporte, los costos asociados a estudiar y un sistema educativo que muchas veces no logra detectar oportunamente a quienes se rezagan.

Sitalá padece todo esto. Aquí, el 87% de los pobladores habla una lengua indígena y, de las personas analfabetas, el 63% son mujeres. Apenas hay siete secundarias y dos bachilleratos; la pobreza alcanza al 97% de la población y su complicada orografía serrana es un obstáculo para el desarrollo de infraestructura básica.

El resultado es un círculo que se repite entre generaciones y perpetúa la pobreza. “Es un fenómeno histórico, cultural y profundamente doloroso”, resume Ganem.

Las consecuencias del rezago educativo trascienden las aulas. La falta de escolaridad limita el desarrollo económico de las personas y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional. Los especialistas coinciden en que, quienes no saben leer o abandonan tempranamente la escuela, suelen incorporarse a empleos informales, con bajos salarios y escasas posibilidades de movilidad social.

Por eso, los estados con más analfabetismo también son los más pobres. Por ejemplo, en Chiapas, casi el 14% de la población no sabe leer ni escribir y el 27% vive en pobreza extrema. Lo mismo ocurre en Guerrero y Oaxaca, que ocupan el segundo y tercer lugar nacional, respectivamente, tanto en analfabetismo como en pobreza extrema.

Corona, del IMCO, recuerda que las habilidades tecnológicas, matemáticas y científicas son las más demandadas por las empresas actualmente. Pero justo son las materias en las que México resultó peor evaluado en la prueba PISA 2022. “Eso nos condena a que menos empresas internacionales vengan porque no encuentran el talento que necesitan y perjudica la inversión que puede atraer México”.

A las personas, además, las pone en mayor riesgo de ser víctimas de la delincuencia o de daños a la salud. Por ejemplo: en la pandemia de covid-19, siete de cada 10 adultos que murieron estaban en rezago educativo. En Sitalá, la mayoría gana la mitad de un salario mínimo y apenas el 9% tiene seguridad social.

Avilés lo resume así: “Cada día que una persona permanece en esa condición, enfrenta la vida de modo más difícil”.