e acuerdo con datos recabados por la Coparmex, que entrevistó a sus agremiados en todo el territorio nacional, el 97% de las extorsiones a las empresas no se denuncian. Las compañías, por razones totalmente comprensibles, prefieren no denunciar por miedo a represalias o a que el tema escale, causando daños a su propiedad o a la seguridad y la vida de sus trabajadores, socios o directivos.

La extorsión de las empresas no solo no se detiene, sino que sigue creciendo. En la última década, los casos de extorsión identificados por las empresas ha crecido 83%. La propia Coparmex, como otros organismos cúpula, reconoce que la extorsión no proviene solo del crimen organizado, sino también de funcionarios públicos de distintos órdenes de gobierno.

Por tratarse de un delito económico que usa como amenaza la violencia o el daño a la propiedad y a las personas, las políticas de integridad empresarial identificadas en las 500 empresas evaluadas por Transparencia Mexicana y MCCI, y que forman parte de las más grandes de México, según Expansión, no hacen mención explícita del tema. Las compañías prefieren manejar el tema con discreción.

Este contexto plantea un reto de fondo: ¿están preparadas las empresas –y las herramientas que usamos para evaluar su integridad– para enfrentar un fenómeno como la extorsión? A diferencia de la corrupción administrativa –en la que las compañías pueden establecer políticas de cero tolerancia y mecanismos relativamente claros de control–, en la extorsión hay un silencio profundo porque combina amenazas, asimetrías de poder y riesgos directos para la integridad física de las personas.

Las empresas buscan formas de cubrir el costo de la extorsión y evitan su denuncia, porque las consecuencias pueden ser mayores.

Esto no solo distorsiona las decisiones empresariales, sino que también limita la capacidad de construir respuestas colectivas frente al problema.

Al crecer tanto en monto como en frecuencia, la extorsión se ha convertido en una especie de impuesto oculto que las empresas tienen que incorporar al precio final de los productos o servicios que comercializan. Su presencia en la economía mexicana es tal, que su costo termina reportándose en el capítulo de “costos no deducibles” de muchos estados financieros.

Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal ha emprendido en el último año una estrategia contra la extorsión, buena parte de las medidas implementadas se concentran en las redes criminales y, en menor grado, en la extorsión ejercida desde los espacios de autoridad. El tema de la extorsión gubernamental llegó a un punto de inflexión este año, cuando el alcalde de Tequila, Jalisco, amparado en el cobro del predial, decidió extorsionar a uno de los comercializadores de bebidas alcohólicas más importantes del planeta.

La noticia no solo dio la vuelta al mundo, y supuso la intervención de autoridades federales y locales, sino que terminó con la detención del alcalde, en uno de los operativos policiacos más visibles de este año.

Pero no todas las empresas son organismos de ese tamaño o tienen acceso a funcionarios públicos con la capacidad y la destreza para enfrentar a un alcalde. La mayor parte de las compañías tiene que lidiar en silencio y en secreto con el asunto.

El Índice de Integridad Empresarial de Transparencia Mexicana y MCCI ha buscado, desde 2015, ser de utilidad a las empresas más importantes del país, y de inspiración para sus cadenas de proveeduría o para posibles competidores.

Sabemos que medir las políticas contra la extorsión es complejo. Por ello, hemos iniciado discusiones técnicas con especialistas y ejecutivos empresariales, para pensar cómo abordar el tema de manera sistemática. Casi 70 compañías han alcanzado 100 puntos en el índice, y, junto con muchas de ellas, necesitamos avanzar hacia nuevas mediciones e instrumentos que permitan a las áreas financieras, legales y de cumplimiento enfrentar mejor este problema.

No todo es mejorar la medición. También requerimos fortalecer la acción colectiva entre empresas, de modo que la respuesta a la extorsión no recaiga exclusivamente en decisiones individuales tomadas en condiciones de vulnerabilidad.

La extorsión a empresas no es solo un problema de seguridad, es un factor que afecta la competencia, distorsiona los mercados y termina trasladando esos costos a los consumidores. Instrumentos como el IC500 y políticas públicas como las que impulsamos desde Transparencia Mexicana deben estar al servicio de ese propósito.