En un clima global de retroceso, las empresas mexicanas enfrentan la prueba de fuego de sus compromisos con la inclusión.

E

l retroceso de los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en empresas estadounidenses está impactando a filiales en México, donde el ecosistema empresarial reacciona a tres velocidades: las comprometidas con convicción, mayormente, de capital mexicano o europeo; las que mantienen sus programas en el limbo sin hacerlos crecer y las que están dando marcha atrás por instrucciones de sus corporativos en Estados Unidos.

Antes de hablar de retrocesos, hay que reconocer que existe un DEI washing: muchos programas nunca fueron sustanciales y se limitaron a banderas de arcoíris en junio y comunicados con lenguaje inclusivo, lo que hoy se convierte en el principal argumento de quienes quieren desmantelar los esfuerzos genuinos.

Tres mitos alimentan este retroceso. El primero, que DEI sacrifica el mérito cuando, en realidad, los procesos sin intervención incluyente reproducen sesgos históricos y este listado es la prueba de que no es el caso. El segundo, que es agenda política y no una decisión de negocios, ignorando que las empresas más diversas superan financieramente a sus competidores y que el mercado LGBT+ en México mueve más de 900,000 millones de pesos anuales. El tercero, que México no es Estados Unidos, argumento que contiene una verdad a medias, pues, aunque el contexto difiere, el país tiene su propia deuda de inclusión y un marco normativo propio que obliga a avanzar.

Los datos del listado 41+1, realizado por ADIL, Love4All y Expansión, son contundentes: el 50% de personas LGBT+ encuestadas enfrentó obstáculos reales en su trayectoria, pero el 61% contó con una figura mentora aliada. La pregunta que toda empresa debe hacerse es cuánto talento está perdiendo en silencio. El retroceso no es neutral y su costo financiero, regulatorio y humano es real.