ste año publicamos la décima evaluación de ‘Las 500 frente a la corrupción’. Este esfuerzo de la revista Expansión, Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad busca promover el compromiso público con la integridad entre las empresas más importantes de México. Después de casi una década de avances continuos, el Índice de Integridad Corporativa 500 (IC500) registró una primera señal de desaceleración, que aún estamos a tiempo de revertir.

Cuando presentamos los primeros resultados del IC500, en 2017, el contexto nacional era muy diferente. La corrupción ya ocupaba un lugar central en las preocupaciones públicas, como ocurre ahora, pero las medidas internas del sector privado para su prevención aún estaban en una etapa inicial de adopción. Entonces y ahora es claro que el sector privado es un actor clave del esfuerzo para reducir los actos de corrupción en el país. Esto es particularmente cierto para las 500 empresas con más ventas del país, que representan en su conjunto cerca del 75% del PIB nacional.

El propósito del IC500 nunca ha sido medir si una empresa es corrupta o no. Su objetivo es evaluar qué tan completas, accesibles y visibles son las políticas de integridad de las compañías que más influencia tienen en la economía mexicana. La lógica de esta iniciativa es sencilla: establecer reglas internas que sean claras, mecanismos confiables de denuncia y programas permanentes de capacitación vuelve más difícil cometer un acto de corrupción.

Los avances registrados son importantes. En 2017, el promedio general fue de 36.8 puntos de 100 posibles. Mientras que apenas 14 empresas superaron los 80 puntos, el 62% recibió menos de 50. Entonces, solo 200 compañías tenían una versión pública de su código de ética y 138 hacían público un compromiso contra la corrupción Nueve años después, el panorama es muy diferente. En 2026, el promedio general alcanzó 76.6 puntos, más del doble de la primera edición. El número de empresas que lograron el puntaje máximo de 100 continúa creciendo y este año, llegó a 69. Además, el 70% de las empresas evaluadas está por encima de los 80 puntos. Actualmente, 420 compañías publican un código de ética y 399 expresan un compromiso explícito en contra de la corrupción.

Las principales empresas del país muestran hoy un compromiso más visible con la integridad. Sin embargo, los resultados de 2026 sugieren que podríamos estar ante el inicio de una etapa de desgaste. Esta es la primera medición en la que el promedio general no creció respecto al año anterior: pasó de 76.9 puntos en 2025 a 76.6 en 2026.

Las principales señales de preocupación detectadas en la evaluación de este año se concentran en tres rubros. El primero tiene que ver con la actualización de las políticas internas y los sitios web corporativos. 48 empresas disminuyeron su puntaje respecto a 2025 y en nueve casos la reducción fue de más de 20 puntos. En algunos casos se debió a modificaciones en los documentos que dejaron fuera elementos evaluados. En otros, las actualizaciones de sitios web o fusiones empresariales relegaron el acceso a sus políticas de integridad.

La segunda preocupación corresponde a las compañías que aún no hacen públicas sus políticas anticorrupción. En 2026, cinco empresas obtuvieron un puntaje de cero porque no fue posible localizar siquiera un sitio web donde buscar sus políticas de integridad. Adicionalmente, 44 compañías –prácticamente una décima parte de las evaluadas– recibieron menos de 10 puntos, debido a que únicamente hicieron público un aviso de privacidad.

Por último, la tercera preocupación está relacionada con elementos que registran sistemáticamente menor nivel de cumplimiento año con año. Dos terceras partes de las compañías (337 de las 500) cuentan con un programa de capacitación sobre sus políticas de cumplimiento, pero solo 245 señalan expresamente que sus directivos también reciben esta capacitación. Apenas la mitad (254) refieren sanciones específicas por incumplimiento de sus políticas internas. Otros elementos, como una política exclusiva para socios comerciales o mecanismos para prevenir el lavado de dinero, mantienen niveles bajos de cumplimiento.

Diseñar políticas corporativas capaces de prevenir, detectar y sancionar posibles hechos de corrupción requiere un esfuerzo sostenido. Durante los últimos 10 años, las empresas más importantes de México han mostrado avances considerables en la adopción y la divulgación de estas medidas. El desafío ahora es distinto: mantener este impulso, evitar retrocesos y atajar los pendientes.