Fiscalización

agar impuestos es molesto, incómodo e, incluso, involuntario. Pero sabemos que el grueso de la población estaría dispuesto a pagar más impuestos bajo ciertas condiciones, como la percepción de que cada quien paga lo justo y que se gaste en los servicios que necesita la gente.

Pero antes de gastar, necesitamos recaudar. México es uno de los países con menor nivel de recaudación –15 puntos del PIB en 2026–, incluso entre países de nivel de desarrollo similar, como Brasil, que recauda el doble como proporción de su economía.

Nos debiera interesar recaudar más, considerando, sobre todo, el margen que existe: siete de cada 10 pesos que recibe el Estado mexicano provienen de nuestros impuestos. Si queremos recaudar más, necesitamos que más personas –físicas y morales– puedan y quieran pagar más impuestos.

Si incrementáramos la recaudación al 20% del PIB, podríamos gozar de finanzas públicas más sanas y nos endeudaríamos menos. Solo en 2026, la SHCP espera financiar el 14% de su gasto con deuda, un incremento respecto a 2025.

En contraste con las transferencias directas –que son escasos dos puntos del PIB–, los servicios públicos, como salud y educación, habilitan la movilidad social con independencia del hogar de origen de las personas. Estos debieran representar el 6% del PIB cada uno de los rubros, según estándares internacionales. En tanto, en México presupuestamos consistentemente menos del 6% del PIB anual en conjunto: salud y educación.

Servicios como la seguridad pública, investigación e impartición de justicia también demandan recursos fiscales, pues determinan qué tan libres y prósperos vivimos: si alguien se matricula en un turno vespertino, tomamos un empleo o ponemos un negocio.

Lo paradójico es que, aun con el gran capital político de la presidenta Sheinbaum, no estamos discutiendo una reforma fiscal que permita trazar un plan de recaudación de largo plazo, que incluya la ampliación de la base gravable, un incremento en la productividad de los negocios y, con ello, un aumento en la recaudación. Pero, sobre todo, una reforma fiscal dotaría de mayor certeza a quienes invierten en México, no solo extranjeros o grandes empresas, sino pymes y micronegocios, que representan hasta el 30% de la inversión privada.

Confiar que con ajustes en la miscelánea fiscal y en las reglas de comercio exterior seguiremos incrementando la recaudación es ágil pero poco sostenible. Argumentar que el aumento en la recaudación es similar –un punto porcentual–, con ajustes como los que observaremos en 2026 pero sin reforma, no nos acerca al resultado deseable de una reforma fiscal.

¿Por qué? Porque genera incertidumbre entre quienes ya invierten y pagan impuestos, incluso bajo regímenes diferenciados, porque son reglas que cambian los costos de un negocio de un año a otro, y no tienen que pasar por el Congreso. Eso incluye a ciertos grupos de consumidores –de videojuegos o de bebidas endulzadas, por ejemplo–. No resuelve el problema de baja recaudación en el mediano plazo.

No se amplía la base gravable. En lo inmediato, incorporar a quienes hoy en día tienen un empleo informal tampoco resuelve la baja recaudación. Pero, eventualmente, en conjunto con otras estrategias de política económica y un crecimiento sostenido, ampliar el número de personas –físicas y morales– que paguen impuestos sobre la renta es una condición necesaria para la sostenibilidad fiscal.

No se atiende una discusión que acompaña a toda reforma fiscal: cuáles son las prioridades y presiones de gasto más importantes. No se trata solo de tener más dinero, sino de gastarlo mejor para que más gente quiera pagar más impuestos.

Al obviar la reforma fiscal integral, se está frenando la evolución a la sostenibilidad fiscal.