ero corrupción, cero impunidad”. Cada vez que escucho esta frase en voz de políticos o líderes empresariales, no dejo de sentirme incómodo. He dedicado más de dos décadas al estudio de la corrupción y la impunidad, y la expresión no me convence del todo.

En anticorrupción, todo lo que se acerca a un valor igual a cero es poco creíble: “Tuvimos cero observaciones de auditoría”, “nunca hemos pagado sobornos”, “tenemos cero tolerancia a la corrupción”, “ya erradicamos la corrupción”. La corrupción, el fraude, el enriquecimiento ilícito son fenómenos que habitan en sistemas complejos. Y los sistemas complejos no pueden, por decreto, eliminar problemas vinculados con la conducta humana.

Puedo entender que, en ocasiones, la meta de una organización empresarial sea erradicar el fraude o la corrupción o que en un país busquemos que la impunidad desaparezca. Esto, que Cass Sunstein llama “la función expresiva de la ley”, asume que la ley no será suficiente para cambiar la conducta humana, pero sí para enfatizar la importancia de un valor compartido por una comunidad.

Pero cuando la brecha entre el valor declarado y la conducta observada es muy amplia, la “función expresiva” de declarar “tolerancia cero a la corrupción” pierde valía. Todos sabemos cuando la conducta de una empresa no se acerca ni remotamente al valor declarado. Pero por condescendencia, aversión al riesgo o, sencillamente, para evitar conflictos, nadie se anima a pedir a la empresa que quite de su página web su compromiso declarado contra la corrupción.

Así, la “declaratoria de guerra contra el fraude, la corrupción o la impunidad” va alejándose de la confianza social y el valor declarado puede interpretarse como marketing o como cinismo puro y duro. En lo personal, me gustan más las empresas que reconocen sus retos y no aquellas que nos presentan realidades alternas o imaginarias. El Índice IC500, que elaboramos con MCCI y publicamos anualmente en Expansión, nos lo recuerda: la empresa que tiene 100 puntos no es la empresa perfecta, sino la que está mejor preparada para luchar.

Un buen ejemplo es la extorsión. Una organización o una empresa, en un país como México, con más de dos millones de kilómetros cuadrados, no puede asegurar “cero corrupción”, cuando sus ejecutivos o sus trabajadores encaran cada día a centenares de autoridades diferentes o a los grupos delincuenciales, a los que les tiene sin cuidado el Estado de derecho y las políticas de integridad empresarial.

Las empresas son blanco continuo de la extorsión de funcionarios públicos y del crimen organizado. Incluso, en ocasiones, sus propios funcionarios urden esquemas fraudulentos para, con el pretexto de la extorsión, desviar recursos de las empresas para beneficio propio. Por eso, en Transparencia Mexicana instalamos un grupo de trabajo con jóvenes abogados de los despachos más importantes del país, para pensar juntos en soluciones prácticas para enfrentar el problema.

El primer paso es abandonar las frases hechas y los lugares comunes. Ninguna compañía puede asegurar que podrá llevar a la realidad la declaración de tolerancia cero ante la extorsión de funcionarios públicos o grupos criminales. Sencillamente, no es posible hacerlo.

Lo que las empresas pueden declarar es que están lidiando de la mejor forma con el problema. En lugar de esconder los sobornos o los pagos por extorsión en la sección de “no deducibles” de sus estados financieros, pueden reconocer que la creciente extorsión afecta la operación de su negocio y que están haciendo lo necesario para evitar el riesgo de que sus propios funcionarios, en esquemas fraudulentos, se inventen, por ejemplo, extorsiones que no existen para defraudar a los socios o a los inversionistas.

Más allá de los ideales descritos en una política de integridad empresarial, reconocer sus desafíos y trabajar en estrategias para abordarlos prepara a las empresas para enfrentar mejor la realidad. En este ejemplo, controlar el fraude empresarial es una medida clave para poder concentrarse en pensar cómo lidiar con la verdadera extorsión.

El crecimiento del crimen organizado, la violencia en carreteras y caminos, la frecuente extorsión de reguladores y funcionarios locales son situaciones complejas de enfrentar. La acción colectiva mediante cámaras empresariales y grupos, los compromisos públicos expresados en sus políticas de integridad y la capacitación constante de sus colaboradores son todas acciones necesarias y útiles.

Nuestro país y su economía reclaman empresas convencidas de que los problemas que las afectan en lo individual son también problemas sistémicos y que la integridad empresarial es tan solo el requisito mínimo para empezar una compleja lucha contra la triple extorsión: la de funcionarios deshonestos, la de organizaciones criminales y la de los propios ejecutivos y trabajadores que abusan del contexto en beneficio propio.