as políticas de integridad o programas de cumplimiento pueden ser herramientas efectivas para mitigar los riesgos de corrupción que pueden surgir en una empresa. Estas políticas buscan orientar la actuación de sus colaboradores en el interior; hacia el exterior, definen el comportamiento con terceros, desde otras empresas con las que hacen negocios hasta el gobierno o la sociedad en la que opera.
Las políticas de integridad han ganado relevancia en el sector privado mexicano durante los últimos años. Así lo demuestra el Índice Integridad Corporativa 500 que cada año realizan Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Integridad (MCCI), y publicamos en Expansión. La primera edición de este índice, en 2017, reportó que ‘Las 500 empresas más importantes de México’ obtuvieron un promedio de 36.6 puntos de 100 posibles; en 2024, el promedio es de 74.9 puntos. En siete años, las empresas han duplicado el puntaje promedio de la primera evaluación y siguen mejorando año con año.
Una posible explicación del crecimiento en la implementación de medidas de integridad por parte de la iniciativa privada es el contexto de elevada incidencia de corrupción que afecta su desempeño. La encuesta sobre corrupción en América Latina para 2024 de la firma Miller & Chevalier, que recaba la opinión de representantes de empresas en la región, señala que el 64% de las compañías consultadas en México consideran que la corrupción es un obstáculo significativo para hacer negocios. En el ámbito nacional, una encuesta publicada recientemente por Data Coparmex y MCCI señaló que, prácticamente, cinco de cada 10 empresas afiliadas a la Coparmex experimentaron un acto de corrupción durante 2023.
Si en el actual clima de negocios las políticas de integridad son medidas pertinentes, estamos frente a un cambio paradigmático que las hará incluso más relevantes: en los próximos años, el fenómeno de la relocalización tendrá un impacto notable en el ambiente de negocios de México. Específicamente, las fusiones y adquisiciones de empresas podrían crecer considerablemente en el futuro inmediato. Una encuesta realizada por KPMG en 2023 reveló que el 45% de las empresas y los inversionistas consultados estiman que la oportunidad de realizar fusiones y adquisiciones en América Latina nunca ha sido mayor. Este mismo reporte señala que el 63% considera el gobierno corporativo como la característica más importante para mejorar el valor de una operación como estas.
Por ello, es relevante considerar lo que puede pasar con las políticas de integridad de las compañías que participan en los procesos de fusión o adquisición. De acuerdo con la medición del IC500 para 2024, apenas el 49% de las empresas cuentan con una política específica para sus socios comerciales, mientras que el 22% no hace ninguna mención sobre este tema en sus políticas de integridad. Este apartado de las políticas de integridad es en el que los negocios pueden definir cómo operar un proceso de integración o de adquisición. Por ejemplo, algunas organizaciones pueden especificar que, para aprobar una adquisición, es necesario que la compañía por adquirir comparta ciertos valores con la adquiriente o que cuente con políticas de auditoría o con un canal funcional de denuncia.
Definir buenas políticas de integridad requiere de grandes esfuerzos, los cuales pueden tomar un tiempo considerable y recursos. Además, no basta con que sean simplemente redactadas por un área o una oficina. Para ser verdaderamente eficaces, las acciones de cumplimiento deben incorporarse a la cultura de la empresa, lo cual solo es posible con la participación de todas las personas que la integran. Un riesgo de las fusiones y adquisiciones es que este conocimiento organizacional puede perderse y complicar la integración de ambas compañías.
Durante los siete años que hemos evaluado las políticas de integridad de las empresas más importantes de México, hemos encontrado experiencias positivas de grupos empresariales que impulsan a las compañías que las componen a publicar programas de integridad cada vez más completos. Un número importante de grupos empresariales cuenta con dos o más empresas integrantes entre las que alcanzaron ya los 100 puntos posibles del índice. Sin embargo, también se han registrado algunas experiencias negativas: hemos visto desaparecer códigos exhaustivos de ética luego de que la compañía fuera adquirida.
Disminuir la corrupción es un buen negocio para todas y todos. Un ambiente libre de corrupción permite a las empresas contar con seguridad jurídica y certidumbre sobre sus inversiones, fomentando el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio y la creación de puestos de trabajo. Ante los cambios económicos que estamos viviendo, el sector privado puede consolidar el esfuerzo para que cada vez más compañías tengan mejores políticas de integridad. Por nuestra parte, estaremos pendientes de los procesos de fusiones y adquisiciones para documentar los esfuerzos que hace la iniciativa privada para preservar los esfuerzos anticorrupción ante estos procesos de cambio.
