Un costoso rescate

¿De cuánto se dispone y qué falta?

Para el caso de Otis, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan de reconstrucción por 61,312 millones de pesos, que consiste en adelantar el pago de los programas sociales y 10,000 plazas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras acciones.

En un análisis, el organismo sostiene que los recursos de 2023 no alcanzarán y se heredará la presión financiera al siguiente año. “Para 2024, se proyectan en el presupuesto 17,900 mdp para atender emergencias derivadas de fenómenos naturales, los cuales se tendrían que gastar en su totalidad para reconstruir Guerrero (con el riesgo incluso de ser insuficientes). La consecuencia: careceríamos de recursos para atender otros fenómenos potenciales el siguiente año”, asevera.

En 2014, el gobierno hizo un plan de reconstrucción para Acapulco por los huracanes Ingrid y Manuel, de 2013. “En ese caso se estableció un monto de 61,000 mdp, que después se amplió. Si descontamos por inflación, en este momento sería de alrededor de 94,000 mdp. En pesos constantes, se está dando menos apoyo de lo que se dio en ese momento”, puntualiza Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El especialista detalla que, de los 61,312 mdp de Otis, acciones como el adelanto de la Pensión para Adultos Mayores, las becas de nivel básico, condonación de impuestos y las prórrogas para el pago de Infonavit y FOVISSSTE, alrededor de 21,000 mdp, “no son inversión”. Lo que se podría considerar inversión es la entrega de 8,000 pesos para pintura y entre 35,000 y 60,000 pesos, dependiendo del daño de la vivienda; así como el plan de infraestructura urbana, por 10,000 mdp.

Respecto del plan de 20 acciones del gobierno, Salazar Andreu enfatiza que la Secretaría de Hacienda aún cuenta con 18,000 mdp del extinto Fonden, más 15,000 mdp de los fideicomisos del Poder Judicial. “Sumando el Fonden y los fideicomisos del Poder Judicial, que están en disputa, hay pendientes alrededor de 28,000 mdp, los cuales saldrán del espacio fiscal –ingresos menos el gasto comprometido–, que es de alrededor del 0.9% del PIB, equivalente a alrededor de 300,000 mdp, para el plan que dio a conocer [el presidente] sí alcanza ese dinero”, sostiene.

En ese sentido, el académico abunda que, en caso de que la cifra que se requiera para la reconstrucción sea la más optimista, con 200,000 mdp que fija como más baja el sector privado, el gobierno sólo tendría que erogar 100,000 mdp, toda vez que se contará con recursos de las empresas, las indemnizaciones de los seguros y el gasto que harán las familias. “Tampoco habría problema”, agrega Salazar.

Peligro constante

Por su posición geográfica, México está en riesgo latente a causa de fenómenos naturales, por lo que el gobierno debe contemplar recursos para atender las emergencias. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 no se etiquetan recursos para la reconstrucción de Acapulco, lamenta Adriana García.

Mientras que los 15,000 mdp de los fideicomisos del Poder Judicial tienen que seguir una ruta y cumplir con ciertas reglas para utilizarse y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue eliminado.

Para México Evalúa, a tres años de la desaparición del Fonden “queda de manifiesto el gran error que fue eliminarlo”, ya que los recursos restantes para atender las consecuencias de fenómenos naturales en 2023, con todo y el bono y seguro catastróficos, difícilmente alcanzarán para reconstruir Acapulco y zonas aledañas tras el huracán Otis.

“Es inevitable pensar en lo que hubiera pasado de no desaparecer el Fonden. Estimamos que el fondo habría contado con 36,000 mdp en 2023, el doble de lo que la SHCP aprobó para atención de desastres este año. Y si se hubiera mantenido la asignación de recursos para desastres, el saldo y los recursos presupuestarios al tercer trimestre llegarían a 72,100 mdp, cuatro veces más de lo aprobado en 2023. Con esta ‘bolsa’, más los recursos aprobados en 2023 y los seguros financieros, se habría contado con hasta 85,900 mdp para atender la emergencia”, lamenta el organismo.

El Fonden era un recurso administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que lo invertía en instrumentos de bajo riesgo por los que se obtenían ingresos por los rendimientos. Ante esto, no hay otra figura a través de la cual se puedan ahorrar recursos para atender este tipo de emergencias, coinciden los entrevistados.

Todas las partidas que contempla el presupuesto se tienen que gastar, de tener subejercicios, ese recurso se tiene que reintegrar a la Tesorería. “Hay unas disposiciones que emitió la SHCP sobre programas plurianuales que se pueden establecer. El problema es que no hay una bolsa que asegure que los recursos van a estar disponibles; se corre el riesgo de que lo aprobado en el presupuesto no sea suficiente”, sostiene Carrillo, del IMCO. “Vas a tener que reasignar de otros lugares”.

El problema con la reasignación de recursos ya etiquetados es que se descuidarán otros rubros para atender una emergencia, dicen los entrevistados.

“Tendrían que crear una figura similar pero mejorada. La 4T conoce los fideicomisos, acaban de crear uno para las grandes obras”, recuerda Salazar.

En caso de que el próximo año ocurra otro desastre, el gobierno no tendrá recursos, pues ya utilizó los 18,000 mdp que quedaban del Fonden.

“Para poder implementar un vehículo así –un fideicomiso que permita la gestión de recursos plurianuales–, esperábamos mayor acción por parte de los legisladores en la discusión del PEF 2024, pero no fue el caso”, lamenta García, de México, ¿cómo vamos?