Los caudales de agua producto del huracán amenazan con dañar sus 700 árboles de limón y los 160 cedros, caobas y robles que hace pocos menos de dos años plantó en sus tierras como parte de Sembrando Vida, un programa al que hoy ya no pertenece, pero él sigue cultivando.

Roberto, que vive en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, fue dado de baja del programa luego de denunciar irregularidades en la operación de una de las iniciativas insignia de la administración federal. Como le ocurrió a Roberto, las consecuencias negativas que sufrieron distintos beneficiarios al señalar inconsistencias dentro de Sembrando Vida han generado temor entre los campesinos, según los relatos obtenidos por Expansión y CONNECTAS. Las represalias del Gobierno contra los denunciantes se repiten en varios casos.

Son apenas 97 denuncias las que han llegado a la Secretaría de la Función Pública en contra de funcionarios que operan Sembrando Vida, que incluye a 426,000 de beneficiarios, en los casi tres años que lleva activo. Las acusaciones son varias, pero destacan las irregularidades administrativas, el uso del programa para hacer proselitismo político y hasta el condicionamiento de los beneficios a los campesinos.

Las denuncias son pocas y las sanciones nulas. Solo tres de las presentadas se han concluido: todas fueron cerradas por falta de elementos, según los argumentos oficiales. El resto de las investigaciones sigue en curso.

En contraste, la dependencia ya ha dado de baja a 51,000 campesinos en el mismo periodo de tiempo. Setenta sembradores, incluso, han sido acusados de “corrupción”. Dentro de este amplio universo de beneficiarios dados de baja se camuflan casos más polémicos de campesinos que han denunciado irregularidades en el programa y que después son expulsados por el gobierno.

En la veintena de testimonios recolectados por Expansión, la constante es la misma: los campesinos han confesado que se abstienen de hacer denuncias públicas por el miedo a que les retiren el apoyo, que en comunidades de extrema pobreza pueden hacer la diferencia para una familia.

El programa opera bajo una estructura vertical. Las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) son el corazón de Sembrando Vida. Están formadas por 25 jornaleros y dos técnicos. Los facilitadores y coordinadores están por encima de ellos, pero los técnicos son los que están en contacto directo con los sembradores.

Es justo en la figura de los técnicos sobre la que recaen más quejas. Su poder radica en algo fundamental: ellos son los que deciden qué se siembra, cómo se siembra, y sobre todo, ellos junto con los coordinadores tienen la última palabra para meter y sacar gente del programa.

“Las CAC son organizaciones clientelares pues dependen de los recursos del programa. Están integradas por dos técnicos y 25 campesinos entre quienes se establece una relación de subordinación”, considera Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, en una columna escrita para La Jornada.

Roberto dice que su caso es una prueba de que dentro de Sembrando Vida no existe ningún lugar para el cuestionamiento. Este campesino asegura que los problemas iniciaron cuando vio irregularidades y comenzó a hacer preguntas a los técnicos del CAC El Buzón, al que pertenecía.

La venta de árboles que debieron ser entregados gratuitamente a los beneficiarios, el “extravío” de 6,000 plantas de limón y el pago de 8,000 pesos para pagar “la mordida” a un policía federal que detuvo al chofer que transportaba los árboles, entre otras acusaciones, llevaron a Roberto a viajar a Xalapa, la capital del estado, para denunciar estos hechos.

No fue solo. Se sumó a su viaje Jacob Espinoza, otro sembrador del CAC El Buzón, que levantó la voz luego de que asegura que los 132,946 pesos que envió el gobierno para la construcción de un vivero comunitario terminaran en manos de un contratista cercano al técnico productivo. Jacob sostiene que el contratista solo entregó un toldo, cuatro estructuras y un sistema de riego que quedó con muchas fallas, lo que inconformó a 12 de los 22 sembradores que forman la CAC, que decidieron firmar la denuncia que llevaron a la capital veracruzana.

Nada ocurrió con esa acusación, pero Roberto y Jacob fueron sacados del programa. ¿El motivo oficial? No cuidar sus árboles.

No los desplazaron inmediatamente. Roberto fue expulsado unas semanas después de haber denunciado y Jacob, un año después. “No pudieron sacarme luego, luego porque en cuanto sacaron a Roberto, mi papá y yo le pusimos muchas ganas y cuando el técnico vino a ver (mi terreno) ya lo tenía todo sembrado. Pero esperaron el primer descuido para sacarme.

“Se le secaron las hojas a 10 árboles, lo vieron desde la carretera y con eso me sacaron”, expresa Jacob, de 41 años, padre de dos niños. Tras la pérdida económica que le ocasionó su salida del programa, ahora piensa en aventurarse a cruzar a los Estados Unidos, pese a que el presidente López Obrador insiste que Sembrando Vida es una oportunidad para frenar la migración.

La denuncia de ambos sembradores llegó hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP) —encargada de investigar actos de corrupción de servidores públicos— como parte de una queja iniciada por el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Veracruz, Carlos Valenzuela González, que también acudió a interponerla ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, cuando se enteró de las acusaciones que enumeraron Roberto y Jacob.

La eterna tardanza de la investigación

Hasta las oficinas de la Función Pública han llegado 97 denuncias en contra de funcionarios que operan Sembrando Vida. Entre ellas, hay acusaciones por malos tratos, hostigamiento laboral y abuso de autoridad, además del supuesto desvío de recursos públicos, entre otras razones.

Desde que inició el programa en 2019 hasta agosto pasado, solo tres investigaciones han sido concluidas. En los tres casos se determinó no aplicar sanciones por una supuesta falta de elementos. Las denuncias fueron hechas en contra de un técnico del programa, un coordinador territorial y un funcionario más que no fue identificado por su cargo, según consta en la información entregada a Expansión vía transparencia.

En los 32 meses de operación que lleva Sembrando Vida, las otras 94 denuncias siguen en etapa de investigación y no se cuenta con una sola sanción. En la poca información entregada por el gobierno, no se detallan ni los hechos que se acusan ni el cargo del servidor público al que se investiga.

De acuerdo con datos obtenidos, son 12,568 los técnicos retirados del programa en lo que va de su operación, pero tampoco se especifican los motivos.

Las denuncias públicas de irregularidades ya han llegado hasta el Congreso mexicano a través de diputados de oposición, quienes piden se investiguen las quejas de los campesinos sobre los funcionarios que operan el programa. Los legisladores han destacado supuestos cobros indebidos a los sembradores, sobreprecios en la compra de herramientas para viveros, el cobro de cuotas para ingresar al programa y adjudicaciones de contratos a gente cercana a los técnicos.

“La respuesta fue que está en análisis la denuncia que se presentó y es ahora donde pediríamos al nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, que realmente le pueda dar seguimiento a estas carpetas o de lo contrario podemos entender que hay un encubrimiento de actos de corrupción”, expresa en entrevista el diputado Valenzuela González.

Expulsados por denunciar

Sembrando Vida se ha vuelto insignia para el campo mexicano al ser la única ayuda directa a productores que otorga el gobierno federal luego de la desaparición del Procampo, que desde el año 1993 entregaba apoyos.

Desde que arrancó, en 2019, con el objetivo de generar empleo y llevar bienestar a las poblaciones campesinas más pobres del país, se han sumado 426,000 beneficiarios, lo que deja al programa a solo 4,000 sembradores de la meta fijada. El objetivo oficial es recuperar la cobertura forestal de 1,075,000 hectáreas a través de una combinación entre la siembra de árboles frutales y maderables con milpa, para incentivar “la suficiencia alimentaria” de las familias.

Este proyecto agroalimentario es el que López Obrador ha vendido a su homólogo estadounidense, Joe Biden, como la solución para frenar la migración de los países del Triángulo Norte y que hace unos días su enviado especial para el cambio climático, John Kerry, vino a conocer a Chiapas.

En México, se han entregado más de 72,000 millones de pesos a los campesinos, convirtiéndose en el programa que mayor apoyo en efectivo otorga a sus beneficiarios.

Justamente por el valioso aporte de recursos que representa dentro de las zonas más pobres del país, es que los sembradores optan por no denunciar públicamente las inconsistencias. “Hay muchas irregularidades, pero nadie quiere denunciar. Hay miedo porque luego, luego te sacan del programa”, señaló un sembrador de Balancán Tabasco, quien pidió no revelar su nombre.

De enero del 2019 a agosto de este año, las bajas a los sembradores desde que inició el programa se cuentan por miles. Son más de 51,000 las personas expulsadas, un 12% sobre el total de los beneficiarios actuales.

A diferencia de las investigaciones contra los funcionarios, los beneficiarios pueden ser expulsados de manera muy rápida y sin que pase por un proceso de investigación o sin que estén muy claras las razones de su baja. Los estados que han causado mayores bajas son Campeche, Chiapas y Chihuahua, mientras que los cinco municipios con más personas expulsadas son Ocosingo y Altamirano en Chiapas, así como Macuspana, Balancán y Tacotalpa, en Tabasco.

Los motivos son diversos: desde faltas injustificadas a las Comunidades de Aprendizaje y abandono del trabajo en la parcela, hasta el intento de soborno a los técnicos e irregularidades en el manejo de recursos.

En Comalcalco, Tabasco, Marisol Ventura fue destituida como delegada de Sembrando Vida en ese municipio al señalar que fue sustituida por “ser un peligro” para un funcionario de más alto rango en el programa por llevar los principios que el presidente promueve: “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. Su denuncia quedó grabada en un video que se difundió en redes sociales en agosto del 2020.

En Guerrero, Benito Valdovinos también fue dado de baja como beneficiario del programa Sembrando Vida tras exponer sus inconformidades respecto a la elección de una empresa que realizaría un sistema de riesgo en varios CAC del municipio costero de La Unión Isidro Montes de Oca.

Benito pidió las cotizaciones del sistema de riego para el CAC que presidía, pero después los técnicos le dijeron que sería una empresa ubicada en Texcoco, Estado de México, la que les abastecería los materiales y haría el trabajo. Por el sistema de riego les cobrarían 81,000 pesos, de los cuales 64,500 fueron depositados a la empresa de Texcoco.

El campesino asegura que nunca les dijeron qué materiales se utilizarían ni les presentaron la cotización a detalle y, al final, la empresa ya no realizó los trabajos. Desconoce la razón, pero asegura que el facilitador contrató gente y compró el material en Guerrero, pese a que se le pagó a la empresa. Benito protestó y pidió cuentas del trabajo.

“Uno que es del campo y que lleva muchos años trabajando ya sabe qué es una bomba, manguera y tubo de calidad, incluso sabemos hacer los sistemas de riego y sabemos cuánto cuestan. Somos campesinos, pero sabemos cuánto cuestan”, expresa en entrevista.

Benito Valdovinos fue dado de baja del programa el día después de cuestionar la falta de transparencia en la obra por “dar información falsa”, según consta en la documentación que le entregaron.

Pero más allá de las bajas por cuestionar el manejo oficial del programa, otras expulsiones fueron justificadas con pruebas de irregularidades por parte de los beneficiarios.

Es el caso de un sembrador de Campeche que fue elegido para formar parte del “comité del recurso adicional”, a quien se le depositó el dinero, pero no lo entregó. En Chiapas, un beneficiario se gastó el recurso destinado para el transporte de plantas y no quiso hacer la devolución. En Puebla, otro jornalero fue dado de baja por extraer material, herramientas e insumos del vivero y solicitar dinero en efectivo, que después se negó a pagar. En otros casos, se dieron bajas por robo de dinero y plantas, así como por la comisión de otros delitos en viveros.

En un análisis realizado por Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, se señala que al tener el programa una estructura vertical, gran parte del poder de decisión está concentrado en manos de los técnicos de campo. “La selección de beneficiarios y el tipo de plantaciones forestales por ser establecidas son aspectos que caen en gran medida bajo su responsabilidad.

La ausencia de indicadores que midan el desempeño y avances de este personal es preocupante; aún más, la falta de mecanismos de supervisión cruzados para desincentivar un posible abuso de poder en procesos claves del programa (en particular, para seleccionar o dar de baja a los beneficiarios)”, señala en su estudio Riesgo de Corrupción en los Programas Sociales.

El encargado del programa en la Secretaría del Bienestar, Hugo Raúl Paulín Hernández, reconoce que aun cuando se ha intentado limpiar de corrupción la administración bajo la bandera del presidente López Obrador, esto no siempre ha sido posible. “Yo no puedo negar que haya técnicos corruptos. Les hemos encontrado mañas a más de alguno”, expresa en entrevista para esta investigación, pero asegura que el 90% de los técnicos del programa son muy comprometidos.

A Elías Hernández de Centla, Tabasco, no lo dieron de baja de Sembrando Vida. Directamente prefirió renunciar al ver las irregularidades que cometían los técnicos y facilitadores responsables de su Comunidad de Aprendizaje ubicada en la tierra del presidente López Obrador. El año pasado fue nombrado presidente de la CAC, pero ocurrieron situaciones que a él no le parecieron correctas. “Metían a gente que era amiga de los técnicos o facilitadores y se permitía la permanencia de sembradores que no trabajaban, también se compraban productos más caros de lo real”, detalló.

Elías metió un escrito a la coordinación territorial de Comalcalco, en el mismo estado, pero nunca le dieron respuesta. “Siempre estuve insistente y hablando en contra de las irregularidades, tomaron represalia en contra mía, me presionaron, el facilitador llegó a decirme que ‘le bajara, que no era la manera’ y preferí presentar mi renuncia”.